La defensa del agua en Colombia es también la defensa de la vida. El caso de La Calera, en Cundinamarca, evidencia cómo la lógica del capital se impone sobre las necesidades más básicas de las comunidades. Coca-Cola, a través de su filial Manantial (Indega S.A.), extrae millones de litros de agua al año de los manantiales locales para lucrarse, mientras habitantes de veredas como Santa Helena o Buenos Aires Alto enfrentan cortes, racionamientos y la obligación de comprar agua embotellada.
Cifras que desnudan la desigualdad
Según la investigación de Vorágine (2024), solo en 2022 la planta Manantial pagó alrededor de 4,7 millones de pesos por la extracción de más de 56 millones de litros de agua potable. Ese mismo año, la compañía reportó ingresos de 226.740 millones de pesos. Es decir: el pueblo pierde el agua, la multinacional gana las utilidades.
El desbalance es brutal. Como documentaron varios medios de comunicación, los manantiales han sido tapados con concreto para canalizar el recurso exclusivamente a la planta, afectando ecosistemas y secando nacederos que tradicionalmente abastecían a las familias rurales.
Lo que reconoce la propia empresa
Gracias a un derecho de petición interpuesto el año pasado, por estudiantes del Diplomado en Comunicación para la Vida Digna, Coca-Cola –a través de su filial Indega S.A.– se vio obligada a entregar sus reportes de producción. Allí se confirma que: millones de litros de agua manantial son embotellados sin ningún pudor mientras el pueblo padece racionamientos.
El informe oficial de 2024 es revelador: Mientras Bogotá y la Calera sufrían racionamientos , solo en enero la planta Manantial extrajo 5.143.845 litros de agua, en febrero 4.975.462 litros, en marzo 5.096.239 litros, en abril 4.201.120 litros, en mayo 3.022.643 litros, en junio 3.538.864 litros, en julio 3.292.238 litros y en agosto 3.118.650 litros.
En apenas ocho meses, la compañía ya había envasado más de 32 millones de litros de agua, lo que equivale a llenar casi 13 piscinas olímpicas. Y todo esto pagando tasas ridículas al Estado, como denunció Vorágine (2024): 4,7 millones de pesos por más de 56 millones de litros en un año completo.
¿Dónde está la equidad? ¿Cómo es posible que una multinacional tenga licencia para apropiarse de semejante caudal, mientras las familias deben comprar agua en bolsas o esperar carrotanques? La respuesta al derecho de petición no es un acto de transparencia sino la confesión de un saqueo legalizado: la misma empresa reconoce que todo el caudal proviene de un manantial subterráneo concesionado, mientras las comunidades rurales cargan con la sed y el costo de pagar por el agua que les arrebatan.
Denuncia popular y resistencia
La comunidad ha denunciado que el agua extraída supera la capacidad de recarga natural de los nacimientos, y que las compensaciones ambientales —como la siembra de algunos miles de árboles— son una medida simbólica frente al saqueo constante.
El impacto se agudiza con el cambio climático y los ciclos de El Niño, que reducen las lluvias y agravan la escasez. Pero como señalan líderes locales, no es solo un tema de sequía: es una disputa por la apropiación de un bien común.
Un negocio redondo para el capital, un despojo para el pueblo
Lo que ocurre en La Calera no es un “desajuste técnico” ni un problema de gestión: es la aplicación directa de la lógica capitalista de acumulación por desposesión.
Privatización de lo común: lo que debería ser derecho de todos, el agua, se convierte en mercancía para unos pocos.
Ganancias obscenas vs pagos irrisorios: millones de litros se extraen a cambio de unas tasas ridículas, mientras la multinacional factura cientos de miles de millones de pesos al año.
Estado complaciente: las autoridades ambientales renuevan concesiones, aceptan planes mínimos y permiten que el saqueo continúe.
Lo que exigimos
Las comunidades de La Calera no piden limosnas ni “responsabilidad social empresarial”. Exigen:
Negar la renovación de la concesión hídrica a Coca-Cola / Manantial.
Garantizar prioridad del agua para el consumo humano y campesino, no para la exportación de ganancias.
Establecer tarifas proporcionales al daño ambiental y al valor real del recurso.
Sanciones efectivas a la empresa por el tapado ilegal de manantiales y la afectación directa a las veredas.
Mientras en La Calera las familias deben comprar el agua embotellada que alguna vez brotó de sus propios manantiales, Coca-Cola se enriquece mercantilizando un derecho humano. El derecho de petición, las cifras oficiales y los testimonios lo confirman: la transnacional se bebe el agua del pueblo.
El silencio cómplice del Estado y la voracidad de la empresa dejan claro que esta lucha es también una disputa de clase: entre la vida digna de las comunidades y la sed insaciable del capital.
