Actualmente, el debate sobre el uso y aprovechamiento del espacio público en Bogotá está en pleno auge, especialmente en lo relacionado con las ventas callejeras. Un elemento clave que impulsó este conflicto fue la aprobación del artículo 36 del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura, el cual prohíbe las ventas informales en el sistema integrado de transporte público (SITP), particularmente en TransMilenio. Esta medida generó la movilización de vendedores en portales y estaciones, lo que colapsó varias zonas de la capital.
Sin embargo, esta decisión parece ser solo el inicio de un proceso que podría extenderse a otras áreas de la ciudad, vinculado a la crisis por el aumento de la ocupación del espacio público debido a las ventas informales. Este fenómeno ha crecido significativamente en los últimos años. Tras la cuarentena, el número de vendedores ambulantes aumentó un 114 %, pasando de 39.000 a 83.500, según datos del IPES, aunque esta cifra podría ser un subregistro.
Ante esta situación, se abre un debate sobre cómo caracterizar la proliferación de las ventas callejeras, más allá de la dicotomía entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público. Este conflicto, en profundidad, está vinculado a elementos estructurales como la configuración productiva del país, el desempleo, la crisis fiscal en las ciudades y el aumento de la violencia urbana. Todo esto condensa una situación crítica que evidencia los límites del modelo de acumulación de capital en Bogotá.
Los límites del modelo de acumulación de capital en Bogotá.
Para comenzar, es fundamental tener en cuenta que las actividades económicas desarrolladas en el espacio público de Bogotá, muchas de ellas de subsistencia, reflejan una estructura productiva incapaz de absorber a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en condiciones laborales estables y formales. Esta realidad obliga a miles de personas a integrarse a la fase comercial de las mercancías, las cuales suelen ser producidas a gran escala por capitales nacionales e internacionales de diversa magnitud, pero vendidas en el espacio público bajo condiciones precarias.
El crecimiento del sector de servicios y comercio en la capital a lo largo de las décadas, en detrimento de la industria y la manufactura, ha generado una precarización del empleo. La flexibilización laboral, junto con el desempleo, ha deteriorado la calidad de los salarios, lo que ha impulsado a muchas personas a buscar ingresos en la informalidad, utilizando el espacio público como plataforma para comercializar bienes y servicios, la mayoría producidos en el sector convencional. Por ejemplo, en el comercio se ubica el 41 % del trabajo informal de la ciudad. De este modo, estos trabajadores, movidos únicamente por la necesidad de obtener un ingreso, se integran a la lógica del capital, participando en un proceso que los ocupa sin ofrecerles condiciones dignas.
Por lo tanto, este fenómeno no es un hecho aislado o desconectado de las dinámicas económicas predominantes. Por el contrario, es una consecuencia directa de los límites del modelo actual y una expresión clara de su carácter explotador y precarizado. Intentar describir la situación como la manifestación de dos mundos separados —uno convencional y otro informal o popular— es desconocer la incuestionable conexión entre las ventas en el espacio público y las relaciones de producción dominantes.
El derecho al trabajo y el derecho al espacio público
La ocupación extensiva del espacio público refleja, además, el empeoramiento progresivo de la situación laboral y económica de numerosos trabajadores en la ciudad, en lugar de una mejora. La situación es alarmante: en una ciudad de 8 millones de habitantes y una fuerza laboral superior a 4 millones de personas, el desempleo se mantiene firmemente en torno al 10%.
Esta problemática impacta especialmente a las mujeres, con una tasa de desempleo del 10,3%, y a los jóvenes, cuyo desempleo alcanza el 16,1%. La informalidad laboral afecta también a casi el 34% de los trabajadores en la capital, lo que equivale a más de 1,3 millones de personas; de ellas, un 13,6% se dedica a las ventas callejeras.[1]
La creciente proliferación de ventas en el espacio público, que ya no se limita a las zonas céntricas de la ciudad, sino que se extiende a las centralidades de todas las localidades, es un claro indicio de esta tendencia. Localidades como Chapinero, Candelaria, Santa Fe, Usaquén, Kennedy y Suba son especialmente representativas de este fenómeno. El siguiente mapa ubica la distribución de los ocupados informales según el lugar de trabajo
Igualmente, la temporalidad ha mutado, antes eran las épocas de fiestas y los días feriados donde se aumentaba la presión de las ventas sobre el espacio público, al día de hoy es permanente el aprovechamiento, cambiando la presión sobre el mismo, de intensivo a extensivo. Todo lo anterior, bajo la subsunción real de los trabajadores y el espacio público al capital.
Dado este panorama, se está transitando de una política pública por parte de la administración distrital de asimilación e incorporación de las ventas callejeras por medio de un esquema regulado, a una de criminalización y persecución como el citado artículo lo demuestra. Esto muy a pesar que desde inicios de este siglo en Bogotá, se fue consolidando una robusta política garantista de estas actividades, que llevó al desarrollo de una institucionalidad y protocolos, que a partir de las sentencia C 211 de 2017 y la ley 1988 de 2019 dieron algunas garantías.
De la incorporación a la persecución
Uno de los motivantes de este cambio de perspectiva, es la crisis fiscal de la ciudad. La reubicación de actividades productivas hacia municipios cercanos, la elusión fiscal, junto con el aumento de actividades económicas informales que no contribuyen tributariamente, ha coincidido con un incremento en los gastos e inversiones de la ciudad. Estos gastos se destinan a cubrir la demanda de servicios e infraestructura del capital y alguna otra a sectores de trabajadores en condiciones precarias, lo cual ha superado el crecimiento de los ingresos fiscales. Como resultado, se ha generado un déficit que obliga a la ciudad a buscar nuevas fuentes como por ejemplo, los ingresos no tributarios.
El esquema regulado, si bien permitió en un inicio a la ciudad, intervenir en estas actividades, controlandolas y generando ingresos adicionales. El avance de estas medidas en un contexto de creciente precarización de los reducidos ingresos de los cada vez más trabajadores callejeros, ha provocado un conflicto persistente y complejo en el último tiempo. Por un lado la ley obliga a que se les de atención integral y reubicación económica, pero por otro, la única alternativa es la formalización de las actividades, un objetivo imposible de consolidar en las condiciones en que operan la mayoría.
Por lo tanto, el intento de formalización vía la adquisición de obligaciones (esquema regulado), los ilegaliza de un plumazo y genera un marco para que su expulsión y persecución sean legítimas. Por lo mismo, la proliferación de estas actividades ha sido vista, como la “invasión” de la ciudad bajo una lógica de control territorial. Lo más grave es que esta situación, está siendo percibida por la ciudad y caracterizada por el Distrito, como una amenaza para la seguridad y la convivencia.
A pesar de las instancias creadas y las directrices implementadas, las políticas siguen orientando las actividades económicas callejeras, hacia una formalización valga decir difícil de alcanzar o su criminalización. Incluso cuando se promueve la asociatividad, requisitos como el pago por el uso del espacio, la inscripción en el registro mercantil o la obtención de un NIT imponen una carga a los trabajadores informales, sin que exista un apoyo suficiente para fortalecer las organizaciones y las cadenas de valor locales. Además, estas políticas carecen de un presupuesto adecuado para garantizar una implementación efectiva y sostenible, de los 81.597 vendedores informales registrados en el IPES, el 94, 4 % (76.238) nunca han recibido un servicio por parte de la entidad a fines de 2023.
Lejos de disminuir, esta estructura de precariedad se expande y se consolida día a día, siendo la responsable de la ocupación creciente del espacio público y, con ello, la sobreexplotación tanto del espacio construido como del trabajador. En este contexto, cada persona compite por ampliar su clientela y rotar pequeñas cantidades de inventario; aunque los márgenes de ganancia para el trabajador son mínimos, este ciclo constante de venta resulta funcional al capital, que ve en estas actividades un ejército de proletarios que les venden indirectamente tiempo de trabajo socialmente necesario para realizar sus mercancías.
La ciudad no es más que el reflejo de esto, como soporte material del capital, genera condiciones generales para la reproducción de este, por medio de su infraestructura, además su funcionamiento depende de la cantidad de plusvalía. Extraída al trabajador y convertida en impuestos para manejo y administración del Distrito La poca tributación, la evasión y la elusión de los capitales formales y la extensión de actividades informales que no tienen la capacidad y condiciones para aportar, ha reducido el papel del impuesto del ICA, llevando a la necesidad de fortalecer los impuestos a la renta, consumo y el patrimonio, o a la busqueda de ingreso no tributarios, entre el que destaca el uso y aprovechamiento del espacio público.
No obstante, a pesar de su protagonismo el capital no se da por aludido en este conflicto en aumento. Su ocupación del espacio público, bajo la modalidad de free riders, se presenta como algo ocasional y oportunista, aunque en realidad es intensiva y estructural. Según estadísticas del IPES y la Defensoría del Espacio Público (DADEP), solo el 30 % de las utilidades obtenidas permanece en manos del vendedor ambulante, mientras que el 70 % restante se distribuye entre el sector formal y los intermediarios.
El debate sobre el uso del espacio público en Bogotá sigue tomando fuerza, especialmente por el crecimiento de las ventas informales en calles, andenes y sistemas de transporte. Sin embargo, esta medida parece ser solo el inicio de un problema más profundo: la creciente ocupación del espacio público como reflejo de una crisis económica estructural que se agudizó tras la pandemia.
La precarización laboral en Colombia
Detrás de esta aparente «invasión» del espacio público se esconde una realidad más compleja. La mayoría de vendedores informales son trabajadores precarizados que forman parte de cadenas comerciales controladas por capitales formales. El problema tiene raíces económicas profundas. Bogotá ha experimentado un proceso de terciarización que redujo la industria y manufactura (del 12% al 6% del PIB en 20 años), aumentando el empleo precario en servicios y comercio (41% del trabajo informal).
Esta transformación, sumada a la flexibilización laboral, ha dejado a miles sin alternativas más que el rebusque en las calles. Paradójicamente, mientras el Distrito intenta controlar el espacio público con medidas represivas, ignora que estos trabajadores son víctimas de un sistema que los explota y luego los criminaliza.
La crisis fiscal agudiza el conflicto. Con una recaudación que apenas alcanza el 5.8% del PIB distrital y una fuerte dependencia de impuestos (58% de ingresos), Bogotá enfrenta déficits que la llevan a buscar recursos en multas y regulaciones al comercio informal. Sin embargo, esta estrategia es miope: según la Contraloría, por cada peso recaudado en comparendos, se gastan tres en operativos policiales. Peor aún, no resuelve las causas estructurales que empujan a la gente a la informalidad.
Frente a este panorama, se requieren soluciones integrales. Primero, reconocer que la informalidad es síntoma -no causa- de un modelo económico excluyente. Segundo, implementar políticas de empleo que reactiven sectores estratégicos con salarios dignos. Tercero, crear mecanismos de transición gradual a la formalidad, con apoyo financiero y técnico real (hoy inexistente para el 94% de vendedores). Y cuarto, una reforma fiscal que grave a los grandes capitales que se benefician de esta precarización, en lugar de criminalizar a quienes sobreviven en las calles.
Bogotá está en una encrucijada histórica. Puede seguir viendo el espacio público como campo de batalla contra la pobreza, o entenderlo como espejo de desigualdades que requieren soluciones estructurales. Mientras el 24% de sus habitantes vive en pobreza monetaria y el desempleo persiste en dos dígitos, perseguir vendedores informales solo profundizará el conflicto. La verdadera seguridad urbana no se construye con prohibiciones, sino con oportunidades económicas reales para todos.
nota al pie de página
[1] Se estima que el número de personas dedicadas a las ventas informales podría llegar a 176,000. Sin embargo, según cifras del Instituto para la Economía Social (IPES), actualmente hay 123,725 personas registradas en el Registro Individual de Vendedores (RIVI), incluyendo tanto a los registrados como a aquellos no registrados y otros grupos poblacionales.
