Trochando Sin Fronteras/Bogotá
El pasado 4 de septiembre el Juzgado 1ro Especializado en Cundinamarca dictó sentencia en el caso por homicidio en persona protegida contra tres jóvenes habitantes del Municipio de Saravena: Nelson Archila Romero, Diomedes Gamboa Giraldo y Robinson Adrián Ortega. Los acusados recibieron una condena de 42 años por el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona ocurrido el 22 de Marzo del 2011.
El proceso judicial contra estos tres colombianos, de profesión mecánico, obrero y vendedor de pescado respectivamente, ha estado viciado por una serie de graves irregularidades que atentaron contra el derecho a la defensa y al debido proceso. Para empezar la fiscalía no investigó la hipótesis sobre la posible responsabilidad del ejército nacional en el asesinato, hipótesis basada en el hecho de que la jueza asesinada llevaba el caso de la violación y homicidio en Tame de tres niños por parte de miembros del ejército. En segundo lugar, la acusación se basó en la declaración de cinco testigos a los que la policía pagó 500 millones de pesos para que señalaran al ELN como responsable del homicidio y a los tres acusados como sus ejecutores. Las declaraciones de dichos testigos fueron contradictorias entre sí, constatándose que no sólo no fueron testigos presenciales de los hechos, sino que a la fecha del crimen dos de estos testigos se hallaban presos, condenados por el delito de extorsión. Para agravar este vicio procesal, no se tomó en cuenta la versión de testigos que sí estuvieron presentes al momento del hecho y se le restó credibilidad a los testigos presentados por la defensa. Por último, el proceso se dilató por más de cuatro años, a pesar de lo cual se le negó a los procesados la libertad por vencimiento de término.
En la sentencia, el juez tergiversó el contenido y el sentido de algunas pruebas y le dio total credibilidad a los testigos comprados por la policía para probar la responsabilidad de los acusados. A pesar de que uno de ellos se retractó de sus dichos públicamente, el juez hizo caso omiso a las graves denuncias efectuadas por ese testigo, en el sentido de que su propio testimonio fue producto de un montaje judicial de la fiscalía y la DIJIN. La defensa apeló el fallo condenatorio, denunciará a los falsos testigos y a los funcionarios de la fiscalía y la policía y anunció que llevará el caso ante instancias internacionales a fin de obtener justicia para los condenados.
El tenor, cantidad y calidad de las irregularidades procesales de este caso no es una excepción dentro de la paupérrima administración de justicia en el país, sino que más bien constituye la norma.
