Colombia, reconocida por su gran biodiversidad y abundancia de recursos hídricos, enfrenta una profunda crisis en la gestión y distribución del agua, un recurso vital para la vida. A pesar de contar con una oferta hídrica seis veces superior al promedio mundial, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), una gran parte de la población —especialmente en las zonas rurales— carece de acceso seguro a agua potable. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que el 45 % de la población rural vive esta realidad.
El problema se agrava por factores como la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación industrial, la privatización del recurso hídrico y el cambio climático. Un ejemplo emblemático es el río Bogotá, cuyo estado refleja las consecuencias de una administración ineficiente y políticas que priorizan la privatización del recurso sobre la sostenibilidad ambiental y el derecho al líquido vital para la ciudadanía.
Recordamos que la Ley 142 de 1994 abrió las puertas a la privatización de los servicios públicos, permitiendo la entrada de operadores privados en la gestión del agua. Un caso relevante es el de Coca-Cola, que ha explotado concesiones en La Calera, Cundinamarca, desde 1984, renovándolas periódicamente. La última renovación, aprobada en 2024, autoriza a la empresa a extraer más de 101 millones de litros anuales.
Por otro lado, el cambio climático ha exacerbado la crisis. Sequías prolongadas, lluvias intensas y la degradación de ecosistemas clave, como los páramos, han disminuido la disponibilidad y calidad del agua. Según el IDEAM, el 85% de las ciudades colombianas enfrenta problemas de abastecimiento, una situación que requiere atención inmediata.
En una entrevista para Trochando Sin Fronteras, Humberto Polo integrante de Sintraemsdes, menciona que debido a una débil administración política al interior de la empresa de acueducto y de la alcaldía, hoy Bogotá enfrenta esta desfavorable crisis.
“Cada dos años debe hacerse mantenimiento a los túneles de Chingaza, ya vamos para 2 años y medio que se hizo el mantenimiento (…) hubo un cambio en el funcionamiento, llego un nuevo ingeniero que llegó a darle un manejo diferente al sistema, no hizo una compensación entre el sistema agregado norte y chingaza. Si se hubieran compensado los sistemas no tuviéramos porque tener la crisis del agua”
Frente a este panorama nacional, surgen iniciativas comunitarias como las de Arauca, donde empresas como EMCOAAAFORT demuestran que una gestión responsable y socialmente pertinente del agua es posible. Según Juan Evangelista Rocha, presidente de esta empresa comunitaria, su modelo desafía las prácticas neoliberales y prioriza el bienestar de las comunidades.
“Hemos venido a través de la historia, construyendo nuestras empresas comunitarias, empoderándonos en el trabajo asociado, con el fin de tener un recurso con continuidad, calidad y cobertura hacia la parte urbana y rural (….) además, venimos haciendo un trabajo muy importante por la defensa del ambiente, sobre todo la conservación de nuestras fuentes hídricas”
Esta crisis hídrica evidencia las consecuencias de un modelo que mercantiliza los recursos naturales y prioriza el beneficio económico sobre el derecho al servicio de uso colectivo para la sociedad. Por tal motivo es urgente seguir fortaleciendo la gestión popular del agua en todas las regiones del país, que como lo evidencia Arauca, es posible garantizar el agua como un recurso al servicio de la clase popular y con responsabilidad ambiental.
Escucha nuestro programa A tres tiempos donde hablamos sobre la crisis hídrica en Colombia.
