Ricardo Apolinar[1] – Diana Caicedo[2]
Es de resaltar que el texto presentado en el inicio de la presente legislatura no tiene muchos aspectos en común de lo que fue la reforma tributaria denominada Ley de Solidaridad Sostenible, en la cual se buscaba un aumento elevado de los impuestos a los trabajadores de ingresos medios. Además, llegó a plantear el aumento de la tarifa del IVA y de los precios de los combustibles, todo esto para lograr recaudar la suma de $23,4 billones (Ministerio de Hacienda y Crédito Público [MHCP], 2021), para financiar obras estratégicas del gran capital y mantener programas asistencialistas como ingreso solidario (Apolinar, 2021).
Afortunadamente, la mencionada reforma no pudo prosperar, dado que el pueblo trabajador rechazó tajantemente dicho proyecto, volcándose a las calles el 28 de abril de 2021 bajo la consigna: ¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS!. Fue de tal magnitud la movilización popular que bastaron solo 8 días para que el Gobierno retirara el proyecto de reforma y de paso al ministro Carrasquilla. Sin embargo, esto no fue suficiente y las demandas sociales llevaron a más de dos meses de fuertes protestas donde se alzaron exigencias sobre un nuevo régimen laboral y pensional, una sistema de salud digno y educación superior gratuita.
Aunque la protesta se fue disolviendo en medio de la incapacidad organizativa de las centrales obreras y de los movimientos sociales, todos los puntos quedaron pendientes, de tal manera que los factores que detonaron la crisis permanecieron intactos (Becerra, 2022), por lo cual el Gobierno Central con su Nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, el pasado 20 de julio de 2021 radicó el proyecto de inversión social con el fin de tramitar una tímida reforma tributaria por un monto de $15 billones (Portafolio, 2021).
Al final, la reforma que el gobierno logró aprobar y que fue apalancada con la venta de acciones de ISA a Ecopetrol y un aumento en el impuesto de renta a las personas jurídicas, no alcanzó, y el déficit presupuestario se ubicó en el 5,6 % del PIB (MHCP, 2022). Dicho déficit se alimentó por el subsidio a los precios de los combustibles derivados de la guerra en Ucrania, que a la fecha suman cerca de $14 billones, y de la política de gasto público asistencialista que impulsó el Gobierno Duque en medio de la campaña presidencial.
De esta manera, el saliente Gobierno, en medio de su derrota electoral, le endosó unas finanzas públicas bastante deterioradas al Gobierno del Pacto Histórico (Vega, 2022), en medio de una crisis que si bien se ha ralentizado, aún no termina, y que deja ver sus estragos en el aumento generalizado de los precios (fundamentalmente de los alimentos), la fuerte devaluación del peso frente al dólar, el estancamiento de los niveles de ocupación y el aumento de las tasas de interés.
Con este panorama adverso, y en plena celebración de la centro-izquierda parlamentaria, fue donde el anunciado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, manifestó que el nuevo gobierno realizará una reforma tributaria que se proponía recaudar una suma cercana a los $50 billones, apalancada fundamentalmente en la riqueza 1 % de la población más rica del país, sin que esto comprometa a los trabajadores de ingresos medios (López, 2022). Sin embargo, aun con las mayorías oficialistas en el Congreso, dicha meta de recaudo ya se redujo a $25,9 billones y puede seguir cayendo por la presión de los ingenios azucareros, con lo cual el alcance de diversos programas tendrán que verse recortados o incluso eliminados.
Ahora, con el texto radicado y en trámite en el Congreso, se conocen los pormenores del mismo, del cual se logra evidenciar que las nuevas fuentes de ingresos se derivarán de cambios en los impuestos para personas naturales (32 %), impuestos sobre exportaciones minero-energéticas (27 %), impuestos corporativos (23 %), cargos ambientales y de salud pública (10 %) y el resto (9 %) de otros cargos (Mercado, 2002). Así mismo, se pretende derogar las exenciones de impuestos a las personas jurídicas aprobadas por el gobierno anterior.
Es de resaltar que este proyecto de reforma, como todos los anteriores de su especie, ha generado una enorme controversia, específicamente en lo que tiene que ver con los ajustes a las exenciones de las personas jurídicas, el impuesto al consumo de determinados alimentos y el desmonte de los beneficios para el uso de combustibles en zonas de frontera; sin embargo, calificadoras de riesgo como Fitch Ratings, han comenzado a mostrar su desacuerdo planteando un impacto negativo en términos financieros para las empresas, particularmente en los sectores de energía, materias primas y alimentos y bebidas (Mercado, 2022).
Más allá de la reforma, lo que se muestra en el escenario es que la reforma ambiciosa de la campaña presidencial, se ha ido esfumando en el entramado burocrático y hoy aparece bastante modesta. Así las cosas, lo que queda claro es que esos nuevos recursos son insuficientes para dar solución a los problemas estructurales del país, por lo cual cobra más vigencia nuestra propuesta de impulsar una Economía de Fondos Públicos, en donde la conformación de un Grupo Económico Estatal con participación de los sectores populares logre los recursos necesarios para solucionar las demandas sociales que detonaron el estallido social (Apolinar y Pulido, 2022).
En esta lógica es necesario recuperar nuestras fondos pensiónales, el manejo de nuestros recursos estratégicos como el petróleo, el carbón y el ferroníquel que siguen en manos del capital extranjero, para colocar estos recursos, que podrían sumar más de $400 billones, al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas y con ello la generación de excedentes suficientes para tener una contratación laboral estable y bien remunerada, un sistema pensional, de salud y educativo público y de calidad.
No se trata entonces de acompañar al Gobierno en una reforma consensuada con el gran capital, sino de presionarlo para que recupere lo público con la participación de los sectores populares, de tal manera que los medios de producción se vayan colectivizando y nuestras luchas se vean materializadas.
[1] Economista. Magíster en Ciencias Económicas. PhD© Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos. Secretario de ASPU-LLANOS. Militante del Congreso de los Pueblos – Centro Oriente. Correo: rapolinar@unillanos.edu.co
[2] Abogada y Contadora Pública. Especialista en Derecho Tributario. Magíster en Derecho de Estado con Énfasis en Derecho Tributario. PhD© en derecho y globalización de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Docente de la Universidad Nacional de Colombia. Consejera municipal de participación ciudadana del municipio de Pasto. Correo: dcaicedoe@unal.edu.co
Referencias
