En las acciones la Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud (ASUSALUPA), la CUT Subdirectiva Arauca, ANTHOC, FEDEJUNTAS y el Comité Departamental de Cuidadores de Salud en Casa han unido sus voces para exigir la intervención urgente del Gobierno Nacional y la reinstalación de la Mesa Departamental de Salud, crucial para dinamizar los recursos y garantizar la calidad y oportunidad en la atención de este territorio históricamente golpeado.
La salud: Un derecho fundamental sistemáticamente vulnerado
En un comunicado del Comité de Voceros, reitera que, a pesar de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que reafirma la salud como un derecho fundamental, los principios rectores de universalidad, integralidad, accesibilidad, calidad y eficiencia son violados constantemente en Arauca. Esta violación se manifiesta en la vida cotidiana de los usuarios:
Pacientes crónicos y de alto costo enfrentan procesos demorados o nulos para la entrega de medicamentos, autorizaciones para remisiones y cirugías, y la falta de subsidios esenciales de transporte, alimentación y alojamiento.
Existe un retraso crítico en la entrega oportuna de insumos vitales como pañales y suplementos nutricionales para pacientes que dependen de ellos para su supervivencia y calidad de vida.
Esta situación no solo vulnera y coloca en riesgo de muerte a los pacientes, sino que evidencia el abandono institucional y la inoperancia de las entidades territoriales y nacionales para asegurar una atención digna. La exigencia de la movilización es clara: la vida de los araucanos no puede seguir supeditada a trámites burocráticos fallidos.
Red prestadora en colapso: Contratos viejos y cartera disparada
Uno de los puntos críticos evidenciados en el comunicado que subyace a la mala prestación de servicios es la fragilidad económica de la red pública de salud. Las organizaciones señalan que las Empresas Sociales del Estado (ESE) y la red prestadora carecen de garantías contractuales.
Desde el año 2016, se aplican «contratos vitalicios y sin actualizar», ignorando las directrices de modelos de contratación orientados a resultados en salud, como lo promueve el Decreto 441 de 2022. Estos contratos obsoletos no solo impiden mejorar la calidad de la atención, sino que han evitado la aplicación de los incrementos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) año tras año.
La consecuencia directa de esta ineficiencia administrativa es catastrófica: la cartera de mora del sistema de salud en Arauca se ha incrementado hasta un 300%. Este colapso financiero impide a las ESEs invertir en infraestructura hospitalaria adecuada, tecnología y equipos médicos necesarios y talento humano suficiente y bien remunerado.
Precarización laboral: La base del sistema en crisis
El comunicado enfatiza que la calidad de la atención está directamente ligada a la dignidad de quienes la prestan. Existe una «realidad de precarización y pauperización laboral» que afecta a los trabajadores de la salud en todo el departamento.
«Es fundamental que se comprenda que las condiciones dignas del trabajo, son un pilar esencial para garantizar las condiciones necesarias que promuevan la oportunidad, calidad y continuidad de los procesos de atención a los usuarios,» afirma el comunicado.
Los trabajadores, representados por ANTHOC y la CUT, son la primera línea que sufre las consecuencias de la mala gestión, con salarios inestables y contratos precarios, lo que deteriora la calidad de vida de las y los servidores públicos y, por ende, el servicio a la comunidad.
Reinstalación de la Mesa Departamental de Salud: La lucha rinde frutos.
Gracias a la presión ejercida a través de las acciones de exigibilidad, el Gobierno Departamental ha logrado adelantar la gestión para que la Mesa Departamental de Salud se reinstale en la ciudad de Bogotá. Esta reunión, programada para el miércoles 26 de noviembre, contará con la presencia de actores clave con poder de decisión a nivel nacional, como el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría Nacional del Pueblo e interventores y gerentes nacionales de las EPS.
El objetivo de este encuentro es abordar y definir soluciones al pliego de exigencias del movimiento social. Como ejercicio previo, se han llevado a cabo reuniones de coordinación y articulación con la UAESA, ESE, IPS privadas y la Defensoría Regional del Pueblo, buscando estructurar la metodología que permita superar la profunda crisis sanitaria del territorio.
