Más de 1000 personas, habitantes de los municipios de Saravena, Fortul, Tame, Arauquita, Samoré, Toledo y Cubará, hicieron de este último un escenario del Cabildo Abierto por la Vida, la Justicia, los Derechos Humanos y el Territorio.
Este mecanismo constitucional de participación ciudadana sirvió para denunciar la conducta del estado colombiano respecto a los habitantes del Sarare, que por un lado es de abandono, pero cuando el pueblo se levanta y exige, la desidia se convierte en represión violenta, principalmente contra los líderes sociales.
El Sarare es una zona de colonización, construida a base del trabajo y la organización de miles de personas que vieron en este rincón del país el único lugar que podía albergar sus sueños y planes de vida. A partir de esa organización social es que se ha logrado la precaria inversión de recursos públicos, representada en la construcción de algunos puentes y la electrificación, entre otros. Pero lejos de reconocer que es precisamente la exigencia de las comunidades lo que ha generado el progreso del Sarare, el estado colombiano ha estigmatizado a la población civil.
Por tal razón, en el Cabildo se expresaron diversas denuncias contra la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional), a raíz de actos violatorios del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Entre ellos, la publicación de panfletos con los nombres o apodos de dirigentes comunales señalándolos como milicianos de la guerrilla, amenazas, invasión de predios privados, contaminación de fuentes hídricas, deforestación.
El homicidio del veedor ciudadano
El caso que generó mayor indignación, particularmente entre la población de Cubará (Boyacá) fue el reciente secuestro y homicidio del ex alcalde de ese municipio Samuel Bohórquez, en agosto pasado. Pese a que sus captores se identificaron como ‘autodefensas de Casanare’ y pidieron una suma de $20’000.000 por el rescate, en el Cabildo varias denuncias realizadas apuntaron a responsabilizar al Ejército Nacional de ese hecho, constituyéndose así en un Crimen de Estado.
Se destacó que Samuel ejercía el cargo de presidente de la veeduría ciudadana sobre el proyecto de mantenimiento y pavimentación de la Ruta de la Soberanía, actividad que le había generado señalamientos y amenazas por parte de miembros del Ejército. Precisamente, a finales del año pasado el Veedor había instaurado una denuncia contra el Coronel Hernández, encargado de la ejecución del referido proyecto, en la que lo responsabilizaba de cualquier evento en el que pudiera resultar comprometida su integridad personal.
Esa premonitoria denuncia, y el hecho de que fuera en una zona altamente militarizada donde ocurrió el rapto y posterior asesinato del líder cubarense, hacen evidente la relación entre el Ejército y el crimen cometido contra Samuel Bohórquez.
La Ruta de la Soberanía
Uno de las principales exigencias, que compromete las necesidades y el bienestar de habitantes de los departamentos de Arauca, Boyacá y los Santanderes, es la denominada Ruta de la Soberanía, la cual intercomunica tales entes territoriales, constituyéndose en fundamental para el intercambio de productos agrícolas y manifacturas, así como el tránsito de personas. A pesar de ello, es una vía que se encuentra en precarias condiciones, y cuyas obras de mantenimiento actualmente desarrolla el Ejército Nacional.
Por supuesto, las comunidades organizaron una veeduría ciudadana a fin de supervisar el cumplimiento de los aspectos legales en la contratación y ejecución de tal obra. A raíz del ejercicio de ese derecho (y deber) de la ciudadanía, quienes se vienen beneficiando de los actos de han mostrado públicamente su descontento con quienes han asumido la vocería de la comunidad. Se ha llegado al punto de expresar, por parte de los militares ejecutores de la obra, que los líderes y veedores constituyen un obstáculo para el desarrollo del proyecto.
Pero lo que realmente ha constituido un obstáculo, y que fue denunciado en el Cabildo, fue la serie de irregularidades que acompañó desde su inicio un proyecto cuyos recursos asignados ascienden a la suma de 116.000 millones de pesos. Entre otros, se señalaron: la ausencia de estudios previos de la obra, de licencias ambientales y de póliza de garantía, la asignación ‘a dedo’ del contrato para proveer material pétreo a una empresa de San Andrés, a pesar de haber varias cooperativas en la región que demostraron la capacidad de efectuar el suministro eficiente y oportunamente.
Continúa la lucha
El Cabildo realizado en Cubará demostró que ante los mecanismos de represión, el pueblo no se doblega ni se amedrenta, y que por el contrario, continúa el proceso de organización y exigencia al estado colombiano, en defensa de su territorio.
