Trochando Sin Fronteras, agosto 30 de 2019
Por: Ivan Ipiaksua
La entrega de las armas, como lo hizo las FARC – EP, no finaliza el conflicto, son las condiciones de desigualdad las que lo generan y estas, quedaron intactas.
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]S[/dropcap]ale a la luz pública un video en donde Iván Márquez y Jesús Santrich, aseguran que «la segunda Marquetalia ha comenzado». Junto a otros guerrilleros, han regresado a las montañas y a la vida clandestina revolucionaria.
El conflicto no terminó con la entrega de armas de las FARC – EP, a pesar de las continuas declaraciones de periodistas, politiqueros y analistas que así lo aseguraron. Estos mercaderes de la opinión buscaban confundir al país sobre lo que es realmente un conflicto, reduciéndolo únicamente al alzamiento armado, omitiendo los problemas que vive la mayoría de la población.
Al día siguiente de la desmovilización de las FARC – EP, el conflicto social continuó tal cual, siguieron los más de 700 asesinatos a líderes sociales, consolidando a Colombia como el país que sobrepasa a cualquier dictadura militar del cono sur en cuanto a esos crímenes; el modelo económico tampoco varió, por el contrario, el despeje de las zonas donde hacía presencia esa guerrilla llevó a empresas transnacionales incrementando los conflictos ambientales y sociales con el saqueo de los recursos naturales.
Producto del modelo económico que impulsaron Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque (economía naranja), en nombre de la oligarquía colombiana, se redujeron los bienes estatales y políticas sociales en favor de ampliar la inversión privada, relegando las necesidades de los colombianos y primando la acumulación de capital.
El llamado «Proceso de Paz», solo cuajó en la entrega de armas, lo demás fue el gran conejo a esa ex guerrilla por parte del gobierno. La Reforma Rural de más de 3 millones de hectáreas se incumplió, las curules para las víctimas nunca existieron, la protección a los desmovilizados no llegó, se cambió el texto original firmado en La Habana, modificaron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), excluyendo a terceros – empresarios, comerciantes y políticos – y de la misma forma tratando de excluir a los militares de esta jurisdicción.
Aunque varios ex guerrilleros manifiestan seguir con la reincorporación, con el desarrollo de sus proyectos productivos y con su partido político, nada está seguro para su feliz cumplimiento. Los derechos sociales, económicos y políticos no son prioridad, pues como lo ha asegurado Uribe Vélez «prefiero un guerrillero en armas que un sicario moral en el congreso», lo que se puede interpretar como: no aceptar a ex guerrilleros intentando hacer democracia o empresa desde la vida civil. La democracia es lo que menos quiere el partido de gobierno.
Indudablemente en el hospital Militar se redujeron el número de soldados heridos en combate, este argumento reduce la visión de lo que verdaderamente es el fin del conflicto. Mientras que millones de personas diariamente se desangran por conseguir unos pocos pesos para llevar el pan de cada día a sus casas y pagar el alto costo del transporte más los servicios públicos. Ante la falta de políticas que generen empleo, se incrementa la violencia con bandas delincuenciales organizadas o con ladrones que, con el raponazo callejero, intentan conseguir ese diario.
Así pues, el modelo económico y social con sus contradicciones seguirá enfrentando a la clase popular (trabajadores, campesinos, pobladores urbanos, indígenas y afrodescendientes) y a las élites que ostentan el poder. Los intereses y proyectos de estas clases continuaran enfrentadose, por consiguente no mejorar la situación social, económica y política de las mayorías, por tanto no habrá entrega de armas que sirva si no se cambian las condiciones que dieron y dan origen a nuevos conflictos en los territorios.
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