Autores: Luis Carlos Vesga León[1]; Ricardo Apolinar[2]
Los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural son mundialmente subsidiados; estos subsidios están presentes en todos los niveles de la cadena de producción: exploración, explotación, transformación, transporte, comercialización y distribución (consumo). Esto ocurre mientras el planeta exige grandes transformaciones que mitiguen realmente los efectos que han ocasionado principalmente los Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, mismos causados en su gran mayoría por la combustión y la evaporación de combustibles fósiles (COP27, 2022).
Precisamente el 2022 es un año particular en medio de la volatilidad y especulación de los precios de los combustibles fósiles a nivel mundial. El precio llegó a uno de los tres picos más altos que ha tenido en su historia: $91,4 dólares por barril en el 2008, $107,46 en el 2012 y $85,4 en el 2022 (OPEP, 2023). Los subsidios en el sector también experimentaron valores récord a nivel mundial, que alcanzaron los $343.000 millones de dólares para el petróleo y $9.000 millones de dólares para el carbón, subsidios que superan de lejos aquellos que se dan a las energías alternativas y renovables, a pesar de todos los compromisos ambientales adquiridos (IAE, 2022). Así, los países han optado por subsidiar el consumo a través de varios mecanismos como: exenciones fiscales, subsidios directos, rebaja de impuestos, algún tipo de control de precios a través de empresas estatales o fondos de estabilización (BBC, 2022).
El caso colombiano: Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)
La importancia de hacer un análisis a los precios de los combustibles radica principalmente en el impacto directo sobre la inflación fundamentalmente de los alimentos, pues según el Banco de la República, se estima que por cada 10 % de alza en los precios de la gasolina y el diésel, la inflación aumenta un 0.85 % en promedio (Rincón, 2009). Por esta razón, los más pobres salen afectados en medio de recortes a los subsidios de los combustibles fósiles y la medida se hace impopular.
Se puede decir que tiene cuatro momentos de regulación de los precios de los combustibles.
Antes de 1998 los costes incurridos por importadores o refinadores eran ajustados una o dos veces al año, razón por la que los ajustes impactaban directamente en la inflación.
Entre 1998 y 1999 el Ministerio de Minas y Energía (MME) optó por regular los precios de la gasolina y el diésel, tomando como referencia el precio internacional, los costos de transporte, seguros y se establecieron los regímenes de libertad vigilada y libertad regulada.
En 1999 el MME introdujo el concepto de paridad, definido como el costo de oportunidad que enfrentan los productores o importadores por vender los combustibles en el mercado interno, con el fin de que el precio regulado fluctuara mensualmente de acuerdo con el precio internacional y la tasa de cambio. En este sentido, hasta 2007 el Estado colombiano asumió el costo total de la política de estabilización de los precios de los combustibles, es decir, que antes de transferir el margen de utilidad de ECOPETROL al Presupuesto General de Nación se descontaba el costo de oportunidad que es la diferencia entre el precio internacional y el ingreso al productor (precio que recibía realmente el productor al vender los combustibles en el mercado interno).
El cuarto momento se dio en 2007 cuando el costo de oportunidad se acercó a cero, lo quiere decir que el precio que recibía el productor en el mercado interno, estaba cerca al precio internacional. Por esta razón se crea el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) que estableció:
- El productor o importador recibirá siempre el precio internacional.
- El fondo ahorra cuando el precio internacional está por debajo del precio de venta del productor o importador, esta diferencia la cobra el fondo a las comercializadoras.
- El fondo se descapitaliza cuando el precio internacional está por encima del ingreso al productor (en este caso el FEPC saca de lo que tiene ahorrado para dárselo al productor o importador).
Desde la creación del FEPC, el precio internacional de los combustibles (gasolina y diésel), ha estado por encima del precio que recibe el productor o importador. Por esta razón en muy escasas ocasiones el fondo ha ahorrado realmente y el gobierno de turno siempre ha tenido que subsidiar esta diferencia frente al productor o importador.
Por ejemplo, en el gobierno de Duque (2018-2022) se presentó una alta volatilidad de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, ante lo cual el ejecutivo no realizó ninguna acción con respecto al precio que recibía el productor o importador, y, por lo tanto, el FEPC alcanzó una deuda de $7,8 billones en el segundo semestre de 2021, un adicional de 6,3 billones en el primer semestre del 2022, y con un acumulado de deuda a diciembre de 2022, creciendo a un ritmo de más de $2 billones por mes, de $28 billones de pesos según estimaciones del gobierno nacional (CRAFT, 2022). Dicho déficit se cubre con los dividendos de la Nación en ECOPETROL S.A., que para el 2022 fueron de $21,57 billones. Así las cosas, si todos los dividendos fueran a compensar el Fondo aún harían falta $6,43 billones (La República, 2022).
Decisiones del Gobierno Nacional
Como respuesta para atenuar el hueco fiscal que representaba seguir sin hacer nada, el actual gobierno de Gustavo Petro, inició un plan de alzas a los precios de la gasolina, con un incremento mensual de $200, a excepción del mes de mayo de 2023, cuando fue de $600, hasta el desmonte total del subsidio. Así, como ya lo ha anunciado el nuevo ministro de Hacienda, el plan del Gobierno es que el precio de la gasolina corriente llegue al precio internacional, que hoy ronda los $16.500. A ese ritmo se llegaría a dicho precio internacional en junio de 2025, siempre y cuando el precio internacional no siga subiendo (CREG, 2023).
Para apaciguar el descontento social, la administración Petro, congeló los precios del diésel, para no afectar al gremio transportador y de pasajeros, como el de los peajes de INVIAS y la ANI por un año. Con ello, buscan darle un pequeño respiro a la inflación, que en fin y al cabo no se contendrá con una gasolina 46 % más costosa. Esta política de precios la ha justificado en:
Aliviar las finanzas públicas, dado que el precio de la gasolina en Colombia es uno de los más bajos de la región, ubicado en el tercero puesto después de Bolivia y Venezuela.
El desmonte gradual de los subsidios a los combustibles fósiles puede incrementar la balanza hacia las energías alternativas, acelerando la transición energética y mejorar la inversión social.
Claro está que el aumento de los precios de la gasolina representa de una u otra manera un impacto negativo para sectores medios de la población. Así mismo, sostener el congelamiento de tarifas tiene un punto de agote, por lo cual es necesario entran a analizar la situación de explotación de los recursos minero-energéticos por parte de empresas multinacionales para así entrar al verdadero debate que está alrededor de la renta petrolera.
Referencias
