Trochando Sin Fronteras, edición 38 Enero – Marzo de 2019
Por: Ricardo Apolinar Cardenas[1]
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]El[/dropcap] Gobierno Nacional, desde el municipio de Orocué Casanare, el 29 de enero, firmó la Ley 1776 (2016), por medio de la cual creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social -ZIDRES-, que contó con el respaldo del expresidente Uribe en el senado y con la mayoría de su bancada.
Esta maniobra del Gobierno, de sancionar la ley en dicho municipio, respondió a su interés de entregar grandes extensiones de tierra en ese territorio, a empresarios agroindustriales. Así, “el Presidente Juan Manuel Santos sancionó la trascendental Ley Zidres, con la que se desarrollarán más de 7 millones de hectáreas, un área del tamaño de Irlanda” (UPRA, 2016). Tierras que se concentran, en un 76,6%, en los siguientes departamentos: Vichada 2´483.806 Has -34,1%-; Meta 2´391.192 Has -32,9%-; Casanare 404.475 Has -5,6%-; Arauca 268.545 Ha -3,7%- (SIPRA, 2018).
Para estas zonas, la ley plantea en su artículo 1, «los proyectos de las ZIDRES deben estar adecuados y corresponder a la internacionalización de la economía, sobre bases de alta competitividad, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional». A simple vista una maravilla para el desarrollo económico y productivo del país.
Pero, ¿con cuáles tierras se va a promover tanta competitividad? Sencillamente con las que cumplan los siguientes requisitos:
Las Zidres deberán cumplir con estos requisitos: se encuentren aisladas de los centros urbanos más significativos; demandan elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas; tengan baja densidad poblacional; presenten altos índices de pobreza; o carezcan de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos (Ley 1776, 2016).
Palabras más, palabras menos son predios declarados como baldíos por el Estado. Esos mismos que según la Ley 160 (1994) del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, artículo 2, deberían ser para:
…dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional.
Esta maniobra del Gobierno Nacional, desconoce las luchas históricas del movimiento campesino, por el acceso a la tierra con acompañamiento tecnológico y plena financiación estatal. Para ser más demagógica la ley ZIDRES, el Gobierno estableció que los pequeños campesinos de economía solidaria podrían presentar proyectos para acceder a esta figura, simplemente, tal como lo reza su artículo 3, deberían cumplir algunos requerimientos:
…Un esquema de viabilidad administrativa, financiera, jurídica y de sostenibilidad ambiental; c) Un sistema que garantice la compra de la totalidad de la producción a precios de mercado por todo el ciclo del proyecto; e) Un sistema que permita que los recursos recibidos a través de los créditos de fomento sean administrados a través de fiducias u otros mecanismos que generen transparencia en la operación.
Solo imaginar a campesinos elaborando tan exhaustivos documentos deja en evidencia de que será una barrera de ingreso para dicha clase social. Luego de este procedimiento, el Gobierno Nacional, con su «alto grado de imparcialidad», por medio de un Consejo de Ministros aprobará cada una de las ZIDRES mediante un decreto. Eso sí, dándoles el carácter de proyectos de interés nacional, como lo es la actividad mineroenergética, que se impone en los territorios por encima de la soberanía popular de los campesinos y trabajadores.
Ante esta situación organizaciones del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular -CACEP-, denunciaron esta ley como regresiva, por profundizar la inequidad y la concentración de tierras en el campo. Sin embargo, la Corte Constitucional (C-077, 2017) no la tumbó, al contrario, la declaró exequible.
Lo único que reconoció la Corte, fue, que las ZIDRES deberán tener el visto bueno de los concejos municipales y estar armonizados con los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial. Una participación estrecha que le va allanado el camino a mecanismos de participación ciudadana vinculantes como la consulta popular.
Hecha la ley, avalada por la Corte Constitucional, el Gobierno solo le faltaba un documento de política económica, para que las ZIDRES permanezcan en el tiempo. Así, el 07 de febrero, nació el CONPES 3917 (2018), que es, «un primer ejercicio que da lineamientos técnicos y estima áreas de referencia como insumo previo para la identificación y delimitación de las Zidres».
Con todo montado, en el último suspiro del Gobierno Santos, se echó a andar la primera ZIDRES. Este proceso se inició el 18 de mayo del 2018, en el municipio de Puerto López, cuando la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA-, junto con la Gobernación del Meta y la Alcaldía Municipal, realizaron un taller de prospectiva territorial para la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Integral, con el objetivo de adjudicar más de 200.000 Has (UPRA, 2018). Estas tierras, son las mismas que acumuló por la vía violenta el paramilitar Víctor Carranza, y que, en lugar de ser restituidas a los campesinos despojados, se pretende adjudicar al gran capital.
A renglón seguido, la UPRA, desarrolló el 31 de mayo, el taller «Construcción de líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Rural Integral (PDRI) como parte del proceso de declaración de la primera Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES)» (UPRA, 2018) . En ambos eventos la institucionalidad invitó a sus cuotas en las Juntas de Acción Comunal -JAC- y organizaciones campesinas, para legitimar su accionar.
Estos eventos nunca son diseñados con la participación de las comunidades campesinas. Al contrario, su agenda viene construida desde el centro del país para posicionar las ZIDRES y que los pobladores las aceptan sin mayor reparo.
Si bien la ley 160, no permitió una reforma agraria integral, representaba un avance de las luchas campesinas lideradas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-. Ahora el gran capital ha puesto sus ojos sobre los baldíos de la Nación para la generación de ganancia, sin buscar la titulación sino su uso y goce, por la duración del proyecto económico, que puede superar los 20 años, para luego entregarlos deteriorados por la intensidad de la explotación.
El Gobierno Duque, ya dejó claro que una de sus prioridades será consolidar las ZIDRES, que seguro seguirá detonando conflictos sociales en el Centro Oriente colombiano.
El Coordinador Nacional Agrario -CNA-, la Asociación Nacional Campesina -ASONALCA-, el Congreso de los Pueblos, la CACEP y demás organizaciones del campo popular, deberán combatir a las ZIDRES, que representa una figura para que el gran capital y los terratenientes sigan enriqueciéndose.
Por ello el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, propone en su plataforma política una nueva política agraria, que permita la desconcentración de la propiedad de la tierra en Colombia, la eliminación de la intermediación y mejoras tecnológicas en la producción, todo esto para que el campesinado tenga condiciones efectivas de vida digna.
[1]Líder social parte del Equipo Regional Minero Energético del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. Economista y docente investigador de tiempo completo de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás – Sede Villavicencio. Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás. Integrante del grupo de investigación Holos de la Universidad Santo Tomás y Líder del grupo de investigación Economía y Sociedad de la Corporación Choapo. Contacto: equiporegionalmineroenergetico@gmail.com
