⚠️⚠️COMUNICADO: Fuerzas militares y empleados de Smurfit Kappa amedrentan a habitantes de la Vereda La Venta (Cajibío – Cauca) y vulneran su privacidad. Rechazamos estas acciones de intimidación contra las comunidades y estos procedimiento ilegales.#Cauca #DDHH #DIH #Colombia pic.twitter.com/UlCd7PUfX0
— Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca (@RedVidaDHCauca) February 8, 2022
Según los habitantes del inmueble alrededor de la 1:00 pm, Fuerzas Militares irrumpieron en la Finca, informaron además, que antes del ingreso, el lugar fue asediado con sobrevuelos de dron.
El recuento de la comunidad indica que militares junto a un persona responsable de seguridad de Smurfit Kappa indagaron por «Guillermo». La Familia Martínez Zúñiga denunció que con tono fuerte y amenazante se les acusó del corte y almacenamiento de pino y eucalipto.
El supuesto empleado sustentó las acusaciones de hurto, en información allegada por «testigos» e imágenes captadas por el dron. Las imágenes que según SKCC correspondían a sitios donde ocultaba la madera robada, correspondían en realidad a las cubiertas plásticas de una cabaña, una cocina familiar y un espacio para guardar materiales y herramientas de trabajo.
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Posterior a los hechos en la finca Mayolandia, el Ejército Nacional irrumpió en la parcela y casa de la familia Segura Campo. Luego del retiro de los militares, la familia Segura Campo fue llamada a dialogar con el supuesto responsable de seguridad de la empresa.
Organizaciones de derechos humanos rechazaron los hechos
En comunicados la Red por la Vida, el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos – Suroccidente rechazaron y denunciaron las acciones.
Para estas organizaciones los hechos evidencian una alianza entre Fuerzas Militares y empresas multinacionales en acciones ilegales e irregulares. Acciones que vulneran los derechos humanos, el debido proceso y el principio de diligencia debida.
En sus comunicados exigieron que se investigue al personal presente en el operativo ilegal realizado el 5 de febrero de 2022, en la finca San Gabriel. Además de exigir que se aclare por parte de la empresa la acción sobre las familias y el territorio, y que cese el señalamiento directo hacia Guillermo Martínez y su familia.
