El Comité Departamental de Cuidadores de Salud en Casa denunció públicamente graves vulneraciones a los derechos laborales por parte de la IPS MECAS, entidad que presta servicios en municipios como Fortul, Saravena y Arauquita. En un comunicado difundido el 20 de agosto, los trabajadores señalaron que la intervención de la Nueva EPS ha generado inestabilidad en la contratación y que la empresa ha respondido con despidos injustificados, incumplimiento de acuerdos y evasión de los procesos de concertación laboral.
Entre las principales denuncias se encuentran:
- Despidos arbitrarios de cuidadores que participaron en protestas pacíficas.
- Contratos de prestación de servicios con claras condiciones de subordinación, lo que configura un “contrato realidad”.
- Incumplimiento de compromisos pactados en mesas de concertación.
- Falta de pago oportuno de salarios, que afecta la subsistencia de las familias trabajadoras.
El Comité exige el pago inmediato de los sueldos represados, el reintegro de los despedidos, garantías frente a represalias y la formalización laboral. Asimismo, advierte que si no se instala una mesa de interlocución antes del 22 de agosto, iniciarán una jornada de exigibilidad de derechos.
Estas denuncias se suman a las movilizaciones realizadas en la región por diversos sectores sociales y trabajadores, quienes han decidido salir a las calles para reclamar condiciones dignas y el respeto a sus derechos fundamentales, ante los reincidentes casos de vulneración.
Aunque la dirección administrativa de la IPS Mecas ha buscado transmitir un parte de tranquilidad en Abril del presente años, informando el pago del mes de enero y un adelanto de febrero, lo cierto es que el propio reconocimiento de estos retrasos evidencia la lentitud y los incumplimientos que desencadenaron las protestas. Según el director Álvaro Lizcano, el pago de enero debió hacerse el 6 de marzo y solo se cumplió 22 días después, confirmando la incertidumbre permanente en que se encuentra el personal de salud.
La situación en Arauca pone en evidencia la precarización de quienes garantizan un derecho fundamental: el cuidado de pacientes en casa. Los trabajadores insisten en que su labor merece estabilidad, respeto y dignidad, no despidos ni persecución por defender sus derechos.
