La derecha fascista y antiproletaria de este país, con su soberbia y prepotencia, está gestando las condiciones de un nuevo estallido social. Durante el anterior estallido, esa derecha fue la responsable directa de 80 homicidios documentados[1]y de otras 80 desapariciones forzadas[2], cuyos principales perpetradores fueron el ESMAD, la policía y paramilitares urbanos. No es solamente que hicieran un uso desproporcionado de la fuerza y utilizaran una represión que violaba los derechos humanos, es que utilizaron tácticas de guerra contra los manifestantes, al estilo de las más brutales dictaduras militares.
El Estado colombiano disparó contra las personas que se manifestaban como si fueran combatientes armados. Romper vidrios o trancar calles supuso, de hecho, una condena a muerte sin juicio y con total impunidad para el verdugo de turno. Frente a ese terrorismo estatal –y para evitar más muertes y protegerse de la brutalidad policial- los jóvenes se organizaron en grupos de defensa del derecho a la protesta, que pasaron a llamarse las Primeras Líneas.
Las Primeras Líneas no fueron responsables de los homicidios que ocurrieron esos días, sino, muy al contrario, las que evitaron que esos asesinatos se incrementaran. Esa sensación tenía una gran parte de la ciudadanía y por eso, y ante el intento de los medios de comunicación de difamarlos y estigmatizarlos, surgieron grupos simbólicos de apoyo, como las madres, los sacerdotes o los profesores de la Primera Línea. Hasta la ONU acusó al Estado colombiano de estigmatizar y difamar a la Primera Línea, recriminándoles por usar tipos penales, como los de concierto para delinquir y terrorismo, a todas luces desproporcionados en el marco de las protestas[3]. Pero el gobierno de Duque, lejos de escuchar a la ONU, tildó a los jóvenes de “enemigo interno” y militarizó seis departamentos del país.
Como señala Giovanny Bermúdez en el artículo ¿Dónde está? “La fabricación chovinista de distintas formas de enemigo interno, les ha servido para legitimar la utilización de los aparatos represivos del Estado contra importantes segmentos de la sociedad y para justificar la Doctrina de Seguridad Nacional. Un dogma de conservación de intereses de clase, en constante evolución y recreación acorde al proceso de reproducción histórica de las condiciones de poder y hegemonía de las élites en Colombia”[4].
Pero, pese a sus intentos, estos grupos de jóvenes con precarios y llamativos escudos de lata y cascos de albañiles se convirtieron en la alegoría de un proletariado que aprendió a defenderse de forma colectiva y organizada para aguantar los embates homicidas de sus verdugos. Al igual que la diosa Atenea, que era reconocida por una triple condición: como polias -protectora de la ciudad-, como ergane -defensora de los trabajadores- y como prómacos, la que combate en la primera línea, esos jóvenes representan el espíritu más combativo y sacrificado de un proletariado abrumado por el peso de tantos golpes y humillaciones. Eso es lo que no les perdona la burguesía, ni sus aparatos institucionales “del orden”. Su terrible “crimen” fue convertirse en símbolo de la lucha proletaria y por eso arremetieron contra ellos con tanta saña.
Los que asesinaron a 80 personas que se manifestaban o los que desaparecieron a otras 80 más, los que dejaron tuertos a decenas de jóvenes, todos esos están libres, al igual que los políticos que dieron las órdenes. Incluso los paramilitares que dispararon contra los manifestantes, no solamente están libres, sino que reciben el aval de los partidos del “orden” para ser concejales[5].
Paradójicamente, en vez de los asesinos, son los y las jóvenes que estaban siendo asesinados quienes permanecen en las cárceles o privados de libertad, e incluso los asesinan al salir de la cárcel. En hechos relacionados con las protestas de 2021, 537 personas fueron detenidas -con captura legalizada-, según confirmó la Fiscalía ante un derecho de petición del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP)[6]. La justicia operó -como tantas otras veces- liberando a los asesinos y encarcelando a los que representaban la resistencia al terror, la opresión y la explotación. Lo que se buscaba era dar una lección de fuerza, estigmatizar la organización y la movilización social y sobre todo infundir temor para neutralizar al pueblo e impedir nuevas movilizaciones sociales.
Por eso, estos días debemos llenar las calles reclamando su libertad inmediatamente. Un nuevo estallido social no puede comenzar sin levantar esa exigencia como importante bandera de lucha, porque los y las jóvenes que aún están en las cárceles o con medidas privativas de libertad representan al conjunto del proletariado. Su privación de libertad es una revancha del Estado burgués contra el proletariado, por atreverse a desafiar la tiranía del capital.
En una ocasión, el presidente Petro denunció que la criminalización de los jóvenes presos no es casual: es una venganza del Estado que convierte a los jóvenes en un trofeo en la guerra de la oligarquía contra el pueblo. El mensaje era: “jóvenes, no se muevan, no protesten o vean qué les va a pasar”. Frente a esta lógica del terror, Petro llamó a realizar movilizaciones masivas que exigieran la libertad de los jóvenes. También se comprometió a crear la Comisión de la Verdad del Estallido, pero desde hace un año no se ha avanzado nada, como denunciaron al menos 31 organizaciones de víctimas y sobrevivientes que se reunieron esta semana para indagar sobre el estado de la Comisión[7]. Es por eso que las mismas señalan que el gobierno de Petro actúa como el Alka-Seltzer: hace propuestas llamativas en momentos de efervescencia, pero después ninguna tiene ejecución o seguimiento.
También por esa razón es que una movilización de gran escala es más urgente que nunca. Ahora que se vuelven a calentar las calles, es fundamental que el calor de la unidad de clase y de la solidaridad suba lo suficiente como para derretir los barrotes que los encierran. Y es que esa exigencia de liberación no es solo un acto de solidaridad, sino un golpe directo al sistema judicial desigual que opera como mecanismo de control de clase. Y es que la cárcel para los jóvenes del estallido social no es un error judicial, ni siquiera un ejercicio escrupuloso y rígido de leyes injustas, sino la expresión cruda de una justicia hecha a medida de los opresores y del terror. Desde siempre, en este país, las leyes se han aplicado con saña contra las clases dominadas y explotadas, mientras protegen a quienes ostentan el poder. ¿Acaso no es prueba de ello que, tras décadas de luchas sociales, los únicos ‘culpables’ sean siempre los pobres que alzan la voz, mientras las élites disfrutan de impunidad?
Por eso, las movilizaciones masivas no solo buscan liberar a los presos políticos: son una denuncia viva de este doble rasero. Si la burguesía convirtió a los jóvenes en “trofeos del miedo”, lograr su liberación con la fuerza de las calles será el “trofeo de la lucha unitaria” del proletariado y dejará al descubierto la podredumbre de un sistema que encarcela sueños para proteger privilegios.
El terror como adiestramiento social
Lo cierto es que utilizar el terror para castigar al pueblo que defiende sus derechos, buscando convertirlo en una masa sumisa y obediente, es una práctica arraigada en la historia colombiana, como demostraron con la Masacre de las Bananeras en 1928[8]. Para los disciplinamientos más crueles y sádicos, el Estado burgués ha salido a recurrir a estructuras paraestatales, intentando dejar limpia su fachada institucional. Sin embargo, ese teatro de impunidad de poco o nada le ha servido, ya que todas las instituciones burguesas se han visto salpicadas por la parapolítica, la paraeconomía y la parajusticia.
Las fechorías cometidas por los sicarios de los poderosos y perpetradas para imponer y mantener su orden siempre han sido consideradas como crímenes menores, por muy crueles y sangrientos que sean. Y en cuanto ha surgido la oportunidad, han pasado página sobre ellos, como pasó con los atroces crímenes de los paramilitares y del ejército.
Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 perdieron la vida a causa del conflicto armado 450.664 personas, cifra que puede llegar a los 800.000 si se tiene en cuenta el sub registro. De ellos, únicamente el 20 % eran combatientes, el resto fueron civiles asesinados. Según las investigaciones adelantadas, dos terceras partes de esas muertes -y con mucho las más sádicas y crueles- son responsabilidad de paramilitares (53,35 %) y de agentes estatales (14,6 %)[9]. Pero todos esos crímenes de Estado permanecen en la impunidad, a lo mucho, son expiados con una mera confesión de culpa, de paso incompleta y selectiva. Y lo peor es que, fruto de esa impunidad y de esa permisividad, los paramilitares siguen engrosando sus filas y asesinando.
El Estado simplemente pasó página y les dio carta blanca para que volvieran a conformar estructuras paramilitares. De hecho, hubo bloques enteros, como el Bloque Norte, que montaron un show televisivo el día de la desmovilización, presentando a campesinos y desempleados como paramilitares, mientras sus verdaderos integrantes seguían asesinando. El gobierno de Uribe tenía pruebas de que Jorge 40 había seguido ordenando decenas de asesinatos después de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz y no se le excluyó del proceso. En lugar de ello, el gobierno les hizo concesiones en reiteradas ocasiones con respecto a sus condiciones de detención, facilitando la continuidad de sus crímenes.
“La caravana de seguridad [de Mancuso] es bien conocida en Montería. Largas filas de camionetas blindadas anuncian ruidosamente el paso del antiguo comandante y de sus 20 escoltas armados con fusiles. Mancuso recorre en helicóptero la zona, como un soberano que revisa sus dominios. Cuando quiere hacer compras, le ordena al piloto tomar vuelo a Medellín. No le pueden faltar los zapatos Ferragamo que luce en su cómodo apartamento del barrio El Recreo, convertido ahora en la verdadera sede del poder regional. Allí se reúne con políticos, zanja pleitos de tierras, exige el pago de deudas atrasadas y arregla riñas entre vecinos…” (Daniel Coronell, ”Príncipes y Mendigos”, Semana, 29 de julio de 2006). Aproximadamente en la misma época, la revista Cambio informaba que el director de DAS, Jorge Noguera había asignado al jefe paramilitar Jorge 40 una camioneta blindada comprada para uso exclusivo del presidente Álvaro Uribe y equipada con un chip especial para evitar detenerse en los controles de las autoridades.
En realidad, la desmovilización de los paramilitares entre 2003 y 2006 fue solamente un entramado político y judicial para intentar lavar la cara del Estado y del capital -nacional e internacional- que operaba en Colombia. Desde el principio, el Fiscal General Mario Iguarán redujo la exigencia de la Corte Constitucional de una confesión “completa y veraz” a una mera “versión libre” de veinte minutos, sin obligación de juramento de verdad.
Lo peor fue que todo se diseñó para que la mayoría de los paramilitares responsables de los delitos graves lograran eludir el proceso de investigación e interrogación, ya que habían sido indultados en virtud de las Leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, como meros actores políticos, sin ninguna vinculación con sus subordinados. Así, numerosos jefes paramilitares quedaron en absoluta libertad o fueron liberados inmediatamente sin interrogación, ni cargos pendientes. En realidad, de los más de 53.000 paramilitares desmovilizados, menos de 300 proporcionaron confesiones e información a los fiscales. Según sugiere la organización Human Rights Watch, desde la misma Fiscalía General se incentivó el abandono de las confesiones[10].
No era para menos, con esas pocas confesiones ya iba saliendo a la luz la complicidad de los militares, de las empresas que les financiaban y de sus caudillos políticos. Senadores, congresistas miembros del gabinete del gobierno, gobernadores, alcaldes, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, miembros del Ejército, de la Policía y del DAS, hasta el propio presidente -Uribe- y vicepresidente -Santos- iban quedando salpicados por vínculos con los paramilitares. Y no por cualquier vínculo, muchos militares empezaron a quedar relacionados con su participación en espeluznantes masacres como la de Mapiripán, El Salado, El Aro o El Chenge entre otras muchas.
A ese punto, el gobierno de Uribe decidió que lo más conveniente era extraditarlos y separarlos de las investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación. Esa extradición de los paramilitares fue el último acto de una opereta de impunidad, que permitió que la élite política y económica, bien manchada de sangre como estaba, quedara protegida tras un muro de silencio.
A pesar de todas esas atrocidades, las instituciones judiciales de Colombia dejan ver bien claro su complicidad, cuando ven más factible convertir en gestor de paz a carniceros que planificaron el degüello de niños en El Salado o convirtieron Mapiripán en un matadero, que liberar a jóvenes cuyo delito fue destrozar mobiliario urbano en medio de las protestas.
La ecuación es perversa, pero clara: en Colombia la vida de un obrero, de una estudiante o de un campesino vale menos que el caucho de una llanta. Los asesinos con fosas comunes en su historial no les incomodan, pero les aterran las movilizaciones masivas que ponen en evidencia que su ‘legalidad’ se sustenta en ríos de sangre, que ni las extradiciones ni los discursos de reconciliación podrán limpiar.
Por eso, en medio de estas nuevas movilizaciones marcadas por la convocatoria a Huelga General, el reclamo de libertad inmediata para los y las jóvenes presos debe escucharse más claro y alto que nunca. Porque cada joven tras las rejas es el símbolo de un pueblo que no aguanta más maltratos y humillaciones, una alegoría de la lucha contra la opresión y a la explotación.
Autoría:
Susana Gómez – integrante del Centro de Pensamiento y Teoría Crítica PRAXIS
Referencias
