Bogotá DC, febrero 5 de 2017
Por: Melisa Herrera Gomez
La Universidad Libre de Colombia, centro de pensamiento liberal creado con el lema – “Scientia-fons-libertatis” (La ciencia es fuente de libertad), ha cerrado sus aulas. Aclaramos no está en liquidación, y aunque los estudiantes realizaron un cese de actividades al inicio de semestre tampoco se debe a esta situación.
La universidad de aulas abiertas a todos, como es conocida por la comunidad universitaria se encuentra en una etapa de cierre gracias a políticas institucionales y personales que la están transformado, limitando la calidad, la libertad de cátedra, la docencia y hasta el ingreso de los estudiantes con alzas significativas en las matrículas.
Desde el 29 de enero de 2018 sus estudiantes decidieron declararse en paro por las inconformidades plasmadas en el pliego de peticiones que incluye mejoras significativas en: la calidad docente, la inversión del dinero de matrículas, las deficientes instalaciones físicas y tecnológicas, déficit de ejemplares en la biblioteca, baja participación de los estudiantes en la toma de decisiones que le atañen a la comunidad universitaria, las limitadas oportunidades que se le brindan al estudiantado y un sinfín de inconformidades plasmadas en el pliego; pero el detonante ha sido la Resolución del Nº 20 del 12 de diciembre de 2017[1].
Esta Resolución realiza una alza significativa en los costos de matrícula superando claramente el Índice de Precios al Consumidor –IPC-, otros cobros pecuniarios que aumentaron considerablemente su valor fueron las validaciones, tutorías y vacacionales, aunque la universidad y sus directivas tienen la autonomía de establecer el costo de la matrícula, este debe ser sustentado ante el Ministerio de Educación, y debe retribuirse en las funciones misionales de la universidad y no en los bolsillos de los directivos.
Aunque el paro fue levantado el día 31 de enero de 2018, con motivo del inicio de reuniones entre estudiantes y las principales directivas, los cuales discutirían el pliego de peticiones establecido por los estudiantes, la posición de las directivas fue clara e intransigente: la Universidad tiene derecho a realizar los reajustes necesarios debido a que es una Universidad privada y ya no es una Universidad con las aulas abiertas a todos.
Ante este panorama desde el estudiantado se promueve la discusión sobre la realidad de la universidad y se hace un llamado para estar al tanto de lo que sucede y luchar por sus derechos como estudiantes y como personas que pagan por el derecho a la educación, pero no a cualquier educación, una educación digna, de calidad, responsable, transparente y de libre pensamiento.
[1] Resolución nº 20 (12 de diciembre de 2017) «Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que la Universidad Libre podrá exigir durante la vigencia de 2018». Http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2017/pecu131217a.pdf
