Trochando Sin Fronteras – junio 2 de 2021
Durante el 2020 la sociedad colombiana entró abiertamente en la crisis más profunda de toda su historia, escalando en un intenso ciclo de luchas sociales y políticas que viene dando forma y contenido al siglo XXI. Esta crisis es impulsada por las viejas y mal resueltas contradicciones acumuladas entre las que podemos evidenciar: la decadencia social, el oligopolio reaccionario y violento del poder político, el desfalco económico, la involución productiva y la subordinación extranjera.
Estas contradicciones han fracturado y distanciado a un más los intereses de las clases sociales limitando la posibilidad de que estos puedan satisfacerse en su heterogeneidad sin dar lugar a conflictos, esto sumado a una base económica y política reducida que obliga a millones de colombianos a sacrificar su pellejo, mientras otros más esperen impacientes las consecuencias de los cambios en curso.
Al frente del hastió y la decepción se exponen las fuerzas que optan por la conservación de un proceso histórico decadente que ha hecho metástasis. También, visiones que asumen la reforma de los rasgos más regresivos de la aguda crisis social, económica y política. Sobre este descalabro se alzan las voces de quienes el poder les ha permitido conservarse en la cúspide de la pirámide social; desesperados se esfuerzan por volver colectivo su sentimiento de pánico experimentado. Calculadamente buscan persuadir y convencer a las mayorías que la mejor solución a su condición de pauperización y decepción, es optar por la preservación del estado de cosas que ha sostenido sus mezquinos y antipopulares intereses.
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El Estado, en tanto centraliza y especializa las formas y contenidos del dominio político, por encima del intercambio simple de los seres humanos. Entre derechos aparentemente iguales decide la fuerza para extender sus concepciones materiales sobre la vida, sus ideas sobre la economía, la política, la ética y la moral a fin de asegurar su gestión hegemónica de la sociedad. La conciencia nacional se disputa permanentemente, evidenciando a los verdugos señoriales del pasado reencaucharse en los tiranos mafiosos del presente. Al escenario también regresan las promesas de progreso de antaño en manos de los herederos de la de caduca modernidad liberal, mientras que desde las tropelías de los caudillos más carismáticos de la historia se transita al mal menor del progresismo. Mientras que las mayorías desahuciadas y embriagadas de ideología contraria a sus intereses también ocupan el mismo lugar de siempre, pero con una nueva posibilidad histórica de empoderarse de su futuro, a crisis históricas, luchas de historia
Entre Uribismo, liberalismo y progresismo se debate el rumbo del conjunto de normas, leyes, instituciones y formas de poder político -superestructura política- del país; con ello los posibles cambios que la formación social y económica colombiana pueda legitimar en las próximas décadas. Mientras que a la par se disciplina y exterminan los extremos más débiles y vilipendiados del momento, las fuerzas sociales anticapitalistas y soberanas que han terminado a la cola de los vientos de pugna y cambio histórico.
La intensa situación condiciona la superestructura política a un ambiente de disputa coyuntural con potenciales de corto, mediano y largo plazo. Todo ello motivado por la puesta en evidencia de las contradicciones estructurales entre los intereses individuales de las familias, las clases sociales y las fuerzas políticas sin más opciones que la disputa abierta por la gestión de la estructura del Estado el cual atraviesa la crisis generalizada de todos los poderes. Los mismos que en su seno se han organizado para subordinar a la sociedad a su racionalidad dominante mediante el uso de: el ejército y la policía, la magistratura y legislatura, las instancias de la administración ejecutiva y ministerial, los medios de opinión y su orden constitucional.
La crisis del Estado colombiano es reflejo de la crisis del orden social sobre el cual se ha organizado la economía nacional. Entre las que podemos evidenciar la el atraso estructural de las fuerzas productivas y quiebra moral de su proceso de administración. Proceso envuelto en cínicas prácticas de corrupción y gangsterismo que han resignado la suerte de las mayorías a la indignante condición de degradación de sus condiciones materiales de trabajo y bienestar social; depredación de las riquezas naturales y subasta de la infraestructura básica y estratégica del país; colapso de la estructura alimentaria y concentración inescrupulosa de la riqueza y propiedad de los productos del trabajo nacional.
A treinta años de la constitución del régimen político de 1991 sus soportes estructurales se han ido por la borda y se han hundido en contradicciones doctrinarias e instrumentales. El dogma de la economía social de mercado ha terminado por consolidar el atraso y precarización de la estructura productiva que al tiempo degrada a millones de trabajadores, haciendo obsoleta y subordinada la producción nacional.
El libre mercado y el mito de la extranjerización ha terminado con el saqueo de las fuentes naturales de la riqueza nacional, además del despilfarro y la mezquina apropiación de sus rentas diferenciales. Los preceptos democráticos y la apología a los Derechos Humanos han servido paliativamente para contener los ríos de sangre que la violencia estructural en las últimas décadas ha derramado; siendo limitados para contener el nuevo ciclo de guerra que se avecina. Las mayorías siguen sin derechos y profundamente pauperizados y el país se ha hecho más desigual y frágil hasta el punto de estratificar la condición de pobreza de por lo menos 26 millones de personas, que presionan el aumento de la inseguridad urbana y la decepción de la juventud colombiana.
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El aliento de los perdedores de la historia, las clases despojadas de su optimismo vital como animales sociales, encontrarán resguardo momentáneo en los vientos que atraviesan el intenso y convulsionado ambiente de nuestra sociedad. La política parece empecinarse en mirar el follaje marchito y no el tronco enfermo que contamina los frutos del buen futuro que en últimas todos anhelamos ansiosamente.
Parece coherente que cualquier discusión y enjuiciamiento sobre las alternativas de gobierno, sobre las constituciones, los contratos sociales o sobre los pactos de historia, deban desprenderse del entendimiento del contradictorio esquema que ordena el Estado y las bases materiales sobre las cuales se erige su historicidad.
La crisis estructural de la nación ha caído con violencia sobre las clases trabajadoras y populares y con la misma violencia sobre las leyes y determinantes que la han generado, las soluciones comprometerán tremendas luchas y procesos de cambio que ya se han iniciado ejerciendo enormes procesos de gestión de las condiciones de poder popular y de capacidad de las mayorías de arrastrar cambios históricos.
