Así recuerdan los niños de Santo Domingo lo sucedido
Trochando Sin Fronteras, abril 20 de 2018
El pasado 13 de abril, la dirección especializada contra la vulneración a los derechos humanos, Fiscalía 51 especializada, resolvió llamar a juicio como coautor de la masacre, al coronel en servicio activo de la Fuerzas Armadas de Colombia, Germán David Lamilla Santos.
Así mismo, declaró la masacre de Santo Domingo, representada jurídicamente por la Asociación Minga, como un crimen de guerra (novedoso en una resolución de acusación)
En la resolución, también se ordenó la identificación de dos contratistas extranjeros, con el fin de vincularlos a la investigación (al parecer un estadounidense y un puertorriqueño) de los cuales no se tiene mayor información, aunque piloteaban la aeronave del Estado, prestaban servicio como contratistas y se alojaban en las instalaciones de la empresa petrolera filial a la Occidental Petroleum Corporation OXI.
En el caso del coronel Germán David Lamilla Santos la Fiscalía le prohibió salir del país y notifico a la autoridad migratoria para que se cumpla dicha restricción.
El fiscal 51 especializado contra violaciones a los derechos humanos doctor Gonzalo Alirio García Gómez también ordeno compulsar copias para que se investigue al civil Willinton Andery Ortega Gelvis por presunto falso testimonio que intento desviar la investigación en favor de las fuerzas militares.
El caso de Santo Domingo, al ser declarado como crimen de guerra adquiere el carácter de imprescriptibilidad es decir que los órganos de investigación y administración de justicia, tanto nacional como internacional no pierden la facultar de adelantar la acción penal, así pase cualquier período de tiempo. Si las víctimas consideran que el Estado colombiano no hizo justicia, pueden acudir a la Corte Penal Internacional, ya que los crímenes de guerra son de competencia de ese tribunal. Es de aclarar que la Corte Penal Internacional solo investiga la responsabilidad penal de los individuos en la comisión de los crímenes, más no de los Estados.
Se declara un crimen de guerra por la gravedad de los hechos, la dimensión e impacto sobre la paz mundial así lo expresa el derecho internacional.
En el año 2017 el Estado colombiano realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad por la masacre de Santo Domingo en cumplimiento de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de reconocer públicamente la responsabilidad en la masacre cometida por la fuerza aérea en diciembre 13 de 1998.
