En un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia, la jueza Sandra Heredia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, imponiéndole una condena de 12 de años de prisión y una multa por 2400 salarios mínimos. Sin embargo, ‘El gran colombiano’ solo se le responsabiliza por estos cargos, que representan apenas la capa más superficial de un historial político marcado por denuncias de crímenes y violaciones a los derechos humanos mucho más graves.

El fallo, que marca un momento histórico en la justicia formal del país, establece que Uribe cumplirá su condena en prisión domiciliaria, amparándose en que la pena para estos delitos oscila entre cuatro y 12 años, según el Código Penal. Sin embargo, el beneficio se justifica en su edad y notoriedad pública, criterios que casi nunca se aplican con tanta indulgencia a campesinos, líderes sociales o jóvenes pobres, quienes por delitos menores terminan hacinados en cárceles comunes.

Este fallo condenatorio es inédito: por primera vez un expresidente colombiano es hallado culpable en un proceso penal mientras sigue con vida. Sin embargo, para muchas víctimas del paramilitarismo y de la llamada seguridad democrática, la decisión sigue siendo insuficiente. Lo que esperan no es solo una sanción simbólica a un líder político, sino una justicia que identifique y castigue a todos los responsables, revele la verdad completa y repare de manera real los crímenes cometidos durante las décadas de violencia de Estado que han marcado al país.

Del banquillo a la campaña

Desde el aislamiento de su casa, Uribe no solo esquiva la cárcel, sino que lanza un mensaje también político: “esta condena me anima a seguir luchando por Colombia”, asegura, presentándose como la víctima de una justicia politizada y usando ese discurso para armar, sin pudor, su plataforma de desafío electoral rumbo a 2026.

Ese discurso de víctima y supuesto salvador frente al “neocomunismo” no es nuevo: es la prolongación de una narrativa que, durante décadas, ha justificado la eliminación del adversario político y social bajo la bandera de la seguridad. Lejos de ser un “limpiador” de ideologías, Uribe ha estado rodeado por una cultura de la limpieza social que, en nombre del orden y el progreso, ha perseguido, desplazado y asesinado a miles de líderes populares, jóvenes de barrios pobres y comunidades enteras señaladas como enemigas.

Con la aflicción por la restricción de su libertad, Uribe y su entorno han encontrado en las redes sociales y los grandes medios de comunicación una plataforma para maniobrar y controlar la narrativa. Desde allí, la ultraderecha no solo reproduce el discurso de persecución y victimización, sino que impone agendas, distorsiona la realidad y moviliza emociones para proteger a sus líderes y atacar a sus adversarios. En este escenario, los algoritmos amplifican el miedo y la polarización, mientras los medios tradicionales alineados validan esas versiones como verdades incuestionables, convirtiendo la batalla política en un enfrentamiento tanto judicial como mediático.

Esta combinación de victimización, nostalgia autoritaria y control mediático no solo busca evitar la cárcel, sino asegurar que el poder uribista siga moldeando la política colombiana de cara a las elecciones de 2026.

La memoria, una condena histórica

La democracia burguesa, con sus estrados y condenas, no está diseñada para juzgarse a sí misma ni para desmontar los privilegios de las élites políticas. Por eso, aunque Uribe enfrente una condena histórica, la justicia formal sigue siendo una pieza más de un sistema que protege a quienes detentan el poder.

La verdadera transformación y la lucha contra la impunidad no se ganan solo en los tribunales, sino en las calles, en la organización popular y en la memoria activa de las víctimas y sus comunidades. La justicia que Colombia necesita debe ser integral: que reconozca la violencia sistemática ejercida por el Estado y sus doctrinas, que desmonte las estructuras de poder y los aparatos paramilitares que permitieron esos crímenes, y que garantice reparación real a los afectados, poniendo en el centro la soberanía popular como base para una paz verdadera.

Solo así podrá abrirse paso una democracia directa y popular que deje de ser un instrumento de las clases dominantes y se convierta en un proyecto genuino de justicia social, paz y dignidad para todos.