La declaración de alerta ambiental y la entrega de la Alerta Temprana Ambiental ante el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la Defensoría del Pueblo, y la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios se realiza por los riesgos socio-ambientales que puede generar el licenciamiento masivo de proyectos hidroeléctricos en la subregión del Oriente Antioqueño.
«Como organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el ambiente y el territorio, pretendemos que luego de esta Alerta Temprana Ambiental el Estado tome las acciones necesarias tendientes a evitar la materialización de daños irremediables en los territorios».
Las comunidades convocantes de la alerta argumentaron que existen 15 proyectos hidroeléctricos que desvían, captan y explotan las aguas y que desde la segunda mitad del siglo XX, la subregión fue proyectada como una despensa energética del país. Según datos entregados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 2022 las aguas del Oriente Antioqueño generaron 15,724.23 GWh de energía, lo que representa el 20,45 % de toda la energía que se produjo en Colombia.
Expresaron, además, que aunque la región aporta una quinta parte de la energía producida en el país, las entidades gubernamentales esperan un aumento en la capacidad instalada. Todo esto enmarcado en la política nacional de transición energética justa propuesta por el Gobierno Nacional, en la cual las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) jugaran un papel clave.
Con esta la Alerta Temprana Ambiental los convocantes exigen al Estado:
La garantía para un debate amplio e incluyente sobre la carga histórica asumida por el Oriente Antioqueño
Realizar un estudio sobre los impactos acumulativos de las hidroeléctricas, haciendo un énfasis en las afectaciones diferenciales a las mujeres.
Auditar y evaluar el papel administrativo que ha cumplido la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) en los últimos 20 años, entidad que, entre 1993 y junio del 2023 ha recibido $ 623.169.714.615 del sector eléctrico.
Reglamentar y aplicar el Acuerdo de Escazú y todas las demás acciones pertinentes y necesarias para garantizar la vida y protección de las y los líderes ambientales.
Las comunidades durante años, han documentado y denunciado los daños socio-ambientales que la industria energética ha causado a la región. Por ejemplo, se ha evidenciado fragmentación de los flujos hídricos y la alteración de sus condiciones naturales, afectando la dinámica propia de los procesos ecosistémicos.
A lo anterior se suma la pérdida de la economía, la cultura campesina y la soberanía alimentaria; la formación de microclimas en algunos territorios aledaños a los proyectos, los cuales afectan la productividad de la tierra y provocan enfermedades en los cultivos tradicionales.
Las organizaciones también han documentado la interrupción de procesos de retorno y restitución de tierras a víctimas del conflicto armado; estigmatización y amenazas a quienes se oponen a este tipo de proyectos en la región. Así como mercantilización de los cuerpos de las mujeres, y sobrecarga en los trabajos de cuidado del hogar.
, la Corporación Jurídica Libertad, y la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño radicarán Alerta Temprana Ambiental.){kind=link}