Los habitantes de la vereda El Mortiño, en el municipio de Socha, Boyacá, enfrentan graves problemáticas derivadas de la minería de carbón, intensificadas por la decisión judicial que podría reactivar las operaciones de la empresa Carbones El Alizal, anteriormente conocida como Carbones Andinos. Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre las comunidades locales y los intereses extractivistas que operan cerca de ecosistemas estratégicos como el páramo de Pisba. La minería en esta región plantea serios riesgos ambientales, sociales y de salud pública.
El impacto ambiental se manifiesta principalmente en la afectación del páramo de Pisba, un ecosistema clave para la regulación hídrica y la biodiversidad. Las actividades mineras, al remover grandes cantidades de suelo y liberar contaminantes, pueden alterar la capacidad del páramo para captar y almacenar agua, lo que afecta directamente los recursos hídricos que abastecen a las comunidades cercanas. Además, los residuos tóxicos generados por la minería, como metales pesados y sedimentos, pueden infiltrarse en fuentes de agua, impactando negativamente la agricultura y la ganadería, actividades esenciales para la subsistencia local. La contaminación auditiva y paisajística es otra preocupación relevante.
¿Cómo afectan estos proyectos extractivistas a las comunidades?
Lina Arismendi, integrante del colectivo Resistencia y Lucha por El Agua informa que: «Esta situación afecta a las comunidades del municipio de Socha ya que se ven afectados se verían afectados con la reapertura de esta mina dos acueductos veredales y el acueducto del casco urbano del municipio de Socha, además de esto pues hay riesgo de deslizamientos hay unas aberturas muy grandes en los terrenos y hay también afectaciones en las viviendas, también ya que es una una mina que está ubicada como en el centro de de varias viviendas, pues hay afectaciones de contaminación auditiva…»
El constante ruido de la maquinaria minera altera la tranquilidad de los habitantes y afecta tanto su calidad de vida como la fauna local, que depende de un ambiente silencioso para sus dinámicas usuales. Por otro lado, la transformación del paisaje, con extensas áreas despojadas de vegetación, reduce el valor escénico y cultural de la región, un aspecto clave para la identidad y el arraigo de sus habitantes. En términos sociales y de salud, la minería genera polvo y emisiones que afectan directamente la salud respiratoria de las comunidades, mientras que el modelo extractivista puede exacerbar desigualdades sociales y generar conflictos entre quienes buscan proteger el territorio y aquellos que apoyan las operaciones por razones económicas. Ante este panorama, la movilización social ha sido fundamental para visibilizar y resistir estos impactos.
Frente a este escenario ¿Qué han hecho las comunidades?
En la vereda El Mortiño, las comunidades han mostrado un fuerte compromiso con la defensa del territorio, organizándose para exigir justicia ambiental, demandando la protección del páramo de Pisba como un bien de interés estratégico para todo el país, y cuestionando las decisiones judiciales que priorizan intereses económicos sobre el bienestar colectivo. Estas movilizaciones reflejan también la lucha por el derecho al agua, a un ambiente sano y a un modelo de desarrollo sostenible que respete las necesidades de las comunidades. La organización colectiva se ha convertido en una herramienta clave para contrarrestar el avance de las empresas extractivistas y construir propuestas alternativas basadas en el uso sostenible del territorio.
El caso de Socha pone en evidencia la necesidad de un diálogo más amplio sobre los límites del modelo extractivista en Colombia, especialmente en zonas de alta fragilidad ambiental. La movilización de los habitantes de El Mortiño no solo busca detener el impacto de la minería, sino también transformar la manera en que se gestiona el territorio, priorizando la vida sobre la explotación desmedida de los recursos naturales.
