Fotografías: IG - Luis Carlos Ayala
Trochando Sin Fronteras – Febrero 18 de 2021
En las últimas semanas se ha visibilizado la crisis humanitaria que vive Buenaventura. Ello ante el creciente número de hechos de violencia y la profundización de la guerra por el control territorial. Organizaciones delictivas como los sotas, los espartanos, la local y la empresa, han sido señalados como los perpetradores de estos actos. Según la Silla Vacía[1] y Noticentro «Desde el 30 de diciembre del año pasado han ocurrido 38 enfrentamientos urbanos, 22 asesinatos y el desplazamiento de 156 familias”.
Video: IG - Daniel Acosta Torres
Esta creciente ola de violencia está ligada a dos elementos. El primero, ligado a la violencia del Estado, que se expresa en el abandono, la no garantía de servicios básicos -agua potable, alcantarillado-, además de la falta de vivienda, salud, educación y ofertas laborales generando en esta ciudad índices de pobreza por encima del 60% para la población urbana y del 90% para la población rural[2]. El segundo, ligado al control territorial por bandas criminales a las condiciones que ofrece la economía legal e ilegal en el puerto.
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De acuerdo con un habitante de la zona de quien nos reservaremos su identidad se pudo establecer que:
“Tenemos un problema de salud hace muchos años, uno llega al hospital y no encuentra insumos, no encuentra medicamentos, lo mandan a comprar los medicamentos a la calle para poder aplicárselos, en algunos lugares no hay médicos… Si uno no llega al hospital botando sangre, no lo atienden sino después de 12 horas; el personal médico carece de sentido humano para atender a la comunidad y muchas veces nos discriminan”.
Según una denuncia periodística hecha por Gerardo Quintero en semana rural en 2018 “Desde el 2014 el Hospital Departamental, una entidad de salud de segundo nivel, cerró sus puertas por pésimos manejos administrativos y laborales. Las acreencias de la entidad llegaron a 20.000 millones de pesos, lo que hizo inviable su permanencia. Las EPS le llegaron a deber 8.000 millones de pesos y los embargos superaron los dos mil millones”[3].
Además de la precaria atención en salud, en el puerto se han encontrado restos de heces fecales en el agua para consumo; evidenciando el mal estado de la planta de tratamiento y la inexistencia de una para las aguas residuales. Según la Fundación Paz y Reconciliación en un trabajo de investigación sobre las condiciones del acueducto:
“Según manifestó el comité por el agua – hoy Comité del Paro Cívico –, en el 2002 el promedio de servicio de agua en los hogares era de 12 horas diarias mientras que en la actualidad es de 6 horas día de por medio. Además, una cuarta parte de la ciudad no tiene acceso al servicio de acueducto y una tercera parte no tiene un sistema de alcantarillado -DANE, 2018-” [4].
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La falta de oportunidades laborales, además de la no garantía de sus necesidades básicas; son factores que obligan a jóvenes a insertarse en bandas y grupos armados. Estas condiciones sumadas al abandono estatal propician el ingreso de la población al mercado de la guerra; para así suplir en alguna medida las necesidades que el Estado no garantiza.
En 2020, como resultado de la misión humanitaria adelantada por organizaciones sociales se realizó un informe en el que se denunció la crisis histórica de Buenaventura y alertada sobre el abandono de los gobiernos:
“La misión pudo comprobar que no existen servicios de agua potable, energía y puestos de salud… La infraestructura educativa y de salud se encuentra en estado de abandono… La contratación de docentes no corresponde a las necesidades poblacionales en los 5 ríos… Es alarmante situación de vulneración al derecho a la salud por la proliferación de epidemias y brotes…
Proliferación de la minería ilegal, y los proyectos de exploración y explotación minera y de generación de energía por medio de hidroeléctricas ponen en riesgo la vida de las comunidades y produce daños ambientales irreparables… La presencia de la Armada Nacional en los centros poblados de las cuencas de los ríos, violan el derecho internacional humanitario y el principio de distinción…
No existen avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial; no hay cumplimiento de los acuerdos adquiridos con la comisión étnica para la paz y la defensa de los derechos territoriales”[5.]
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Sumado a esto, en el informe se alertaba sobre la vulneración a los derechos humanos; especificando la necesidad de una intervención estatal multidimensional para evitar la profundización del conflicto.
“Las condiciones de vulnerabilidad a causa del profundización del conflicto a raíz de la presencia de Fuerzas Armadas, Paramilitares, las Disidencias de las FARC, ELN y actores de no identificados que ponen en riesgo la vida de la población civil, generando desplazamiento forzado, confinamiento, desintegración comunitaria y cultural, riesgo de reclutamiento, abuso sexual violento, especialmente a mujeres y niñas”.
Sobre la coyuntura actual, un habitante de Buenaventura y miembro de PCN contó para este medio que:
“Buenaventura es un municipio estratégico para el narcotráfico y cualquier actividad ilícita… quien manda en los barrios de Buenaventura son los grupos armados al margen de la ley… la comunidad ha mirado hablar a policías con personas que hacen parte de esas bandas criminales… si eso sucede en los barrios es posible que haya un vínculo…
Hay una comunicación entre ellos que permite que todas las operaciones que las bandas criminales hacen, sean efectivas, también nosotros hemos llegado a conocer que cuando hay alguna captura de un referente o un comandante de esas bandas criminales, es porque viene la autorización del alto gobierno, porque la comunidad tiene claro que la policía sabe quiénes son, donde están y donde mantienen, no es necesario que la comunidad diga qué hay qué hacer”.
Según las denuncias de la comunidad se está viviendo una guerra incesante, desde hace más de 20 años. Los picos de violencia vividos en las últimas semanas preocupan; se han dejado de utilizar armas convencionales y se ha comenzado a utilizar armamento de guerra para combatirse entre supuestas bandas.
“Uno sabe que no son bandas, sino que son estructuras paramilitares organizadas. tienen una línea de mando y con su ideología, porque la ideología principal de ellos es despojar a la población del territorio”.
Además del recrudecimiento, preocupa entre la comunidad es la indolencia del Estado; incluso de la gente que se beneficia de los recursos económicos que entran por Buenaventura a nivel nacional.
La crisis actual en Buenaventura no se trata de una disputa histórica entre grupos y bandas armadas. Es el abandono del Estado, el que ha precarizado las condiciones de vida de los habitantes, a tal punto que la guerra es la única salida.
