Otra vez hacen valer sus mecanismos de poder y se burlan de las exigencias elevadas para tan siquiera moderar las condiciones de explotación, intensificadas desde hace dos décadas para sostener los beneficios del capital.
Vale recordar que la función principal de cualquier ley laboral es la de legalizar y legitimar los mecanismos de la explotación del trabajo. También crea ciertas condiciones para que el capital no agote de un solo golpe la fuente de su ganancia, razón por la que fija ciertas normas que imponen límites a los capitalistas, las que eufemísticamente llaman condiciones de protección. A su vez, por medio de esa ley se sujetan y controlan las organizaciones de los trabajadores para que no se subleven, de allí las normas que limitan las huelgas y la acción de los sindicatos.
Y muy a pesar de estas desventajosas condiciones, era aún necesario bregar porque la burguesía permitiera que los trabajadores recuperaran algunos derechos que les fueron arrebatados al inicio de este siglo, en el proceso de apertura económica y con el primer mandato de Uribe en 2002. Por eso, en el muy limitado proyecto que presentó el progresismo, se consideraba la recuperación de parte de la estabilidad laboral, la jornada de trabajo diurna hasta la 7:00 P.M., un mejor pago de festivos y dominicales, la remuneración a los practicantes del SENA, o el establecimiento del jornal para el campo. Y entre lo realmente rescatable, estaban algunos artículos que pretendían fortalecer la organización y autonomía sindical, los que prontamente fueron mutilados por la Comisión Segunda de la Cámara.
Aun así, los capitalistas, sus partidos, sus gremios y sus medios propagandísticos (RCN, Caracol, El Tiempo, Semana) consideraron que esas limitadísimas pretensiones eran una afrenta, un abuso en favor de los trabajadores y trabajadoras, y por eso desataron una vehemente campaña en su contra, afincada en la mentira de que la reforma solamente generaba desempleo, ocultando el poco de bienestar que podría haber significado para los asalariados.
Fue así que movieron sus hilos de poder y lograron finalmente echarla a la basura, en una votación de 8 a 6, en un parlamento que dice representar al pueblo. Brillante victoria para el capital, cumplida por Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Miguel Ángel Pinto, Berenice Bedoya, Ana Paola Agudelo y Lorena Río, todos ellos de los partidos fascistoides de la ultraderecha.
Pero la reacción del gobierno también resulta lamentable. Ello, porque en medio de su crisis, anunció que, ante la posibilidad de archivar el proyecto de reforma, llamaría a una Consulta Popular. A la vez convocó a las masas trabajadoras y populares a las calles sin una estrategia de resistencia popular clara.
Desafortunadamente, se sabe que la iniciativa de Consulta puede fácilmente quedar colgada ante los escollos que debe atravesar: aprobación del Senado, el tipo de preguntas, un umbral de mínimo 13,6 millones de votos a favor, y una revisión última por las Cortes, entidad que no ha dudado en ponerse del lado de los intereses del gran capital como en el caso de la reforma pensional.
Entonces, si el gobierno en realidad pretendía presionar a los congresistas y avanzar en algo, debió haber llamado a que no se abandonasen las plazas públicas. Por lo menos, hasta tanto no se hubiese sucedido la desdichada votación en el Senado.
En vez de ello se limitó a un llamado a movilización de tipo “cívica” el día 18 de marzo, que procuraba más ganar terreno de cara a las venideras elecciones, que de imponerse frente al Congreso. Por eso las marchas ya corrían el riesgo de quedarse limitadas e instrumentalizadas dentro de la perspectiva electorera del gobierno.
Valiéndose del golpe de los capitalistas y sus partidos contra los trabajadores, sabía que el pueblo llenaría las calles, al saberse nuevamente ninguneado con otro estrellón de las puertas en sus narices. De modo que, al no sostener al pueblo en la calle, las marchas solo permiten que el gobierno recupere parte de la imagen y prestigio que no logra administrando las instituciones, y lo realiza de cara a recuperar fuerza y votos para 2026, que complementa con un giro a la derecha.
Por ese camino, la promesa del cambio empieza a desplazarse a un tiempo futuro, el que por esa mera vía nunca llegará, tal como lo atestigua el recorrido ya fracasado de partidos similares como el kirchnerismo, el lulismo o Syriza.
Es así que el resultado de este martes 18 de marzo tiene un sabor a doble garrotazo en contra del proletariado: uno que proviene de la victoria del gran capital y sus partidos de ultraderecha -los que no tardaron en restregársela con saña al pueblo a través de las redes sociales- y otro que viene como por rebote del gobierno, al mostrar que aún tiene capacidad y poder sobre las masas, y al que no le importó que pocas horas después la Cámara propinara con éxito su duro golpe.
Así, el capital logró demostrar que las instituciones que creó para sostener su poder le funcionan a la perfección, porque es capaz de coartar la iniciativa en favor del pueblo. Por eso, al momento de que el pueblo abandonaba la Plaza de Bolívar, enseguida su Congreso les enterraba a los trabajadores su negativa de reforma laboral. Un acto ejecutado como si se tratase de clavarle un puñal por sus espaldas. Doble burla, doble puñal contra el pueblo.
Es necesario aprender. Cuando el estallido social de 2021, la burguesía se asustó ante la posibilidad de que la rebelión creciera y por eso se mostró flexible y tendiente a posibilitar cambios en favor del pueblo. Pero cuando las masas se desarticularon, enseguida pasaron a urdir sobre cómo cercenar las exigencias del estallido. Por eso es que hasta ahora las reformas importantes no han hecho más que hundirse y los problemas no hacen más que crecer.
Afinquemos entonces que, cuando el pueblo se desmoviliza, allí inicia su derrota. Por eso, no puede perder su animosidad y la iniciativa de encontrarse y mantenerse como un poder real que pesa y manda desde las calles, plazas y avenidas. Lo que se debió hacer este 18 de marzo fue sostenerse en las plazas públicas (como lo hicieron los egipcios en 2011 en la plaza Thrir), declararse en Asamblea Popular Permanente, y así ejercer un poder y una presión constituyente, una que ya no debería haber cedido sino hasta cuando la reforma se hubiese aprobado.
De aquí la plena validez y la justeza de la consigna:
