También se señaló como ese poder autocrático en América Latina ha sido más fuerte debido a la hegemonía elitista de capitalistas y terratenientes y a que cuando ha flaqueado, ha sido apuntalado por el alto poder de persuasión de los Estados Unidos . Frente a ese poder han reaccionado los sectores populares, dando paso por ahora, a gobiernos liberales de izquierda, creándose una situación en que los gobiernos reformistas son sitiados por las fuerzas del capital, con lo cual solamente se están prolongando los sufrimientos que causa la crisis.
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Ese cuadro, bastante general, se cumple en la situación actual de Colombia. La crisis de acumulación de capital que despuntó desde mediados de los años setenta, se postergó mediante el reforzamiento del autoritarismo y la para-militarización de la sociedad, tendencia que alcanzó su máxima expresión con los gobiernos de Uribe. No obstante, en las dos últimas décadas fue posible una ligera recuperación de las ganancias capitalistas a partir del quebrantamiento de las muy limitadas condiciones de vida de proletarios, campesinos y demás sectores populares, de allí que ellos terminaron por reventar con furia en las inusitadas protestas de 2019 y 2021.
Cansados hasta el hartazgo, identificaron la necesidad de construir una salida popular a crisis, perspectiva que se acompañó de la consigna “que la crisis la paguen los capitalistas”. Sin embargo, la falta de programas claros y organizaciones fuertes de carácter nacional, posibilitaron que el gobierno de la gran burguesía dirigido por Iván Duque se impusiera por la fuerza, mediante el asesinato impúdico o llenando las calles con sus militares, de modo que el ciclo se cerró sin compromisos a favor del pueblo. Tal situación se tradujo en un respaldo de los sectores populares a Gustavo Petro, cuyo gobierno ahora está sometido a las estrategias, descritas en el anterior artículo, de contrapoder y cerco.
El gobierno de Petro es producto del quiebre al que fue sometido el régimen político ultraconservador dirigido por Uribe . También de la oportuna gestión de coaliciones con fracciones de partidos de derecha, y de corrientes menores de izquierda liberal, o autodefinidas como izquierda, algunas e ellas vinculadas a los movimientos sociales organizados. En tal sentido, el actual gobierno ejerce su mandato en medio de un equilibrio inestable.
Equilibrio inestable en el sentido que el gobierno no cuenta con una base social mayoritaria propia, por tanto, su gobernabilidad deriva de los apoyos prestados desde su exterioridad y se mueve en medio de una fuerte contradicción. Así, de un lado depende del apoyo que le presta una fracción de la burguesía modernizante, que logró incrustar en el gobierno aparte de sus representantes políticos y cuya tarea principal viene siendo evitar que la burguesía cargue con los principales costos de la salida a la crisis. Del otro lado, cuenta con el apoyo que pueden proveer los movimientos políticos y sociales de izquierda, ilusionados con el cumplimiento de sus históricas demandas por bienestar y justicia social, quienes exigen que sean los grandes capitalistas quienes carguen con el mayor peso para salir de la crisis social, pero además esperan cambios sustantivos a sus condiciones de vida. Por esto, es evidente que alcanzar los objetivos de un cambio social significativo es imposible sin tocar en serio los beneficios y derechos que terratenientes y grandes capitalistas consideran como su privilegio natural.
En síntesis, la característica principal del cuadro político es que “el actual gobierno progresista solamente controla parte del poder ejecutivo —que apenas es un segmento del poder del gobierno, y más aún del Estado capitalista—, lo que significa que su capacidad de dirección está “sitiada” o limitada por el poder real que ejerce el capital sobre el conjunto de la sociedad. Esto, en parte, ayuda a entender por qué se inclina a gobernar mediante pactos con los partidos que dicen sostener una ideología liberal “progresista” o reformista” .
Así, el ejercicio de gobernabilidad en una condición de equilibrio inestable se manifiesta mediante un aguijoneo constante de las contradicciones, ruido que permanente se regresa en contra de los programas del gobierno. Esas condiciones se manifestaron plenamente en una fuerte devaluación del 11 % entre mediados de octubre e inicios de noviembre. Si bien allí cobraron peso los incrementos internacionales de tasas de interés, ha sido evidente el juego especulativo de una parte del capital financiero y petrolero para evitar el buen curso del tibio proyecto de reforma tributaria con el que ligeramente se le incrementan los impuestos.
A su paso, la industria de noticias (RCN, Caracol, El Tiempo, Semana), los centros ideológicos como FEDESARROLLO, los voceros de los gremios (ANDI, SAC, Fedegan…), y los líderes de los partidos, en especial los liberales con Gaviria, se movieron en forma organizada, incluyendo movilizaciones en varias ciudades del país, proceder que se ha utilizado con frecuencia en Brasil, Argentina, o Bolivia. Toda su acción se dirigió a posicionar ideas tales como que el gobierno ya había perdido la favorabilidad de los ciudadanos, o que sus iniciativas son un atentando contra la inversión de modo que en un futuro próximo habría que importar combustible, llegando al descaro de la manipulación al propagar la idea de que los pequeños tenderos se verían obligados a cerrar sus negocios.
Sin embargo, nunca tuvieron en cuenta, por ejemplo, que el sector petrolero en Colombia es de los que menos tributos paga si se le compara con otros países de América Latina, percibiendo solo 16 centavos por cada dólar de valor agregado (Contraloría General de la República 2013) . O, que su tasa de ganancia puede ser fácilmente siete veces superior a la obtenida en el sector de la manufactura (Revista Proletaria No 4). O, que países como Inglaterra se han visto en la necesidad de colocar tasas del orden del 25 % a las ganancias extraordinarias de ese sector por los altos precios actuales, y que aquí solamente se aspiraba a incrementarlo en un pírrico 10 %, a más de sustraer los pagos de regalías de los descuentos en el pago de renta, asunto apenas lógico porque son dos causaciones diferentes. Esta discusión fue, en parte, apaciguada por las declaraciones de Biden, el 31 de octubre, al amenazar con un alza de impuestos a la industria petrolera de ese país ante las obscenas ganancias en el último año.
En todo caso, la doble estrategia de incrustación y cerco que la burguesía y sus partidos aplica sobre el gobierno cumplió en buena medida sus propósitos. Fue así que inicialmente el gobierno recortó las meta de setenta billones propuesta durante la campaña y la bajo a cincuenta billones, reduciéndole luego a veinticinco billones, teniendo que conformarse al final con solamente veinte. Lograda tal poda en el Congreso, “milagrosamente” el dólar empezó a ceder terreno para dirigirse hacia su anterior nivel. Más importante es que lograron despuntar, afinar y afilar las estrategias de desgaste y cerco sobre el gobierno, proceso señalado por el ministro de Justicia, al afirmar que para los grandes medios de comunicación “el gobierno es culpable de existir” .
Con este proceder, la burguesía y sus voceros de los partidos y gremios faltan a los compromisos verbales que adquirieron en medio del paro nacional de mayo de 2021, momento en que reconocían la magnitud de la crisis y se mostraron decididos a aportar recursos para lograr una salida que beneficiara a los sectores más afectados, mostrando que pretenden generar las condiciones para intensificar los conflictos y la violencia, para en medio de ella poder recuperar su nefasto régimen de gobierno.
Por eso, desde las clases y sectores populares es fundamental asimilar las lecciones sobre las maneras como se desenvuelve la crisis de la sociedad capitalista en América Latina. Hay que ser conscientes de cómo los intentos de incrementar la participación popular en las decisiones de la vida democrática casi siempre se han limitado a mecanismos institucionales o formales mediante los cuales solamente se procura sostener a los gobiernos, sin lograr verdaderos cambios sustantivos. Así, han sido menos notorias y decisivas las iniciativas novedosas, como la planificación participativa en Brasil, que han sido truncadas por la acción del bloque capitalista. Por eso permanece el reto de cómo y hacia dónde modificar el contenido de la democracia.
Un elemento importante por asimilar es que el proceso pendular entre derecha y reformismo es socialmente muy costoso para los sectores populares, y políticamente peligroso para toda la sociedad, debido al revanchismo violento que caracteriza a la ultraderecha. Así mismo es relevante evitar el adormecimiento o la cooptación institucional de los movimientos sociales, las movilizaciones y sus protestas, ya que se corre el riesgo de perder la capacidad crítica frente al capital debido a que el gobierno solamente es una parcialidad, mientras el poder real lo mantienen con firmeza la burguesía y los terratenientes.
Por tanto, es necesario trabajar por ampliar la brecha política que se ha abierto con las pasadas protestas, empujando los esfuerzos en dirección a consolidar una salida popular a la crisis del país. En tal sentido, los sectores proletarios y populares enfrentan el gran reto de pujar en todos los espacios sociales para lograr que la rama se incline en su favor y el fruto caiga de su lado. Necesidad que el mismo presidente Petro reconoce, al señalar que, por ejemplo, reformas como la agraria no serán posibles sin la conformación de un sujeto político nacional que se encargue de darle sustentabilidad más allá de su mandato. Este criterio es válido también para otras iniciativas y sectores de la sociedad como trabajo informal y desempleo, pensiones, salud, educación, vivienda y urbanismo, entre muchos más.
Vale recordar que frente a la crisis de la democracia representativa, la Constitución de 1991 amplió su concepción a un Estado social de derecho, permitiendo la creación de herramientas de participación como las consultas populares. Sin embargo, están han sido coartadas al máximo por la burguesía y sus partidos, en especial cuando han despuntado para controlar el desastre causado por el sector minero energético. Por eso, el actual gobierno, en parte, encara esas limitaciones y viene posibilitando prácticas que se dirigen a modificar los limitados criterios con los cuales se ha implementado la democracia en el país.
De esta forma ha estado abriendo puertas a la discusión y participación, como son los diálogos regionales vinculantes, mediante los cuales se deben recoger las iniciativas de las comunidades de cara a la definición del Plan Nacional de Desarrollo a 2026. Sin embargo, eso es insuficiente, es necesario avanzar hasta un punto en que las experiencias y espacios de deliberación y decisión populares no queden sujetos a la buena voluntad de los funcionarios y del gobierno de turno. De aquí se abre la demanda de que tales mecanismos sean considerados medios legales y legítimos para avanzar hacia un tipo de democracia caracterizada por ser asamblearia, permanente, popular y constituyente, posibilitando que se transformen en espacios realmente decisorios en la vida democrática del país, que puedan poner en cuestión el poder autocrático del capital.
En concordancia, es importante conseguir que los espacios abiertos o ganados permitan ampliar las fuerzas, la convocatoria, los programas, y las perspectivas. Tal lógica, aplicada al llamado para celebrar una Convención Nacional Campesina a inicios de diciembre, invita a que, de una parte, se diagnostique claramente la situación del sector agropecuario y se formulen reformas no reformistas para su transformación. De otra parte llama a asimilar que el problema del hambre sobre campesinos, proletarios y demás sectores populares y, por tanto, incumbe a todos y todas.
Por todo lo anterior, surge la necesidad de ampliar el llamado a que se celebren más capítulos de Convección, que permitan reunir a otros sectores de clase o sociales a fin de fortalecer sus programas y organizaciones, todo ello enfocado a que el año próximo se suceda una verdadera Convención Nacional en la que de conjunto se fijen los programas y tareas de mediano plazo tendientes a consolidar la salida popular a la crisis que vive el país.
