Trochando Sin Fronteras – febrero 11 de 2020
Comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian recrudecimiento de la crisis humanitaria en el país; con ello agudización del conflicto social, económico y armado. En Buenaventura y el Sur de Bolívar se denuncia arremetida paramilitar.
En entrevista, el Informativo Centro Oriente dialogó con Daniel Ángulo Sanclemente, Integrante del Proceso de Comunidades Negras -PCN- CONGAL y con Narciso Beleño líder del Sur de Bolívar y quien hace parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar -FEDEAGROMISBOL- quienes exponen la difícil situación.
Buenaventura: Crisis humanitaria y movilización
En Buenaventura las comunidades iniciaron movilizaciones para exigir al Gobierno Nacional, soluciones ante la crisis humanitaria. Además de brindar mecanismos de protección que permitan garantizar la vida de los habitantes. Frente a estas exigencias Daniel afirmó:
“Hoy Buenaventura está viviendo una de sus peores crisis desde el momento en que llega el paramilitarismo en el 2002. Se vive la reliquia del paramilitarismo desde su momento, eso quiere decir que los mismos jóvenes, adultos nos estamos matando entre nosotros mismos… Pero hoy la gente se está manifestando porque ya no quiere que haya más sangre en este territorio…’’.
Hoy buenaventura se moviliza al rededor de una Cadena Humana por la Paz de nuestro territorio. ✊🏾#ResistirNoEsAguantar#SoyPorqueSomos #SosBuenaventura
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— PCN (@renacientes) February 10, 2021
Sur de Bolívar: Desplazamiento y despojo de la economía campesina y minera
El Sur de Bolívar es otro territorio que esta bajo asedio del paramilitarismo, desde las comunidades se denuncia la incursión de grupos armados. Estos grupos mediante intimidaciones y amenazas indican que se van a apoderar de la serranía de San Lucas y de las empresas mineras de las comunidades. Narciso nos contó que está pasando en este territorio:
“ La presencia de grupos armados en el sector en algunos momentos se hacen llamar gaitanistas en otros dicen que son disidencias de la FARC no se tiene certeza de que grupos armados están en el territorio, lo que si se tiene certeza es que hay grupos armados en el territorio donde se encuentra la FEDEAGROMISOL hay unas amenazas directas donde indican que vienen apoderarse de la serranía de San Lucas y de las empresas allí presentes, donde los pobladores están sometidos a desplazamiento, asesinatos…”.
Arremetida paramilitar
Es de aclarar que el paramilitarismo en Colombia es una estrategia contrainsurgente y una práctica política y económica auspiciada desde el Estado. Esta práctica emanada de la estructura de poder implementa métodos de sometimiento como las masacres, desapariciones, judicializaciones, tortura y desplazamiento entre otros. Métodos considerados por las organizaciones sociales como practicas genocidas y que configuran un exterminio político. Desde el Estado y los gobiernos no hay interés en combatir y erradicar de raíz el paramilitarismo, ya que este es un aliado estratégico para defender su interés y para que la oligarquía se mantenga en el poder.
“Las raíces del paramilitarismo se encuentran en la vieja práctica de las élites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado. Los antecedentes más cercanos se encuentran en los grupos que surgieron en la violencia de los años cuarenta y cincuenta (…) (cuando) (…) Grupos privados, como los denominados Pájaros, operaron con el apoyo y la complicidad de las autoridades”.
-Daniel García-Peña Jaramillo-
Desde el inicio del Gobierno Duque, en Colombia se agudizó la arremetida paramilitar; en 2020 se presentaron 91 masacres y para lo corrido de 2021 continúa la lamentable cifra de 14. Ante esta problemática estas dos comunidades a través de sus las organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado a nivel nacional e internacional la crisis humanitaria que vive Buenaventura y el Sur de Bolívar. Además de la la falta de interés del Gobierno para confrontar y acabar con el paramilitarismo. Ellas indican que es necesario que el Gobierno asuma su responsabilidad ante el paramilitarismo. Indican, además que la militarización no es una opción, porque esta solo agudiza el conflicto y no garantiza la vida de las comunidades.