Trochando Sin Fronteras Edición #27
Por: Fundación de derechos humanos PASOS
La creciente concentración de la población en Bogotá choca con sus condiciones y relaciones sociales. Una industria débil, entes privados manejando salud, educación, vivienda, cultura y movilidad, derechos laborales sin garantizar, son las características de la ciudad actual. Esto lleva a la gente a vivir de la economía de subsistencia, como el trabajo informal.
Crece la economía ilegal que trae consigo el aumento de la violencia social. La consolidación del narcotráfico en los barrios encuentra a la fuerza pública como aliado decisivo en el control territorial de este fenómeno social. Vivimos en una Bogotá militarizada por el Estado y el paraestado que, con la excusa de la criminalización y estigmatización de la población, va profundizando el conflicto social en el ámbito urbano.
Peñalosa dice ser representante de una administración sin izquierda ni derecha. Bajo esa fachada, empresarios y grupos económicos ganaron alcaldías y gobernaciones, como si las condiciones sociales se derivaran de una mala gerencia y no por causas estructurales. Su administración pone “el precio” como fundamento de los factores productivos de una sociedad, es decir, el trabajo, la salud, el suelo, la tecnología, la educación, la infraestructura y el conocimiento están regidos bajo éste.
Pero no todos los que vivimos en esta ciudad estamos en las mismas condiciones, algunos somos desplazados, víctimas del conflicto, habitantes de la periferia, jóvenes sin trabajo, ancianos desamparados, niños desnutridos y, por lo tanto, tenemos condiciones distintas que nos impiden elegir libremente qué consumir. No existen garantías para acceder a esos bienes de consumo colectivo libremente.
“Recuperemos Bogotá” es el lema de un gobierno gerencial que posiciona el pensamiento neoliberal a la fuerza, por medio de la criminalización a las protestas de los ciudadanos, la judicialización de sus acciones y la persecución a quien no esté de acuerdo.
Este modelo de ciudad es un fortín para desarrollar una estrategia política que favorece los países dominantes y la burguesía criolla; que pone los derechos humanos y conquistas sociales en la ilegalidad, incluso como objetivo del paramilitarismo y la limpieza social; la “Bogotá mejor para todos” es la manifestación de un Estado mínimo en lo social y máximo en lo policiaco.
En los últimos días la alcaldía ha sido objeto de acciones de protesta por los graves problemas de movilidad en la ciudad. Peñalosa cuenta con una legislación que le permite limitar el derecho a la protesta. También tiene una estrategia de comunicación que estigmatiza cualquier forma de oposición; por eso insiste en invertir más recursos en la policía, para fortalecer el y aumentar el pie de fuerza. También se pretende implementar la secretaría de seguridad, a fin de mejorar la percepción de seguridad de los bogotanos, lo que le permitirá tener una ciudad supremamente vigilada.
Ante el oscuro panorama, la lucha por el derecho a la ciudad se vuelve prioridad y alerta a las organizaciones de derechos humanos a defender la protesta y el movimiento social. Lo anterior, ya que el mencionado crecimiento poblacional implica un aumento de la demanda de reivindicaciones por servicios públicos, educación, salud, derechos políticos, movilidad, entre otros que, ante la negativa y represión del Estado, han terminado por situar a estas personas como una fuerza en ascenso y cualitativamente capaces de movilizarse.
La intencionalidad de nuestros actos nos permitirá elegir sobre nuestro futuro, usar la memoria para definir nuestro presente, pero sobre todo, para plantear nuestro futuro.
