Luego de visitar cinco zonas críticas de Tibú, la primera Comisión de Verificación Humanitaria entregó al presidente Gustavo Petro un informe que detalla masivos abusos de la Fuerza Pública, violaciones a derechos humanos, incluyendo desplazamientos forzados, reclutamiento de menores.
El informe exige un diálogo humanitario, protección a líderes sociales y cumplimiento de acuerdos de paz. Con testimonios de más de 700 personas, la Comisión de Verificación denunció el confinamiento de comunidades, bombardeos indiscriminados y el riesgos de desplazamiento.
Contexto del conflicto y metodología de la Comisión
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, enfrenta una crisis humanitaria agravada por el recrudecimiento del conflicto armado desde enero de 2025, cuando se intensificaron las confrontaciones entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Ante esto, la Comisión de Verificación Humanitaria —convocada por el CISCA, Juntas Unidas de Zulia y Sardinata, Movimiento Social Festival del Río, ASCAMCAT, La Coordinadora Humanitaria y la Mesa de Paz del Catatumbo, con apoyo de 40 organizaciones— realizó una ruta de seguimiento en cinco puntos estratégicos de Tibú, incluyendo zonas urbanas, veredas y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Negro Eliécer Gaitán.
Mediante documentación individual y colectiva se recogieron testimonios de las comunidades; entre los hallazgos por la Comisión de Verificación se encuentran: el abandono estatal y violencia armada como eje principal de la acción gubernamental; abusos de la Fuerza Pública, bombardeos indiscriminados, detenciones arbitrarias y restricciones al transporte de bienes básicos; violaciones e infracciones al DD. HH. y DIH.
Además de los anteriores, se pudo evidenciar abandono estatal, afectaciones al pueblo Barí y la persecución, amenazas y hostigamientos a liderazgos sociales y dirigentes de Juntas de Acción Comunal, ASCAMCAT y firmantes de paz, según denuncias de las comunidades solo en la Gabarra 15 liderazgos han sufrido de estas prácticas, dato que podría superar más de 50 amenazados, perseguidos u hostigados. Sumado a la anterior evidencia la preocupación para la avanzada paramilitar en el territorio, en audios se ha evidenciado que las “disidencias de las Farc” han pactado con el Clan del Golfo para llevar a cabo acciones conjuntas.
Entre las exigencias más relevantes presentadas en el informe se encuentran: La rectificación presidencial sobre las declaraciones que estigmatizan a organizaciones sociales; priorizar el diálogo humanitario que garantice el Acuerdo Humanitario de 2020 y los siete mínimos para proteger a la población; efectuar las investigaciones correspondientes y sancionar a responsables de violaciones a DD. HH. incluidos agentes estatales y grupos armados.
A las anteriores exigencias se suma la suspensión de cambios forzados en dirigencias comunales (Ley 2166 de 2020) y activar rutas de protección; además, del respeto de la autonomía de la comunidades.
La Comisión instó a la Defensoría del Pueblo, la ONU, OEA y otras entidades a mantener su acompañamiento en las próximas verificaciones. Además de informar que el documento completo se publicará el 17 de marzo con todos los hallazgos encontrados.
