Familiares y diversas organizaciones que acompañan el caso, rechazan la decisión de dejarlo en libertad, escudado en el «vencimiento de términos» procesales, «es una bofetada a la memoria de Sharit y un nuevo indicio de cómo la justicia falla sistemáticamente».
Imagen de convocatoria a la Gran Toma Cultural
La dilación, cómplice de la impunidad
Así como en otros casos, la dilación es cómplice de la impunidad, en un revés para las víctimas el Juzgado 17 de Control de Garantías de Ibagué terminó por ceder a la solicitud de la defensa de Archila, quien argumentó que desde la acusación habían transcurrido 153 días sin que se instalara la audiencia de juicio oral.
Archila Cruz y Santiago Hurtado González permanecieron en un centro carcelario. Luego de ser capturados, confesaron su crimen y señalaron a un tercer implicado. Según el proceso, entre la captura (15 de marzo) y el escrito de acusación (20 de mayo) no transcurrieron más de 60 días; sin embargo, las dilaciones y trámites administrativos se prolongaron llevando a aceptar la petición de la defensa, dejar en libertad a Archila Cruz.
«La impunidad, una vez más, se cuela por las grietas administrativas. A pesar de que los implicados fueron capturados desde marzo, las demoras burocráticas se han convertido en la excusa perfecta para liberar a un presunto agresor confeso»
El reclamo: La justicia debe asumir su responsabilidad
Familiares, colectivas feministas y organizaciones sociales de Ibagué han elevado su voz, exigiendo que este caso no se sume a la interminable lista de crímenes silenciados por la ineficacia judicial. El grito es claro y se dirige a la Rama Judicial.
En medio de Toma Cultural, los participantes exigieron celeridad y rigurosidad judicial. «La vida de las mujeres no puede valer menos que el cumplimiento estricto de unos términos». Además, denunciaron que con sus acciones y omisiones, la «Justicia», permite que los asesinos confesos recobren la libertad.
