miércoles, abril 30, 2025

¿Seguridad? comunidades denuncian actuación de ‘Frentes de Seguridad’ en Boyacá

En medio de disputas territoriales con proyectos extractivistas, la vida de líderes sociales y comunidades rurales de Boyacá peligra. Organizaciones de derechos humanos denuncian que los 'Frentes de Seguridad' incentivan la doctrina del enemigo interno, y reclaman acción inmediata del Estado.

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Organizaciones Sociales de Boyacá alertan sobre militarización y riesgo de violencia paramilitar. Mientras el gobierno de Gustavo Petro promueve su política de ‘’paz total‘’’’‘’, organizaciones sociales de Boyacá denuncian que la creación de grupos armados, respaldados por exmilitares y autoridades locales, está reviviendo prácticas de estigmatización y violencia.

Comunidades organizadas a través del Congreso de los Pueblos y la Corporación COSPACC, emitieron un contundente comunicado para alertar sobre la creciente militarización en el departamento. La conformación de los llamados «»Frentes de Seguridad» —promovidos por exmilitares, la Policía Nacional y la Alcaldía de Sogamoso— ha despertado temores de un retorno a prácticas represivas asociadas al conflicto armado colombiano.

A través de la denuncia las organizaciones señalaron que estos grupos operan bajo una lógica de «doctrina del enemigo interno», históricamente utilizada para criminalizar a la población civil en contextos de contrainsurgencia. «Estos frentes no solo estigmatizan a las comunidades, sino que las exponen a ser tratadas como actores del conflicto«, advierte el comunicado. Además, se alerta sobre el riesgo de que estas estructuras evolucionen hacia formas de violencia paramilitar, similares a las registradas en regiones como el Catatumbo o el Cauca.

La situación es particularmente crítica para líderes sociales y movimientos populares, quienes enfrentan amenazas en un territorio que, aunque no es epicentro tradicional del conflicto, sufre tensiones por proyectos minero-energéticos y disputas por la tierra. Según datos de Indepaz, en 2024 se registraron 12 amenazas a defensores en Boyacá, cifra que podría aumentar si persiste la impunidad.

En el documento las organizaciones plantean algunas exigencias al Estado y a la Comunidad Internacional en que priorizan que se garantice el derecho a la vida e integridad de las comunidades, evitando su vinculación con operativos militares; implementar mecanismos urgentes de monitoreo y protección desde la Defensoría del Pueblo. Además de llamar a la comunidad internacional a monitorear y rechazar modelos de seguridad basados en la militarización.

 

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