En su afán de capitalizar electores para las próximas elecciones, distintos ex candidatos (de gobernación y asamblea), han utilizado los medios y plataformas de comunicación para exigir la judicialización de quienes en las calles y carreteras reclaman sus derechos.
Con alevosía plantean que Ernesto Roa, John Castro y otros líderes no representan a nadie y, frente a esta afirmación, nos preguntamos si las exigencias de las comunidades movilizadas no representan las necesidades de los araucanos. De hecho, podríamos listar algunos puntos del pliego de exigencias: ¿Acaso los jóvenes no tienen derecho a estudiar en Arauca? ¿No se hace necesario adecuar y construir nueva infraestructura para los hospitales, así como habilitar nuevos servicios? ¿O no es fundamental impulsar el funcionamiento de las plantas agroindustriales del departamento?
Parece que, para los peones del Centro Democrático en Arauca, las empresas petroleras son el único sector que tiene derechos, tal vez porque son estas mismas quienes han financiado muchas de sus campañas electorales, de guerra sucia y terrorismo de Estado.
Así, en su afán de posicionar un discurso estigmatizante, se han atrevido a cuestionar la labor humanitaria de la Iglesia, planteando que en esa labor hay “#complicidad?”, y “#negocio?”. Citamos textualmente sus palabras para ubicar que un signo de interrogación resta responsabilidad a aquellos que emiten estas afirmaciones, pero no es suficiente para proteger la vida de los estigmatizados.
¿Quién los protegerá de posibles retaliaciones? Es claro que todo aquel que no se alinee a sus intereses es señalado y perseguido, incluso socavando las instituciones que tanto dicen defender.
Eso sí, con los grupos mercenarios y paramilitares que actúan en la región manejan un discurso suave, a través del cual no las nombran ni siquiera como “disidencias”. ¿Trato amistoso o de connivencia?
Lo cierto es que, mientras algunos trataron de exterminar a los líderes sociales en Saravena hace dos años con un carro bomba, otros disparan palabras en los medios, dejan lápidas en las espaldas de los líderes sociales que llevan la vocería en la movilización. Ni los funcionarios de la Defensoría del Pueblo o la iglesia se salvan de su andanada.
¿Son caras de la misma moneda?, ¿será que el estigma y la persecución que pone en peligro la vida de los araucanos es una táctica para favorecer sus campañas electorales?
