En Acción Urgente, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra lanzo una Acción Urgente luego del asesinato de un líder social en Saravena. Leonardo Mora Calderón, de 47 años, fue la víctima de un ataque sicarial el cual segó su vida, Leonardo era el Vicepresidente de la Asociación de Soldadores de Arauca -ASA-.
«Ya son nueve (9) los líderes sociales asesinados en el departamento de Arauca, quienes siguen muriendo como víctimas inermes del conflicto político, social y armado, interno».
Según la Joel Sierra, el asesinato de Leonardo es un fuerte golpe al liderazgo social, frente a estos hechos la Joel Sierra expresó que las organizaciones que hacen parte del histórico tejido social del Centro Oriente de Colombia continuarán luchando por la transformación de la sociedad con dignidad y arrojo.
¡ACCIÓN URGENTE!#Arauca
Ya son nueve (9) líderes sociales asesinados en el departamento de Arauca.
Hoy fue asesinado Leonardo Mora Calderón, integrante de la Asociación de Soldadores de Arauca -ASA-.Este hecho se suma a 6 nuevas muertes violentas, todas con proyectil de (1/2) pic.twitter.com/AhozqSZObF
— Trochando Sin Fronteras (@trochandosf) June 28, 2022
En la Alerta Urgente, la Joel Sierra también rechazo las acciones en contra de las comunidades, sus líderes y organizaciones. Asegurando, además, que estas hacen parte del exterminio político que vive el país, el cual se desarrolla a través de un proceso genocida. Denunciaron además que el Estado colombiano, no muestra mínimo interés por detener la barbarie desatada con el movimiento social.
«por el contrario, siguen los afanes de incrementar la militarización y re paramilitarizar el territorio, a fin de asegurar y expandir los intereses del mundo imperial de saqueo de los bienes de la naturaleza y sus pretensiones injerencistas e intervencionistas hacia la hermana república bolivariana de Venezuela».
El asesinato de Leonardo se suma a los 26 homicidios ocurridos en el mes de junio y a las seis muertes violentas acaecidas el lunes 27 de junio de 2022.
«Hemos insistido ante las instituciones del régimen para que se cumpla con las obligaciones constitucionales y legales, al igual que con los compromisos internacionales de proteger a los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, sin que se reciba ninguna medida real para su protección y las garantías en su labor social».
