En Socha Boyacá, comunidades exigen desmilitarización y cumplimiento de sentencia ambiental en medio de conflicto minero. Las comunidades con apoyo de la Fundación de Derechos Humanos «Joel Sierra» denunciaron que en este municipio se incumple una orden judicial para suspender la explotación carbonífera; mientras que, autoridades locales estigmatizan la protesta social y militarizan la zona, poniendo en riesgo a líderes ambientales y campesinos.
“No aceptamos que se criminalice la defensa legítima de nuestros territorios”, afirmó un integrante de la comunidad movilizada. “Socha no es una excepción: es un reflejo de cómo el Estado prioriza intereses extractivistas sobre la vida y los derechos humanos”.
La «Joel Siera» alertó sobre la represión estatal en protesta ambiental de Socha y exigió al Estado colombiano garantías para la protesta pacífica en El Alisal, donde comunidades resisten a proyectos mineros. La Fundación advierte sobre la persecución a líderes y reclama intervención internacional.
La Fundación de Derechos Humanos «Joel Sierra» emitió una denuncia el 20 de marzo en la que visibiliza la situación de comunidades campesinas y ambientales que resisten y denuncian que entidades ambientales y municipales omiten sentencia del Consejo de Estado que ordena suspender actividades de exploración y explotación de carbón en la vereda El Mortiño. La comunidad de El Alisal, movilizada desde enero de 2025, exige el respeto al derecho a un ambiente sano (Artículo 79 de la Constitución) y rechaza el contrato minero FGD141, que amenaza su territorio.
Según el documento, el 18 de marzo fracasó una mesa de concertación convocada para resolver el conflicto. En ella, líderes campesinos y ambientes solicitaron retirar a la fuerza pública del área, alegando que su presencia viola el Derecho Internacional Humanitario al exponer a civiles a riesgos innecesarios. Sin embargo, el alcalde Oscar Antonio Hurtado Carvajal calificó las exigencias como «grave afectación al orden público», «denuncio ataques y agresiones a funcionarios públicos» y vinculó la zona con presencia de «grupos al margen de la ley», citando alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Las comunidades a través de la Fundación Joel Sierra rechazaron estas declaraciones, señalando que no hay evidencia de agresiones por parte de los manifestantes. «Ni el alcalde ni las fuerzas de seguridad fueron atacados verbal o físicamente», subraya el comunicado, ello haciendo alusión a videos difundidos en medios acompañados de la denuncia de la Alcaldía de Socha.
Es de resaltar que el conflicto surge tras el incumplimiento de la «orden séptima» de la Sentencia del Consejo de Estado, que en 2023 suspendió actividades carboníferas en la región por daños ecológicos. Pese a ello, Corpoboyacá y la Agencia Nacional de Minería han permitido avances del proyecto FGD141, ignorando la participación comunitaria exigida por la ley.
Entre las exigencias claves de las comunidades campesinas y ambientales se encuentra la desmilitarización de los espacios de protesta e interlocución, garantizar la Mesa de diálogo abriendo una nueva instancia de interlocución con participación segura y respeto a sus pliegos de exigencias y la protección al campesinado, generando inversión social y reconocimiento de los derechos del campesinado como sujetos colectivos.
La Fundación instó a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería a investigar posibles violaciones de derechos humanos por funcionarios. Asimismo, pidió a entidades internacionales monitorear la situación y exigir al Estado colombiano cumplir sus obligaciones en materia ambiental y humanitaria.
