Ricardo Apolinar[1]
Hugo Daniel Pulido[2]
En medio de la pugna de los diferentes grupos políticos por la presidencia de la República de Colombia, han aflorado debates económicos sobre problemas estructurales, como lo son el desempleo, el sistema de salud y las pensiones. Estas problemáticas fueron el punto angular de las movilizaciones del Paro Nacional que se llevaron a cabo a partir del 29 de abril del 2021 y cuyas soluciones todavía están en el tintero.
Por lo anterior, el objetivo de este artículo es proponer a los sectores populares una reforma estructural al sistema de pensiones. Una reforma que atienda a la población en edad de pensión que no accede a este derecho, a los trabajadores que pueden realizar cotizaciones en un trabajo formal, o que siendo independientes tienen la capacidad para cotizar, ya sea autónomamente o por medio del subsidio al aporte que hoy administra el programa Colombia Mayor.
En Colombia una de cada cuatro personas en edad de pensión accede a este derecho, es decir, solo el 25 % de los trabajadores en esa edad recibe una mesada pensional, el 35 % recibe el paliativo e indigno subsidio del programa Colombia Mayor y el restante 40 % de los ancianos del país no cuentan con un ingreso prestacional.
Esta situación no es nueva, y para entenderla se debe tener en cuenta algunos datos históricos pensiónales. Uno es el Decreto Ley 1600 de 1945, por medio del cual se organizó la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales -CAJANAL-, de carácter estatal, a cuyo cargo estaba el reconocimiento y pago de las prestaciones oficiales establecidas en la Ley 6 de 1945, reconoció el derecho de pensión para aquellos trabajadores con un mínimo 20 años de servicio y 50 años de edad.
Por otra parte, los trabajadores del sector privado recibían su pensión de jubilación pagada directamente por la empresa, o por la administradora del fondo estatal creada por La Ley 90 de 1946 llamada Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS), posteriormente transformada al Instituto de Seguros Sociales (ISS), como empresa industrial y comercial del Estado, la cual administró un régimen de reparto que cubriría las pensiones por los riesgos Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Las principales normas pensiónales previas a la reforma de la Ley 100 de 1993 fueron el Decreto 049 de 1990, cubriendo a los trabajadores dependientes privados e independientes, con un requisito de edad de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres que contaran con 500 semanas dentro de los últimos 20 años o 1.000 semanas en todo el tiempo trabajado. Por su parte, para el sector público se aprobó la Ley 33 de 1985 que para la pensión exigía que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera como mínimo 55 años de edad. Finalmente, para las personas que tenían tiempos públicos y privados, la Ley 71 de 1988 estableció acreditar 20 años de aportes sufragados de manera mixta, siempre que cumplieran sesenta (60) años de edad, hombres y 55 mujeres.
Aún en medio de estas reformas, era el Estado el responsable de garantizar el derecho a la pensión. Para lo cual, los trabajadores realizaban sus aportes al Fondo Público para disfrutar de este derecho. Durante más de 30 años estos recursos fueron administrados por el Estado, y dada la baja cantidad de pensionados en el país con relación al creciente número de afiliados se generaron excedentes que, en lugar de ser ahorrados o invertidos, se utilizaron para cubrir gasto burocrático y para financiar la corrupción mediante la cual los partidos tradicionales aseguraban la reproducción del poder, y en parte se utilizó para apalancar la concentración de capital por la vía de créditos blandos del Instituto de Fomento Industrial -IFI-.
Así las cosas, con el recrudecimiento de la crisis económica y, por tanto, pensional a inicios de los 90’s, cuando la creciente población en edad de pensión que había realizado sus aportes empezó a reclamar su mesada pensional, lo que ocasionó un pasivo pensional que tuvo que ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación. Esta situación generada por el capital, ansioso por estos recursos, tuvo en él entonces senador Álvaro Uribe Vélez a su ficha clave, quien impulsó la nefasta Ley 100 de 1993, por medio de la cual por fin el capital privado pudo acceder a los aportes, pensiónales que hasta entonces le habían sido esquivos, a la vez que aumento la edad de pensión para mujeres de 55 a 57 años y para hombres de 60 a 62 años y por si fuera poco, aumentó las semanas cotizadas de 1.000 a 1.300. Solo para tener una dimensión del asunto, en el 2009 las AFP ya tenían recursos por valor cercano a los $80 billones y que ha 2021 llegaron a los $350 billones, es decir un aumento del 337,5 %.
De esta forma nacieron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que lograron tener una Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), mientras que el público, administrado por el Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, mantuvo el Régimen de Prima Media (RPM). Mientras que en el RAIS los afiliados tienen una cuenta individual de ahorro que, al momento de su edad de pensión, es decir, cuando cumplen 1150 semanas de cotización o 1300, son devueltos al afiliado mensualmente, en el RPM la pensión resulta del 65 % del promedio de los ingresos base de cotización de los últimos 10 años, previo cumplimiento de las 1.300 semanas de cotización. Así las cosas, para el 2021 ocasionó un déficit del 3,9 % del PIB, es decir, alrededor de $44 billones, que para el 2022 llegará a $46 billones.
Sobre el déficit actual de Colpensiones hay que remarcar dos fuentes: una, que la Ley 100 le quitó la parte importante de las fuentes de ingresos, que fueron trasladas al capital privado, pero dejando a su cargo la cobertura de más del 85 % de obligaciones pensionales; de otra, antes dicha, que el Estado fue malgastando el fondo pensional en burocracia y corrupción.
Por si fuera poco, las AFP pueden disponer de los aportes que recaudan, que a la fecha son del orden de $350 billones, cerca del 30 % del PIB de 2021 o el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022. Con estos recursos, las AFP invierten en diferentes actividades económicas, como infraestructura, sistema bancario y bursátil, llegando incluso a hacer compra de bonos de deuda pública, ya que cada uno pertenece a un Conglomerado Financiero.
Por lo anterior se concluye que el capital financiero nacional e internacional capturó los recursos de aportes a pensiones que hacemos los trabajadores y los utilizan para realizar inversiones que representarán las mayores tasas de ganancias posibles. Estas inversiones en los 90’s pudieron hacerse para el desarrollo industrial y tecnológico de la Nación, única fuente de empleos estables. En lugar de esto, la Familia Sarmiento Ángulo usó los aportes pensiónales para infraestructura vial, siendo insignia la Concesión de la Vía al Llano, donde aparte de caerse los puentes, se tiene los peajes más caros del país. A esta aguda situación debe adicionarse que actualmente hay cerca de 3 millones de adultos mayores que no tienen una pensión, ni están en algún tipo de programa asistencialista como “Colombia Mayor” que gira $80.000 mensuales. De allí que la propuesta una reforma pensional sea algo urgente para la sociedad colombiana.
Sobre las propuestas de reforma, la que mayor revuelo ha tenido es la que en otrora presentara FEDESARROLLO alrededor del modelo de pilares de autoría del Banco Mundial, el cual ha sido presentado como propuesta de reforma pensional por el candidato Gustavo Petro con el cual se pretenden liberar $18 billones anuales que cubre el déficit de RPM que administra Colpensiones, es decir el 39,2 % del pasivo pensional, toda vez que la mayoría de cotizantes están en los fondos pensiónales privados como se resaltó previamente y, por lo tanto, no se puede cumplir con la pirámide intergeneracional donde los cotizantes de hoy financian a los pensionados.
En pocas palabras, el sistema de pilares es dividir a los cotizantes entre los dos regímenes pensiónales, el primero en RPM por Colpensiones y el segundo en el RAIS administrado por los fondos pensiónales privados. La propuesta de Gustavo Petro plantea: a) un pilar solidario, con un bono pensional de medio SMMLV para todas las personas en edad de jubilación, -lo que implica extender el programa de Colombia mayor en cobertura e ingreso básico-; b) todos los trabajadores que hasta 4 SMMLV cotizan en el Fondo Público, con lo que garantizan la pensión básica de 1 SMMLV; c) a partir de ese tope entra el pilar privado, donde quienes ganen más de 4 SMMLV pueden cotizar libremente en un Fondo Privado; d) ahorro complementario de quienes quieran y puedan hacerlo.
Así las cosas, las AFP podrían seguir con su negocio con los trabajadores de mayores ingresos y estos probablemente recibirán pensiones bajas que no cubrirán su mínimo vital como el caso chileno y en el peor de los casos terminarían recibiendo un bono pensional, por lo que la reforma de pilares pueda que alivie los bolsillos estatales, pero deja a los trabajadores que reciben salarios más altos en un escenario bastante complejo a manos de las inversiones de los fondos privados.
Es importante recordar que en las movilizaciones del año 2019 en Chile también se puso en la palestra el modelo pensional, el cual es solamente de capitalización, es decir, solo es AFP, las que entregan pensiones de hambre que no permiten solventar las necesidades básicas de los trabajadores o entregan bonos pensiónales que se diluyen rápidamente. Al año 2015 el 79 % de las pensiones chilenas eran inferiores al salario mínimo y un 44 % eran menores a la línea de pobreza.
Por lo tanto, lo que proponemos es que los $350 billones que hoy tiene el capital privado en las AFP funcionen bajo lo que denominamos una Economía de Fondos Públicos, es decir, asumir que la cobertura de las pensiones es un asunto social y no individual, por lo que es imperativo recuperar los recursos de los trabajadores y colocarlos en un Fondo de Inversión Pública que permita realizar inversiones estratégicas para el desarrollo de las fuerzas productivas de la Nación. De tal manera que a la vez que se generan nuevas unidades de producción, puestos de trabajo estables y con remuneración digna, se logran generar utilidades que permitirían garantizar una pensión digna a los 3 millones de colombianos que hoy están a su suerte.
Es necesario que como trabajadores cerremos filas en la recuperación de nuestros recursos, en la exigencia de la creación de una Economía de Fondos Públicos, que se nutra de los recursos que el capital privado utiliza para mercantilizar derechos como el pensional, la salud, la educación y la movilidad, para que con los excedentes se puedan materializar los puntos de pliego movilizados desde el 29 de abril de 2021.
