Comunidades del centro poblado La Paz participaron masivamente en Cabildo Abierto por la Permanencia Digna en el Territorio y la Defensa de la Vida, donde presentaron graves denuncias por afectaciones ambientales y violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Trochando sin fronteras 31 de Agosto de 2015
El pasado 30 de julio se realizó con un cabildo abierto convocado por comunidades afectadas por la fuerza pública y empresas petroleras, a fin de denunciar la situación humanitaria generada por la actuación de esas entidades en detrimento de la población araucana.
También se esperaba que las autoridades competentes tomasen las medidas necesarias frente a la mencionada situación, por lo cual se cursó invitación al gobierno nacional, al departamental y a las autoridades municipales de Arauca y Arauquita.
Varios integrantes de la población civil dieron sus testimonios en un escenario de interlocución con las instituciones del estado presentes. De tal forma, la rectora de la institución educativa Andrés Bello, señaló que el Ejército Nacional ha estado persuadiéndola, buscando que se legitime su presencia en la sede educativa e insistiendo en que se le dé participación a la tropa en ejercicios institucionales del colegio. Esto es calificado por la directiva docente como un riesgo para la comunidad educativa, ya que opina que el colegio no puede servir como espacio donde se desarrolle el conflicto armado. Se estableció que el Ejército se ha acantonado en las instalaciones de ese y otros colegios en Arauca, poniendo en riesgo la integridad y la vida de los estudiantes, por ser esta una zona de conflicto.
Otros de los participantes del cabildo manifestaron estar cansados de ser usados como escudos humanos en el conflicto armado, porque esa situación viola derechos fundamentales como la educación. Los padres de familia se han visto obligados a no mandar a sus hijos al colegio, lo cual tampoco resuelve el problema de seguridad, puesto que la militarización se extiende a las viviendas y vías públicas de pequeños caseríos como La Paz y otros en los que habita la población civil. Tales espacios son en los que la gente desarrolla su vida cotidiana, por lo tanto, la exigencia más fuerte que se realizó en el cabildo fue la desmilitarización de la vida y los espacios civiles, es decir, que el Ejército Nacional salga del caserío lo más pronto posible.
Por su parte, las comunidades que habitan en la zona de influencia petrolera ubicada entre los municipios de Arauca y Arauquita, quienes también acompañaron el ejercicio constitucional del Cabildo, denunciaron que la presencia de las petroleras ha traído muerte y desplazamiento a la población de dicha zona y destrucción a los recursos naturales que se encuentra allí. Según sus testimonios, tanto la fuerza pública como la seguridad privada de la compañía petrolera impiden transitar libremente por el territorio; además se han contaminado fuentes de agua natural producto de la extracción de crudo y se han taponado varios caños, ocasionando graves inundaciones especialmente es esta época de invierno. Al respecto, y gracias a una larga jornada de protesta de las comunidades, se firmó un acta de acuerdo entre éstas y la Occidental de Colombia, que contiene compromisos para resarcir los daños que ha sufrido la gente. Por lo anterior, el llamado de esas comunidades ante las instituciones del estado, fue al cumplimiento de esos compromisos firmados por la OXY, de los cuales el gobierno fue garante.
A pesar de la amplitud de la convocatoria, sólo autoridades locales y órganos de control asistieron al Cabildo. Entre ellos, la Defensoría Regional del Pueblo, las personerías municipales de Arauquita y Fortul, algunos miembros de la Asamblea Departamental y la Alcaldía de Arauquita, se comprometieron a llevar las denuncias a las entidades correspondientes para continuar la investigación de la situación.
De esta forma se espera que las denuncias también se lleven al congreso de la república para que desde allí también sea posible realizar acciones que contrarresten el involucramiento de la población en el conflicto interno y para hacer valer y respetar el derecho internacional humanitario; que de manera oportuna el estado actúe en favor de la comunidad y no de la guerra, ni de las multinacionales.
