Tras las denuncias hechas por los trabajadores de la mina en Socha —quienes señalaron las graves vulneraciones a su derecho al salario, a la alimentación y a la salud—, este 25 de noviembre se instaló una mesa de negociación entre representantes de los obreros y el Grupo Empresarial GECI S.A.S., junto con las firmas Inducab S.A.S. y Carbo-Río S.A.S.
El encuentro, acompañado por la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, permitió que la voz colectiva de los trabajadores se tradujera en compromisos concretos frente a la deuda salarial y las condiciones laborales que motivaron la protesta.
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Acuerdos alcanzados
Luego de la exposición de la situación y de la presión ejercida por la movilización, la empresa reconoció las obligaciones pendientes y se comprometió a un primer pago de $120 millones entre el 5 y 6 de diciembre de 2025. Estos recursos se distribuirán así:
70% para los trabajadores que participaron en la movilización.
30% para los firmantes del acuerdo que no hicieron parte de la protesta.
El pago se realizará directamente a las cuentas de cada trabajador, o a un tercero autorizado cuando sea necesario. Para quienes no tengan deuda directa con el Grupo Empresarial, los valores se abonarán a las obligaciones que Inducab S.A.S. o Carbo-Río S.A.S. aún tienen pendientes con ellos.
Además, los trabajadores entregaron un listado de priorización que garantiza que quienes más tiempo llevan esperando su salario sean los primeros en recibir los recursos.
Por la misma vía, los firmantes acordaron instalar una mesa de negociación formal el mismo 5 o 6 de diciembre, una vez se realice el pago inicial. Allí se definirá:
- La fecha y cuantía de los pagos restantes.
- La ruta para resolver deudas pendientes de seguridad social.
- Los mecanismos para evitar que se repitan las vulneraciones denunciadas.
Este paso constituye un avance hacia una discusión estructural sobre las condiciones laborales que históricamente han afectado a los trabajadores del sector minero.
Compromisos laborales y garantías
Las empresas se comprometieron a mantener vinculados a los trabajadores sin represalias, reconociendo que la protesta fue un acto legítimo ante el incumplimiento patronal.
Por su parte, los trabajadores ratificaron su disposición al diálogo, sin renunciar a su derecho a movilizarse si los acuerdos no se cumplen.
En caso de requerirse, el Grupo Empresarial planteó la venta de activos para garantizar el pago de las obligaciones pendientes, mostrando que la presión obrera obligó a la empresa a mover recursos que antes negaba.
Estos avances son resultado directo de la unidad y la persistencia de los trabajadores que, frente al abandono institucional y los abusos empresariales, decidieron organizarse para defender lo mínimo: pan, salud y salario.
El cumplimiento de estos acuerdos dependerá de la vigilancia activa de los trabajadores, de las organizaciones acompañantes y de la comunidad que ha respaldado la denuncia.
