Durante las jornadas de movilización llevadas a cabo desde el 4 de junio en seis puntos de encuentro en el territorio nacional, las comunidades proponen 10 acciones concurrentes y coordinadas que permitan desmontar el paramilitarismo y garantizar la vida y la permanencia en el territorio.
En medio de la mesa permanente de interlocución y negociación nacional, las comunidades propusieron al Gobierno Petro 10 acciones:
Reconocer la existencia de una estrategia paramilitar nacional a nivel rural y urbano, orientada a desarrollar un proceso genocida contra el movimiento popular.
Suspender inmediatamente de toda pretensión de reconocimiento político como tercer actor de las estructuras paramilitares que pretenden diálogos regionales, socio jurídicos o políticos.
Desestructurar el componente económico del paramilitarismo.
Investigación de los financiadores y determinadores estatales y privados.
Rendir informes periódicos públicos sobre los avances y resultados.
Remoción o destitución de altos y medios mandos de la fuerza pública en donde hay indicios, denuncias o evidencias de connivencia y ausencia de acción efectiva contra el paramilitarismo.
Desclasificar los archivos de inteligencia de los últimos 50 años, cuya publicación permita identificar a funcionarios, entidades del estado, organismos de inteligencia, militares, políticos y empresarios comprometidos en la conformación, financiación, instrucción y apoyo al paramilitarismo.
Acatar de inmediato las recomendaciones y sentencias de las tres últimas décadas, proferidas por organismos internacionales de derechos humanos contra el Estado colombiano. En especial, aquellas relacionadas con la superación de la impunidad de los crímenes de Estado.
Dirigir de forma inmediata una comunicación al fiscal de la Corte Penal Internacional para que reabra el examen preliminar sobre la situación de Colombia.
Acatar la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión 49, del 17 de junio de 2021.
Recordemos que las movilizaciones se realizan en Bogotá, Sur del Cesar, Chocó y el Cauca, organizaciones por organizaciones de campesinas, étnicas y urbanas que integran el Congreso de los Pueblos y que manifiestan el rechazo a la arremetida paramilitar en sus territorios.
