viernes, septiembre 30, 2022

En Arauca el conflicto no cesa

Ante estos hechos, la Joel Sierra reiteró el llamado a los actores del conflicto a dejar por fuera de sus acciones a las comunidades, buscar solución y generar garantías plenas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

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Pese a la militarización en Arauca el conflicto no cesa. En el transcurso de la semana anterior se registraron nuevos hechos en los que la comunidad es la más afectada.

Según pronunciamiento de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, durante lo transcurrido del año, han ocurrido homicidios selectivos, atentados y detonaciones en zonas rurales y urbanas en Arauca. Hechos que generan temor en los pobladores de la región.

A los hechos antes mencionados se sumó el asesinato de Miguel Amado Carrillo Cultor de municipio de Arauquita el 17 de enero. Hecho repudiado mediante pronunciamiento por la comunidad educativa de la Institución Educativa Juan Jacobo Rousseau. Miguel era miembro de la asociación de padres de familia de dicha institución.

«Su ausencia marcará la historia de nuestra comunidad, ya que con su muerte, asesinaron a un hijo de Arauquita comprometido con la cultura, las nuevas generaciones y el bienestar de todos.»

Ante estos hechos, la Joel Sierra reiteró el llamado a los actores del conflicto a dejar por fuera de sus acciones a las comunidades, buscar solución y generar garantías plenas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

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Así mismo, instó a los órganos de justicia y control a adelantar las investigaciones por los hechos aquí mencionados, y en general al Estado Colombiano, adoptar las medidas para cumplir con su obligación de proteger la vida e integridad de todos y todas.

Militarización para el saqueo

A estas acciones y el aumento de la militarización del territorio se suma el ingreso abrupto de la empresa SierraCol al área del influencia de la licencia Ap primavera. Las comuniades rechazaron la pretención de SierraCol y sus contratista de intervenir Caño Caranal.

Las comunidades denunciaron que las empresas se aprovecha de la situación de conflicto y orden público que vive Arauca. Además, que el único objetivo de la militarización era el ingreso eran los intereses de la explotación de hidrocarburos.

Las comunidades manifestaron: «Hacemos el llamado a la multinacional a violentar los derechos que corresponden a nuestras comunidades». Invitaron además a la Defensoría del Pueblo y a organizaciones defensoras de derechos humanos a estar atentos ante situaciones de posibles judicializaciones y montajes que desequilibren el trabajo de unidad de las juntas comunales del sector.

 

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