Colombia ha atravesado múltiples intentos fallidos de alcanzar la paz. Uno de los primeros procesos que marcó la agenda pública fue  impulsado por el presidente Belisario Betancur en 1982, a través del llamado “Acuerdo Nacional para la Paz”. Este incluía una ley de amnistía dirigida a los guerrilleros que decidieran desmovilizarse. Sin embargo, esta propuesta no logró transformar de fondo las causas estructurales del conflicto armado, ni tuvo incidencia real en los territorios.

Después del gobierno de Betancur, entre 1986 y mediados de la década del 2000, los gobiernos sucesivos mostraron un escaso compromiso con la paz. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder, se profundizó la doctrina de “seguridad democrática”, que, bajo la retórica de la paz, legitimó el fortalecimiento del paramilitarismo, la militarización del territorio y la criminalización de la protesta social.

En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos llevó a cabo un proceso de negociación con las FARC-EP que culminó en la firma de un Acuerdo Final, legitimado parcialmente por un plebiscito, dividido. Santos inició diálogos con el ELN en febrero de 2017, que se rompieron en enero de 2019 bajo el mandato de Iván Duque, quien retomó la lógica de la guerra y la estigmatización. 
Con el gobierno de Gustavo Petro, se ha planteado la propuesta de una “Paz Total”, que si bien abre el espectro de diálogo a múltiples actores armados y sociales, repite errores del pasado: una visión fragmentada del conflicto, el uso desmedido de la fuerza pública, la militarización de los territorios y la falta de garantías reales para el movimiento social y popular.

Doctrina, historia y muerte

Es evidente, que el Estado colombiano ha adoptado políticas que perpetúan la situación de violencia en Colombia, por ejemplo, la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, promovida y respaldada por Estados Unidos, cuyo objetivo era “garantizar la seguridad interna” mediante el control militar del territorio. Esta doctrina asume que el enemigo no era una amenaza externa, sino que se encontraba dentro del propio país, como los movimientos sociales que cuestionan el funcionamiento del sistema actual.

A esta estrategia se le sumó la “Doctrina del Enemigo Interno”, que consolidó la idea de que la lucha contra la subversión debía centrarse en cualquier actor que se opusiera al bloque de poder dominante, ya sea militar, económico, terrateniente o empresarial. Así, las comunidades organizadas, los sindicatos, los líderes campesinos, los defensores de derechos humanos, e incluso los sectores académicos y populares, comenzaron a ser catalogados como amenazas.

Sonia López, de la Fundación de derechos humanos Joel Sierra, profundiza en los elementos clave no sólo para comprender las prácticas sociales genocidas que han tenido lugar en el país, sino también para analizar cómo las organizaciones sociales han logrado construir herramientas que les permiten fortalecerse en medio de este contexto.

El Estado, las oligarquías y el capital nacional y extranjero han ejecutado prácticas genocidas, encaminadas a la eliminación total o parcial del movimiento social y de los Derechos Humanos. Como los asesinatos selectivos, la estigmatización, las judicializaciones masivas y selectivas, amenazas y desplazamientos internos. 

Frente a ese escenario, en el 2021, el Congreso de los Pueblos, acompañados de diferentes organizaciones de carácter nacional e internacional, desarrolló sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Dónde se denunciaron estas prácticas genocidas, y el Estado fue condenado por este tribunal por su responsabilidad en el exterminio al movimiento social, sin embargo, no ha sido posible detener este genocidio.

El paramilitarismo y el proyecto genocida

Las doctrinas anteriormente mencionadas sirvieron de base para normalizar la violencia como forma de control social y político, institucionalizar la estigmatización, y fracturar el tejido comunitario en los territorios. Desde esta lógica, se buscaron formas legales o legitimadas para justificar la eliminación sistemática de sectores organizados, lo que permite hablar de un genocidio de carácter político, dirigido no solo contra individuos, sino contra procesos sociales, colectivos y organizativos. Por eso, la violencia, la guerra y el paramilitarismo siguen siendo elementos del modelo de poder en Colombia.

Como lo ejemplifica Juan Carlos Torregrosa del equipo jurídico del Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente frente a los procesos genocidas, institucionales, políticos y estatales en Colombia con el paramilitarismo:

Por ejemplo, las recientes evidencias que señalan el relacionamiento de empresas privadas con el paramilitarismo, como es el caso de Chiquita Brands, Perenco, Oxi, entre otras corporaciones que se han fortalecido a través del financiamiento y relación política con diferentes estructuras paramilitares.

La realidad que se vive en regiones como Arauca, Antioquia o el Catatumbo (donde persisten el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes sociales y el control armado del territorio) demuestra que la llamada “paz” no ha significado desmilitarización, justicia social ni soberanía para los pueblos, sino la continuidad de un régimen basado en el despojo, la exclusión y el terror.

Este escenario de persecución sistemática esta ligada a los intereses económicos y políticos sobre los territorios, donde el Estado ha decidido continuar y mantener dichas prácticas. Sonia López,  describe cómo la violencia no solo se manifiesta de forma física, sino que se sostiene a través de estrategias que buscan desarticular a las comunidades:

Situación que se ha desplegado en diferentes regiones del país como es el caso del Catatumbo desde enero de este año, así como en el sur de Bolívar contra comunidades campesinas y mineras, incluso, en el Chocó, Cauca y Nariño.
Ataque que va dirigido principalmente al Congreso de los Pueblos, donde la violencia es utilizada para intentar silenciar las luchas y desarticular la organización popular.

El Catatumbo y el genocidio

Frente a este panorama, y como se mencionó anteriormente, distintas regiones del país enfrentan dinámicas de persecución sistemática y conflicto armado. Tal es el caso del Catatumbo, donde la comunidad ha denunciado una creciente arremetida paramilitar en medio del abandono estatal. Así lo relata Leonardo Jaime del Equipo Jurídico de Pueblos:

Este decreto evidenció que el discurso de inversión social del gobierno progresista, es solo una mascara que les permite continuar con los decretos militares.

Eso demuestra lo que las comunidades han denunciado: son operaciones cívico-militares que tienen un carácter militar. Nuevamente, es notoria la incapacidad de los gobiernos por solucionar problemas estructurales prometiendo paz, con arremetidas militares y paramilitares que perpetúan el genocidio en Colombia. 

Esta situación ha generado un clima de miedo y desplazamiento, pero también ha dado lugar a procesos de resistencia que intentan construir una vida digna.

Los procesos de paz en Colombia han funcionado más como mecanismos de gobernabilidad que como apuestas reales de transformación estructural. En lugar de cuestionar el orden económico y político que sustenta y reproduce la violencia, se imponen salidas institucionales que excluyen la participación vinculante y democrática del pueblo. 

Ante la estigmatización, los señalamientos, las amenazas y los asesinatos, la clase popular se organiza, se levanta y sostiene su compromiso con la construcción de una vida digna. Como lo han hecho (y siguen haciendo en su memoria) tantas y tantos compañeros que hoy no están. Sus luchas, sus vidas y sus apuestas colectivas siguen siendo bandera de resistencia frente a un sistema orientado a defender los intereses del capital por encima de la vida.

Te recomendamos ver las entrevistas completas en el siguiente reporte especial:

 Referencias:

Legislativo, P. P. (2023, mayo 12). Cronología de los diferentes procesos de paz en Colombia. poderlegislativo; Cámara de Representantes. https://poderlegislativo.camara.gov.co/2023/05/12/cronologia-de-los-diferentes-procesos-de-paz-en-colombia/

Mendoza, G. B. (2025, febrero 5). Crisis de la Paz Total, reorientación de la estrategia de seguridad y nuevo quiebre del gobierno progresista. Trochando Sin Fronteras – Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. https://trochandosinfronteras.info/crisis-de-la-paz-total-reorientacion-de-la-estrategia-de-seguridad-y-nuevo-quiebre-del-gobierno-progresista/

Gómez, A. Ñúñez, A. Ochoa, D. (2025, mayo 27). Cartilla de Derechos Humanos en memoria de las víctimas de crímenes de Estado y el proceso genocida en Colombia – Coordinador Nacional Agrario. (CNA) https://cnacolombia.org/download/cartilla-de-derechos-humanos-en-memoria-de-las-victimas-de-crimenes-de-estado-y-el-proceso-genocida-en-colombia/