Trochando Sin Fronteras, edición 33 julio – agosto de 2017
Por: Asociación Red Itoco
En la región Bogotá Cundinamarca el fenómeno de la minería es tan antiguo como la presencia humana en el territorio. Su rica geografía la convierte en una importante despensa de material minero que siempre brindo condiciones para su explotación. La tendencia en el crecimiento demográfico y la urbanización de esta región ha llevado a que se presenten conflictos entre estas actividades y las dinámicas propias del poblamiento.
Cada vez más se ubiquen sitios específicos en donde se realizan actividades mineras a sus anchas. Estas explotaciones mineras ubicadas sobre todo en ricas cuencas de arcillas y areniscas no han sido planeadas, ni cuentan con un plan que permita la recuperación de forma sistemáticas de estos terrenos por parte de los operadores. El Estado no muestra ningún interés por restaurar estas zonas, quedando en abandono y volviéndose en suelo disponible para la población más vulnerable que no cuentan con una vivienda.
Los minerales más explotados en la Sabana del rio Bogotá son las arcillas, las arenas industriales, las rocas calcáreas, el carbón, el cuarzo, los materiales de construcción y la sal. Existiendo cerca de unas 1000 minas el 65% de ellas activas, un 15% inactivas y el 25% de ellas abandonadas.
Esto ha llevado a que el 80 % de los deslizamientos por remoción de masas que se han presentado en la región hayan sido en zonas afectadas por la actividad minera, por ejemplo; es muy conocido el caso de un barrio en Bogotá, Villa Jackie que en el año 2009 desapareció por efecto de la actividad minera adyacente en un polígono con título minero a favor de la multinacional Holcim y operado por la mexicana Cemex. Tanto es el efecto negativo de la actividad minera abandonada y mal regulada en la región, que para expertos en el tema, la ciudad de Bogotá posee uno de los procesos de inestabilidad urbana más grandes del mundo (Garay Salamanca , 2013), en el sector de Altos de la Estancia que le ha costado a la ciudad unos 300 mil millones de pesos por concepto de procesos de reasentamiento y mitigación del riesgo.
Lo anterior ha producido un pasivo ambiental que pone en jaque las finanzas públicas de los municipios y el distrito, así como en riesgo la capacidad de adaptación de las comunidades menos favorecidas a generar dinámicas de arraigo en el territorio. El caso del rio Tunjuelo es el más característico de las consecuencias de la explotación minera en la región, los títulos ofrecidos en el marco de una figura sui generis de ordenamiento territorial el parque minero industrial PMI, le cedieron derechos de explotación a la Holcim, Cemex y la ladrillera San Antonio propiedad del arquidiócesis de Bogotá. Entregando un ecosistema que para los años 50s era considerado como un acuífero estratégico para el suministro de agua al sur de la Sabana.
Tras innumerables casos de abuso de las compañías explotadoras y los efectos nocivos ocasionadas a infraestructuras y personas aledañas, en el año 2012 la secretaria distrital de ambiente le suspende a los operadores licencias para la extracción de agua subterránea, luego que estos últimos modificaran arbitrariamente el cauce de la quebrada la Trompeta en la localidad de Ciudad Bolívar. No obstante, a pesar de las largas peticiones del distrito en esa época al ministerio de medio ambiente, este polígono del PMI Tunjuelo aún tiene un título minero por explotar el denominado: “escuela de artillería” que faltándole apenas la licencia ambiental se proyecta como el próximo gran hueco del Tunjuelo. El problema de minería como fenómeno extractivo se despliega en la ciudad y la región a partir de las actividades de captación de materiales para la construcción, de esta manera se encuentra que en la ciudad hay unas 1.164 hectáreas afectadas por la actividad minera( Secretaría Distrital de Ambiente -SDA) esta explotación se realiza en por lo menos en 107 predios, de los cuales sólo 7 cuentan con todos los permisos necesarios para ejercer estas explotaciones, demostrando la ilegalidad de la misma y la nefasta consecuencias para la ciudad, que a pesar de tomar medidas al respecto estas por el contrario han sido insuficiente y han desperdigado esta actividad por los municipios aledaños, aun sin tener cifras oficiales del mismo.
Este pleito entre el Distrito y las mineras que se inauguran en el 2010 con la declaración de actividad restringida a estas operaciones en la ciudad de Bogotá abrió interrogantes sobre el futuro de esta actividad en la región. Rápidamente constructores y mineros abrieron camino hacia los departamentos vecinos de Tolima y Meta, que a pesar de las facilidades para la extracción traía aparejados mayores costos de las operaciones, aproximadamente aumentos de $255 pesos por tonelada a kilómetro recorrido. Este relativo blindaje que “favoreció” a la ciudad de Bogotá disperso la minería por la región adyacente y lleva a la ministerio del medio ambiente por presión de distintos actores a manifestarse a partir de una resolución, que para el abogado ambientalista Jorge Negrete debió ser un amparo urgente para proteger a La Sabana de Bogotá como lo consagra la ley 99 de 1993, quien le da un estatus a la región como ecosistema de interés nacional.
Lo anterior tomo un giro no tan sorpresivo cuando el ministerio del medio ambiente habilita nuevas zonas de compatibilidad minera ZCM, al pasar de un poco más de 11.000 hectáreas a 18.000 hectáreas en esta nueva resolución conocida como la 2001 del 2 de diciembre de 2016 y que fue suspendida en menos de 15 días, por orden del tribunal administrativo de Cundinamarca por ir en contravía de la denominada sentencia del rio Bogotá, supervisada por la magistrada Nelly Villamizar. La resolución establece y autoriza la consolidación de 21 ZCM en la región Bogotá- Sabana en igual número de municipios, así como terminar en un plazo establecido las explotaciones que se encuentren por fuera de las ZCM para que implementen planes que lleven estos suelos a la tradicional vocación forestal y agrícola que les corresponden. Todo lo anterior cumpliendo el mandato del artículo 60 de la ley 99 de 1993.
La región Bogotá – Sabana cuenta con cerca de 430 títulos mineros entre arcilla, carbón y materiales de construcción. Todo el debate actual empieza cuando en 1994 a un año de publicada la legislación en materia ambiental en el país, el ministerio arroja una resolución en donde asigna cerca de 11.300 hectáreas como ZCM para la región Bogotá Sabana, posteriormente en el año 2004 presenta una nueva resolución en donde se aumenta el área a 13.919 hectáreas, propuesta que posteriormente fue derogada en el 2010 por el Consejo De Estado por presentar inconsistencias.
Se presenta un giro no tan sorpresivo cuando seis años después, en diciembre del año pasado, la resolución 2001 añade 7000 hectáreas nuevas para la explotación minera en La Sabana de Bogotá, lo que en total suma unas 18.000 hectáreas que superan la superficie de una ciudad del tamaño de Bucaramanga. Críticos de la resolución como el especialista en estos temas Julio Fierro señala que los daños producidos por esta nueva decisión perjudicarían cuencas abastecedoras, relictos de bosques nativos, zonas de vocación agropecuaria, hitos religiosos y sitios arqueológicos.
Igualmente se plantea el riesgo que cuatro de estas ZMC impacten zonas al oriente y sur de Bogotá algunas de ellas en el contexto del perímetro urbano, a pesar de los llamados por parte de la secretaria distrital de ambiente de no incluir al distrito en estas actividades. Así mismo existe preocupación por que una ZCM se ubicaría a 300 metros de la confluencia de los páramos Cruz verde y Sumapaz perjudicando este ecosistema estratégico, el agroparque los Soches y la quebrada Yomasa.
Se ubican también los inconvenientes que causarían las ZCM en la cuenca alta del rio Bogotá zona del nacimiento de este cauce, donde se impactarían nueve quebradas y tres bocatomas. El caso más sensible esta en las ZCM entre el municipio de Soacha y el distrito de Bogotá donde se ubicaría el área de explotación más grande con un área de 4.873 ha afectado 51 quebradas que discurren sobre esta zona. En fin son cerca de 13 los municipios los que afectaría más directamente. Una consecuencia estructural seria el socavamiento que sería objeto la formación natural rocosa del grupo Guadalupe, estratégica para la recarga de acuíferos de la sabana.
Para expertos como el geólogo Julio Ferro la resolución desconoce normas que protegen La Sabana y el rio Bogotá, además que las áreas de explotación fuera de las ZCM, se les da un trato benévolo pues tienen hasta cinco años prorrogables además, para suspender las actividades en iniciar el proceso de restauración de las zonas afectadas. En ese sentido la resolución 2001 tiene efectos más regresivos frente a lo que se tenía de expectativas de las decisiones administrativas venideras y por el contrario legaliza las explotaciones desarrolladas al margen de la antigua resolución, que en esta nueva quedan vinculadas.
Por último, el ministerio dejo abierta la posibilidad de modificar los polígonos de delimitación si alcaldías y autoridades ambientales presentan cartografías y documentos que ubiquen nuevas necesidades y prioridades para los entes territoriales. Así mismo reconoce la autoridad de los municipios de decidir si o no permiten la explotación en los territorios de su jurisdicción, posibilidad que ya fue impugnada por la procuraduría por ir en contra de la naturaleza de interés nacional que tiene la actividad minera en el país.
