El país vive una crisis alimentaria, a pesar de tener el potencial para ser una gran despensa agrícola. La falta de desarrollo del sistema productivo y el desaprovechamiento del campo como motor económico, lo hacen depender de las grandes potencias que incluso imponen precios sobre productos que podríamos cultivar localmente, sin necesidad de importarlos.
Que hoy se encuentre en crisis el alimento básico de más del 98 % de los hogares colombianos, revela la fragilidad estructural del sistema productivo agroalimentario. La llamada crisis del arroz no es solo una crisis del sector: es la expresión de la crisis del capitalismo colombiano. Evidencia de esto es la importación de arroz de otros países, especialmente de estados unidos, para el 2023 aproximadamente el 88% de las importaciones de arroz vino de este país, lo que provoca la destrucción de puestos de trabajo vía importación y y una alarmante dependencia para suplir un alimento básico.
Esta lógica atenta contra la soberanía alimentaria y profundiza la dependencia de un modelo exportador que privilegia los intereses de potencias económicas extranjeras.
Según Agro Bayer «Colombia es el segundo país productor de arroz de América Latina y del Caribe. El arroz mecanizado representa el 98% de la producción Nacional y al menos el 95% del área total sembrada en el país, la cual fluctúa entre las 400 a 500 mil hectáreas por año».
Entonces, ¿por qué el país se afecta ve afectado por la caída de precios, la precarización del trabajador del campo y la disminución en la producción nacional?
La agroindustria y la burguesía agrícola
Reducir la crisis arrocera al colapso del precio es quedarse en la superficie. Este escenario evidencia el fracaso de un incipiente modelo agroindustrial dominado por relaciones de mercado desiguales, donde el capital privado impone lógicas de rentabilidad sobre necesidades humanas, una lógica agudizada por un sistema capitalista que choca con el desarrollo de fuerzas productivas vía cooperación, relegando así, la soberanía alimentaria al comercio internacional.
Las importaciones masivas de arroz saturan el mercado nacional, empujando a las industrias molineras a comprar producto extranjero a menor precio, marginando la producción local. Esta queda supeditada y pauperizada por el control que ejercen los molinos privados y los intermediarios en la fijación de precios y en las cadenas de distribución.
Bajo esta lógica, los molinos estrangulan a los pequeños propietarios de medios de producción, quienes a su vez terminan precarizando a sus trabajadores. No es un secreto que en Colombia hay cerca de 800.000 jornaleros en condiciones de sobreexplotación e informalidad, muchas veces más duras que en las ciudades.
Es decir, precariza a trabajadores urbanos mediante el alza del precio final del arroz, y a trabajadores rurales mediante la imposición de condiciones cada vez más injustas. Es un modelo que impacta directamente la soberanía alimentaria y acentúa la desigualdad estructural del campo colombiano.
Con un modelo agrícola asimétrico, que se enfrenta a la agroindustria estadounidense, cuya burguesía se vuelve “competitiva” gracias a subsidios estatales. Entre 2021 y 2023, el gobierno de Estados Unidos destinó más de 1.3 billones de dólares en apoyos a sus productores, mientras que Colombia, en el último año, apenas asignó 4,4 millones. Esa brecha no tiene nada que ver con la eficiencia o la competencia en el mercado: es el resultado de un súper Estado que interviene decididamente para financiar a su sector agropecuario y garantizar su hegemonía. Hablar de “libre mercado” en estas condiciones es una ficción.
De la ficción a la instrumentalización
En el actual escenario de movilización del sector arrocero, también se hace visible un riesgo de instrumentalización político-electoral. Resulta difícil no ver como una ficción la aparición de Óscar Gutiérrez —referente del movimiento dignidad agropecuaria— junto a Sergio Fajardo, asegurando que un proyecto político puede resolver no solo la crisis del arroz, sino la crisis estructural del capitalismo colombiano.
La contradicción se acentúa cuando el propio gobierno progresista —participe ya de la cooptación del descontento por vía electoral—, en un consejo de ministros televisado, advierte que los pequeños productores están siendo usados como escudo para defender los intereses de grandes terratenientes y molineros, quienes inflan los costos de producción. Esto no solo revela el carácter desigual del modelo agropecuario, sino también los límites de una democracia representativa que gira en torno a intereses de clase.
Situación que como siempre, deja en evidencia la urgente necesidad de construir una salida proletaria a la crisis, que impulse una agroindustria basada en la cooperatividad productiva, la gestión popular y la soberanía.
El sistema productivo del país, la soberanía alimentaria y la RAIP.
La tarea es urgente y clara: recuperar la seguridad y soberanía alimentaria.
Por esto, se debe seguir apostando por una Reforma Agraria Integral y Popular, que garantice: ¿qué, cómo y para qué producir? incentivando la solidaridad e impulsando al país en soberanía alimentaria, agroecología y la superación del hambre.
