«El cántaro se rompió». Con esta frase, los campesinos del César explican su decisión de movilizarse en el departamento desde mañana. Denuncian que, pese a su apoyo al Gobierno del Cambio, las instituciones ‘brillan por su ausencia’: tierras entregadas sin sostenibilidad, líderes amenazados y mesas de negociación fantasma. ‘No nos quedará otra que la calle’.
En un contexto marcado por los incumplimientos estatales y la violencia sistemática contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades rurales, la Comisión por la Vida Digna ha convocado una movilización nacional para exigir al Estado colombiano cumplir con los acuerdos pactados.
En su comunicado la Comisión, a través del Coordinador Nacional Agrario expresa que la reforma agraria en el limbo, ante el abandono estatal. Expresan que por tres meses han esperado infructuosamente los espacios de mesa y diálogo con el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior.
«Como organización regional hemos trabajado incansablemente por lograr la Reforma Agraria Integral y Popular que orienta nuestra lucha y que guía nuestros corazones, hemos sido pacientes ante las dificultades que enfrenta la institucionalidad del Gobierno del Cambio; es más, nos hemos organizado, hemos salido a marchar para apoyar las reformas una y otra vez sin necesidad de nada más que nuestra convicción sobre aquello que es justo».
Con la consigna «Tierra digna, no promesas vacías», las comunidades campesinas del Cesar iniciarán este jueves una movilización en las vías principales del departamento. La protesta, convocada por la Comisión por la Vida Digna, responde al incumplimiento sistemático de acuerdos firmados desde 2022 con el Gobierno nacional, según denuncian.
Los motivos de la movilización
En el comunicado expresan la ausencia del Ministerio de Agricultura bajo la dirección de Martha Carvajalino; además, indican que por nueve meses han esperado a que se cumpla con la palabra dada al campesinado sin tierra de nuestras asociaciones de Bosconia, Chimichagua, Tamalameque-Pailitas, Astrea y San Martín por parte de la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de su director Felipe Harman y bajo la asesoría departamental del Alexandra Pineda.
Los campesinos en el comunicado evidencian que las tierras entregadas son insuficientes, y que los condenan a entregas provisionales, mientras que no se respeta la autonomía y democracia al negar los títulos colectivos; según denuncian estas acciones dejan a las familias y comunidades campesinas sin las condiciones económicas mínimas necesarias para que la entrega de tierras sea sostenible a largo plazo y podamos producir comida, cuidar la naturaleza, comercializar nuestros productos con precios justos y consolidar nuestras apuestas territoriales como son los TECAM.
«Insistimos en la necesidad de que la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, así como su asesora para el Departamento respeten las representaciones legales de nuestras asociaciones y sus vocerías, y se abstengan de seguir realizando acuerdos sobre nuestros procesos con individuos que no hemos elegido para representarnos ni con delegados de otras organizaciones, particularmente en el municipio de Chimichagua».
Además de la anterior denuncia, las comunidades plantean que desde el 2022 el Ministerio del Interior no convoca la Mesa de Interlocución Regional pactada ese mismo año con la Comisión Por la Vida Digna. Las comunidades son enfáticas en expresar que la mesa es el escenario idóneo para encontrar las soluciones a las problemáticas de tierra, derechos humanos y territorio de nuestra organización.
«Este incumplimiento sistemático incrementa el riesgo que actualmente enfrentan nuestras vocerías y comunidades campesinas por su papel en la lucha por la reforma agraria».
En un comunicado difundido este martes a través de las redes sociales del CNA, la organización campesina detalló los puntos críticos que los llevaron a declarar la movilización en el departamento.
Instalación inmediata de la Mesa de Interlocución Regional por parte del Ministerio del Interior bajo la dirección de Armando Benedetti, instancia pactada con la Comisión por la Vida Digna y el MTCC desde el 2022 e inactiva desde marzo del 2024, estableciendo una ruta de cumplimiento de los acuerdos establecidos, iniciando por el Decreto 660 y la implementación de acciones que garanticen la seguridad e integridad de nuestras vocerías y comunidades por parte de la Unidad Nacional de Protección.
Acompañamiento técnico y financiero real por parte del Ministerio de Agricultura para otorgar sostenibilidad a las adjudicaciones de tierra y la consolidación de los TECAM en Bosconia, Chimichagua-Astrea, Tamalameque y San Martin, e implementación de proyectos productivos viables por parte de la Agencia de Desarrollo Rural.
Cumplimiento inmediato a los acuerdos pactados entre la Agencia Nacional de Tierras bajo la dirección de Felipe Harman y la Comisión por la Vida Digna en el marco de la Mesa de Interlocución creada bajo resolución de diciembre del 2024, concretamente para el acceso a tierras de las comunidades campesinas de nuestra organización que habitan en los municipios de Bosconia, Chimichagua, Astrea, Tamalameque- Pailitas y San Martin.
En el marco de la Mesa de Interlocución creada entre la Agencia Nacional de Tierras y la Comisión por la Vida, crear e implementar un protocolo de relacionamiento con las organizaciones campesinas de nuestro proceso que respete la autonomía, forma organizativa, mandatos e instancias de interlocución y decisión democráticas definidas por nuestra organización, sin interferencia de intereses clientelares particulares y concertando instancias reales de diálogo y unidad con otras organizaciones campesinas del departamento, especialmente en Chimichagua. Para la Comisión es fundamental que la entrega de tierras fomente la unidad del movimiento campesino de la región en lugar de la división y la competencia entre organizaciones.
Adjudicación colectiva de los predios La Oficina, Santo Domingo y Las Américas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, respetando el mandato organizativo y el proceso decisorio que nuestras comunidades campesinas han realizado de manera democrática y autónoma, apoyando el ordenamiento territorial y ambiental propio, así como el cumplimiento de los reglamentos comunitarios para impedirla sobre – explotación de los predios por la ganadería extensiva que solamente beneficia a unas pocas personas en detrimento del bien común.
