Brasil/ Trochando Sin Fronteras

Por un margen de sólo 5 votos, la Cámara Baja del Congreso brasilero rechazó una enmienda constitucional que pretendía disminuír la mayoría de edad penal de los 18 a los 16 años.
La propuesta de enmienda constitucional presentada por Eduardo Cunha, miembro del Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB (de derecha) y Presidente de la Cámara de Diputados brasilera, fue rechazada en la noche de este 30 de Junio. Según la legislación brasilera, la propuesta necesitaba por lo menos 308 votos a favor para ser aprobada. Al final, obtuvo 303 votos a favor, 184 en contra y 3 abstenciones.
El proyecto buscaba que los menores de edad fueran juzgados como adultos en los delitos considerados como “graves” a partir de los 16 años. Entre dichos delitos están los de lesiones personales agravadas, tráfico de estupefacientes, violación y asesinato. Esta propuesta es una nueva versión de otra propuesta similar llevada al Congreso en el año 1993, la cual procuraba reducir la mayoría de edad para absolutamente todos los delitos. Diversas movilizaciones sociales y populares, así como el pronunciamiento de ONGs de derechos humanos como la UNICEF en contra de la misma, fueron clave para que la propuesta fuera desestimada, permitiendo así una importante victoria de las fuerzas populares del país.
Organizaciones juveniles como “Levante Popular da Juventude” (Levantamiento Popular de la Juventud) y la “União Nacional dos Estudantes” (Unión Nacional de Estudiantes) realizaron distintas protestas a nivel nacional junto con otros movimientos sociales, campesinos y de trabajadores, para manifestar su rechazo a la medida. En las arengas, carteles y comunicados, se argumentaba que mientras el gobierno federal instaba a reducir la edad de punibilidad, se afanaba en cerrar escuelas y disminuír el gasto en programas sociales. Se denunciaba también que la mayoría de la población carcelaria brasilera ha estado siempre constituída sobre todo por hombres, jóvenes, negros y de clases populares, agregando que a pesar de que el Brasil cuenta con la cuarta mayor población carcelaria a nivel mundial, su sistema penal no responde a una propuesta de “re-socialización” para reinsertar al preso en la sociedad.
El apretado margen por el cual acaba de ser rechazada la nueva propuesta por la Cámara Baja se suma al recorte de 70.000 millones de Reales en los presupuestos de Salud y Educación, lo que demuestra que el giro a la derecha del gobierno de Dilma Rousseff es innegable.
La batalla que presentan los movimientos sociales y populares contra estas politicas antipopulares continúa, dado que el diputado Cunha ahora pretende volver a presentar la propuesta de modificación constitucional tras efectuarle algunos cambios, con el fin de que sea votada de nuevo y finalmente aprobada.