Trochando Sin Fronteras, enero 27 de 2019
Por:Enrique López – Anjeco Boyacá
El nuevo terminal de transporte terrestre de la ciudad de Tunja está ubicado al costado oriental de la ciudad, a pocos metros de la variante Bogotá-Tunja-Sogamoso. Esta obra fue inaugurada el pasado 30 de diciembre de 2019, casi 5 años después de iniciada su construcción y con un costo final de 60 mil millones de pesos.
La ejecución del proyecto, a manos del Consorcio Nuevo Terminal, inició el 20 de abril de 2015, siendo gobernador Juan Carlos Granados (ex-contralor de Bogotá, involucrado con el caso de corrupción de Odebrecht). La duración inicial de la obra estaba estimada en 12 meses, por un valor de 40 mil millones de pesos. La alcaldía municipal también hizo de las suyas, al incumplir los compromisos y no garantizar la construcción de senderos peatonales y organización de rutas municipales urbanas para conectar el terminal con la ciudad. Carlos Amaya, gobernador hasta 2019, en su afán de entregar las obras, permitió la entrada en funcionamiento de la nueva terminal sin el cumplimiento total de los requerimientos técnicos para su correcta operación.
Estas inconsistencias sirvieron como excusa a los gobernantes para adjudicar la administración del terminal, por medio de una concesión que entrega ganancias exclusivas por 20 años, a las empresas privadas de transporte bajo el nombre “Unión Temporal Tunja Bicentenario”, conformada por 35 empresas entre las que participan: Coflonorte 35%, Flota Sugamuxi 15%, Autoboy 8% entre otros.
Prohibir para obligar al uso y garantizar el negocio
Por medio del decreto 0432 del 26 diciembre de 2019, se prohíbe que los usuarios accedan al servicio de transporte intermunicipal en lugares distintos al terminal (terminales satélites), perjudicando a Miles de personas que salen o entran de Tunja. Campesinos, obreros y estudiantes procedentes de los municipios como: Motavita, Arcabuco, Moniquirá Nuevo Colón, Ventaquemada, Villapinzón, Soracá, Boyacá, Ramiriquí, Siachoque, Cómbita, Tuta, Paipa, Duitama y Sogamoso en el departamento de Boyacá y del Departamento de Santander.
La expedición de este decreto genera un gasto adicional al mísero salario laboral, obligando a pagar otro servicio, ya sea de bus o taxi, para salir o llegar al terminal, perjudicando y encareciendo derechos como la educación, la salud y el trabajo, beneficiando mayoritariamente a los dueños de las empresas de transporte, que junto con los gobernantes (sean de partidos tradicionales o “alternativos”) aumentan constantemente los precios del transporte, cargando sobre la clase popular trabajadora los altos costos de peajes y combustibles.
Estas decisiones afectan también a pequeños comerciantes y distintos vendedores del antiguo terminal, ya que la inauguración se realizó en plena temporada alta, y sin un plan de contingencia que garantizara ingresos a quienes dependendían de las locaciones antiguas del terminal.
La reorganización del terminal puso, por medio de los nuevos administradores-concesionarios, precios exageradamente altos para los locales comerciales.
El síntoma es el transporte, la enfermedad es la privatización de los bienes de consumo colectivos
Ante este panorama siempre están las aves de rapiña (sectores politiqueros) figurando para las próximas jornadas del “circo electoral”. Proponen la creación de rutas de transporte hacia el terminal o las tarifas diferenciales solo para estudiantes. Medidas que son pañitos de agua tibia e intentan tapar un problema estructural. No solo es el transporte el que sube de precio y se privatiza, también sucede con otros Bienes de Consumo Colectivo (BCC) como la salud, servicios públicos, educación, vivienda y recreación, a esto se le suman las trabas que pone el gobierno a los derechos de los trabajadores y los beneficios que le otorga a las grandes empresas, evidenciados principalmente en el pobre salario mínimo.
Es apenas justo y necesario que la clase popular y trabajadora deje la indiferencia, tome conciencia y se organice para construir soluciones a los problemas creados por los intereses egoístas de los grandes empresarios y gobernantes. La garantía del cumplimiento de las exigencias del pueblo, está en las calles. Agitando la movilización social y lucha popular.
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