De acuerdo con el boletín correspondiente al primer mes de 2026 —que recoge los hechos ocurridos durante el cierre del año 2025—, al menos 93 personas fueron asesinadas en el marco del conflicto armado en Arauca. El municipio de Tame concentró los mayores índices de violencia, seguido por Arauquita, Saravena, Fortul y la capital departamental, Arauca. A estas cifras se suman 87 casos de retenciones ilegales, lo que da cuenta de un escenario sostenido de vulneración de derechos fundamentales.
El informe también registra dos atentados de especial gravedad contra lideres y lideresas de la región ocurridos en diciembre de 2025. El más reciente, el 17 de diciembre, tuvo como objetivo directo al líder social Julio Ramón Araujo García, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Puerto Rondón. En otro hecho, ocurrido el 10 de diciembre donde resultó igualmente herida Luz Estella Sucre Valbuena, lideresa comunal. Estos ataques se inscriben en un patrón reiterado de agresiones contra liderazgos comunitarios y organizativos en el departamento.
La Fundación advierte que, a lo largo del año, se mantuvo un clima permanente de estigmatización, señalamiento y perfilamiento contra líderes sociales, sus organizaciones, programas y proyectos, lo cual incrementa de manera exponencial los riesgos para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y la organización popular en el territorio.
En la voz de los defensores:
En diálogo con este medio, Juan Carlos Torrenegra, defensor de derechos humanos del departamento, señaló que las cifras no pueden leerse como hechos aislados, sino como expresión de un conflicto con raíces políticas y estructurales profundas:
“Estas cifras están directamente relacionadas con el conflicto social, político y armado que históricamente ha desangrado al país. Un conflicto que tiene causas estructurales ligadas al modelo económico, al modo de producción y a los intereses del capital sobre territorios ricos en bienes de la naturaleza”, explicó Torregrosa.
El defensor subrayó que en regiones como Arauca estos intereses se expresan en la explotación de petróleo y gas, mientras que en otras zonas del país se manifiestan en el saqueo de minerales como el oro, el níquel o la sal, dinámicas que profundizan la violencia y la disputa territorial.
Torregrosa alertó además sobre la persecución sistemática contra procesos organizativos, señalando que el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia ha sido declarado objetivo militar, lo que explica que una parte significativa de los asesinatos de líderes sociales registrados recaiga sobre integrantes de este proceso:
“No solo se persigue a las personas. También se satanizan nuestros programas, proyectos y procesos. Esa estigmatización permanente incrementa los riesgos y alimenta una espiral de violencia que solo podrá superarse si se reconoce el origen político del conflicto y se atacan sus causas estructurales”, afirmó.
Las exigencias al Estado
Frente a este panorama, la Fundación Joel Sierra reiteró su exigencia al Estado colombiano para que adopte de manera inmediata medidas efectivas de protección a la población civil y garantice condiciones reales para el ejercicio del liderazgo social y comunitario. Asimismo, llamó a los organismos de justicia y control a adelantar investigaciones ágiles y diligentes, que eviten la impunidad tanto de los hechos recientes como de los crímenes cometidos en años anteriores.
