Por: Grupo de Estudios Geopolíticos y Territoriales
Desde 1970 en Colombia no se realizaba un censo que reflejara la situación del país en materia de productividad, uso y tenencia de tierras. Para el 2014, el DANE puso en marcha el 3er. Censo Nacional Agropecuario (CNA) en los 1.101 municipios del país y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que arrojó un total de 3,9 millones de predios rurales en todo el territorio nacional, incluyendo 773 resguardos indígenas, 181 tierras comunitarias de comunidades negras y 56 parques nacionales.
En los primeros resultados del 3er CNA se comprobó que el 69,9% de las Unidades de Producción Agrícola (UPA) tienen menos de 5 hectáreas (Ha) y ocupan menos del 5% de toda el área censada; mientras que el 0,4% de las UPA tienen 500 Ha o más, ocupando el 41,1% de los predios censados y finalmente el 0,2% de las UPA tienen más de 1000 Ha y ocupan el 32,3% de las tierras censadas. Lo anterior, no es más que un escaneo de la situación actual en las zonas rurales del país, que demuestran el incremento de la fragmentación de tierras desde 1970 a la fecha, agravando la brecha entre ciudad y campo. Lo que indica que unos pocos productores tienen en su poder extensiones de tierras destinadas a actividades agropecuarias extensivas y agroindustriales; mientras que más de la mitad de productores del país tienen poca hectáreas que a duras penas alcanza para la sostenibilidad del hogar; poniendo en entre dicho una disponibilidad de alimentos para la población colombiana
Por otra parte, el CNA revela que en cuanto a tenencia de la tierra, hubo un aumento del arrendamiento llegando al 9.8% del total. De igual forma, el 71.2% del área censada, es propia, pero la tierra no está precisamente en manos de los campesinos, llevando a que estos se vean en la necesidad de duplicar el trabajo, pues dos terceras partes trabajan de forma permanente en las UPA y además venden su mano de obra a otras unidades productoras con el fin de adquirir recursos económicos agregados. En consecuencia el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de concentración de la tierra, alcanza el 0.85 de 1.0, evidenciando el monopolio que se mantiene en la propiedad, uso y tenencia.
Desde varias décadas atrás el panorama del agro en Colombia se ha vuelto complejo, en vez de propender por una soberanía alimentaria en el territorio nacional, lo que presenta es una barrera que cada día es más acentuada; es decir, que los campesinos que hacen parte de ese 69,9% producen básicamente para el autoconsumo y de forma diversificada, ya que es innegable la poca capacidad que tienen como pequeños productores para ser eficientemente productivos, frente a productores que hacen parte del 0,2% e incluso del 0,4% que se han volcado a la agroindustria y a la producción con fines de exportación como estrategia. Si en el país continúa bajo este modelo de desarrollo, la tendencia a que los campesinos terminen viviendo en microfundios (predio menor a 3 Ha) incrementará, y su calidad de vida será más perecedera que la actual; de igual modo, la disponibilidad de productos nacionales para el consumo interno será mínima y la dependencia de la nación a la producción extranjera de alimentos será regla general.
Las UPA que cuentan con menos de 5 hectáreas, predestinan el 70,5 % de sus tierras para actividades agropecuarias, pero de este porcentaje el 56,8 % es destinado a pastos y el 42,7% a actividades agrícolas (entiéndase como aquellas relacionadas con la agricultura y el cuidado de animales ya sean bovinos, porcinos, entre otros). Por otra parte, las UPA con 500 o más hectáreas, usan el 62,9% de sus extensiones de tierra para actividades agropecuarias, de las cuales el 81,4% son destinadas a pastos y solo el 18,1% a actividades agrícolas, y finalmente las unidades de producción agrícolas con más de 1000 hectáreas, disponen el 22,6% para actividades no agropecuarias y el 41,2% de sus tierras para actividades agropecuarias, porcentaje del cual se destinan 75,7% para cultivos de pastos y 22,7% para actividades agrícolas.
Al detenerse a mirar con lupa estas cifras, se revela que actualmente el país presenta un conflicto agropecuario por usos de suelo; departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Tolima, presentan una gran cantidad de UPA de menos de 5 hectáreas, con destinación a cultivos que no superan la producción y abastecimiento básico para el hogar, mientras que departamentos como Meta, Vichada y en general los llanos orientales, presentan UPA con gran cantidad de hectáreas destinadas a grandes infraestructuras, cultivo de pastos y ganadería extensiva, evidenciando el desaprovechamiento de tierras adecuadas para la siembra de productos que hoy son importados desde otros países.
Es así como en el último par de años, se han presentado dos escenarios en Colombia, en el primero se refleja un descenso en la producción de cultivos de ciclo corto como el arroz, el maíz o la papa, generado principalmente por la caída de áreas sembradas, producto del desincentivo que ocasionó la baja de precios del 2013, llevando a la quiebra a muchos de los agricultores del país; cabe mencionar que además el desánimo de estos productores no solo se debe por la baja rentabilidad y competitividad, sino también a la vacilación jurídica respecto a la propiedad de la tierra. Y en el segundo, se destaca el ascenso de cultivos de ciclo largo como la caña de azúcar, palma de aceite, cacao, frutales o plátano para exportación, que fueron beneficiados esencialmente por las condiciones climáticas que permitieron la recuperación de los mismos.
Por otra parte, la solicitud de créditos de inversión para la siembra de cultivos de ciclo corto y largo, compra de animales, maquinaria e infraestructura, reporta una caída en promedio de un 83%, principalmente en las UPA que cuentan con menos de 5 hectáreas; pero a la vez, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) afirma que, se destaca el marcado crecimiento en los créditos para normalización de cartera, resultado que confirma la difícil situación que han tenido que enfrentar los productores debido a la caída en sus ingresos, producto del elevado precio de los agro-insumos, la baja tasa de cambio y en últimas el firme descenso en los precios de sus productos.
De acuerdo con los datos declarados y registrados a enero del 2015, la importación de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron un crecimiento de 17,6% en especial por productos como los cereales y preparados de cereales (69,4%) y productos lácteos y huevos de aves (329.2%). Al mes de agosto de 2015, el Ministerio de Agricultura reporta un aumento al 75% de importaciones en cereales y legumbres; entre los cereales está el trigo que es importado casi el 99%, la cebada, utilizada en concentrados, productos de consumo humano y producción de cerveza, importa en promedio un 90%, el maíz un 80% y el arroz un poco más del 50%. En cuanto a leguminosas como el frijol, alverja y lenteja, las importaciones están por encima del 50%.
Así, aunque existe gran cantidad de tierra para sembrar alimento en el territorio nacional y responder a las demandas de la población, la concentración de la tierra y la política rural del país van en contravia de la soberanía alimentaria de los colombianos y profundizan la dependencia de nuestro sistema productivo. A la fecha en Colombia, existen 15 millones de hectáreas aptas para la siembra de productos como cereales, leguminosas y frutales, y solo se cultivan 5 millones de hectáreas en estos. Adicionalmente, con un precio del dólar que pasó de 1800 a más de 3000 pesos, se genera un incremento en el costo para los consumidores, creando una inconformidad en el acceso a productos que hacen parte de la canasta familiar.
Ante este panorama, el gobierno actual en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) estima un presupuesto a la Transformación del Campo de 49.271.574 millones de pesos, distribuidos en sus cinco objetivos 1) Reducción de la pobreza y la ampliación de la clase media rural. 2) Impulsar la competitividad rural. 3) Fortalecimiento institucional de la presencia territorial. 4) Ordenamiento del territorio rural y acceso a la tierra por pobladores rurales. 5) Cerrar las brechas urbanorurales y sentar las bases para la movilidad social. Lo que se concluye es que en el afán por subsanar un declive en la producción de alimentos, se están tomando medidas que favorecen al capital financiero, implementando estrategias de crédito y subsidios.
Con esto, se demuestra que los objetivos planteados por parte de los últimos gobiernos no han sido dirigidos a favorecer la producción agropecuaria en Colombia. Pues si bien, para 1970, se estimaba un área agrícola de 7.6 millones de hectáreas hoy sólo se cuenta con 3.9 millones, lo que pone sobre la mesa un deterioro sostenido, producto de la desindustrialización y abandono del sector agropecuario; que no sólo se recalca por la evidente desigualdad, sino por la falta de oportunidades para una producción soberana de la nación.
