Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

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Ejecuciones extrajudiciales, un fenómeno que persiste


Trochando Sin Fronteras, edición 35 abril – junio de 2018

Por: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra

 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, así lo contemplan instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la constitución Nacional, a la vez que, los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de esos derechos y libertades fundamentales.

Sin embargo, en contextos de violencia sociopolítica como el vivido en Colombia, estos preceptos fundamentales se ven altamente violentados.

Históricamente los gobiernos de turno y la oligarquía colombiana, serviles a los imperios norteamericanos y europeos, han propendido por la entrega de los territorios y riquezas naturales a favor de sus intereses económicos en el marco del modo de producción capitalista y su modelo actual el neoliberalismo. Para lograr esos objetivos de acumulación, han diseñado y aplicado una estrategia de guerra contra el pueblo que se ha organizado, en contraposición al modelo, alrededor de planes de vida enfocados al establecimiento de relaciones de equilibrio dinámico entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza que les lleve a garantizar vida digna y permanencia en el territorio.

Dicha estrategia ha estado compuesta por varios ejes, unos contemplan acciones de violencia directa y otros hacen uso de la violencia estructural. La primera, ejemplificada por la estigmatización generalizada contra la población, judicialización y encarcelamientos masivos y selectivos, amenazas y constreñimientos, militarización de la vida civil, desplazamientos forzados, implementación del paramilitarismo, tortura, desaparición forzada, asesinatos selectivos, masacres, ejecuciones extrajudiciales; y la segunda, es decir la violencia estructural, manifiesta en todo el paquete legislativo para criminalizar la protesta social y favorecer el despojo, saqueo y expoliación de nuestros recursos, así como la privatización de los servicios públicos, la educación y la salud, ejemplo, la Ley ZIDRES, el Código Nacional de Policía, Ley de Seguridad Ciudadana, el Plan de Desarrollo, la Ley General de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la reforma al Régimen de Salud, el proyecto de reforma a la Justicia y al sistema de pensiones, la Reforma Tributaria, entre otras.

Uno de los ejes de esta estrategia criminal de agresión, son las ejecuciones extrajudiciales, definidas como: “la privación arbitraria de la vida a una o más personas por parte de agentes del Estado, o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”. En nuestro territorio, estas ejecuciones extrajudiciales que institucionalizan la pena de muerte, constituyen, una política sistemática, continuada, planeada y dirigida en el marco de la desarticulación del tejido social. Sin embargo, se les ha dado trato de hechos aislados y en los casos en que se logra mínimamente que se adelante una investigación, ésta va dirigida a los autores materiales y no se cuestionan como algo tutelado desde las mismas políticas de Estado.

A parte de crear terror, también se persigue aseverar una impunidad absoluta frente a dichos crímenes. Las personas asesinadas bajo esta modalidad, son reseñadas como dadas de baja en enfrentamiento con miembros de organizaciones rebeldes, la investigación es asumida de forma inmediata por la justicia penal militar, con lo cual los mismos victimarios se encargan de preparar la escena y encubrir las evidencias físicas y elementos materiales que pudieran servir para el esclarecimiento de la verdad, es decir, hay una manipulación de las pruebas, y en los juzgados castrenses no existe posibilidad de avance en las indagaciones. Los civiles que han sido testigos de los hechos, se abstienen de concurrir a las guarniciones militares a declarar por el temor y los tratos degradantes que generalmente reciben.

Por otro lado, los autores de los homicidios, son trasladados y en la mayoría de las ocasiones premiados con ascensos, haciendo más difícil la investigación y estimulando este tipo de acciones.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH -, en su informe anual sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el 2017, manifestó su preocupación por “la impunidad selectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas armadas que involucran a Generales, y señala que esto pone en riesgo los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad”, así mismo, reseñan haber recibido “información de presuntas amenazas a víctimas, testigos y funcionarios judiciales que participan en litigios en casos de ejecuciones extrajudiciales. Las personas afectadas por estas amenazas no han interpuesto denuncias formales, indicando que desconfían de las autoridades”. Ese informe reconoce las sentencias que el Consejo de Estado ha emitido donde ha “establecido que las ejecuciones extrajudiciales (llamadas “falsos positivos”) fueron una práctica sistemática y generalizada” sin embargo la OACNUDH observó que “oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluyendo algunos actualmente investigados por varios casos de “falsos positivos”, fueron ascendidos en los últimos dos años, en vez de haber sido sometidos a un proceso de depuración que garantice que aquellos que participaron o no actuaron para detener estos crímenes atroces deberían, al menos, ser separados del servicio activo”.

Pese a las múltiples denuncias hechas por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, exigiendo los derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y sobre todo garantía de no repetición, este tipo de casos persisten en las regiones. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, documentó la ocurrencia de cinco (5) casos desde octubre de 2017 a marzo de 2018, dejando como saldo seis (6) muertos, dos (2) heridos y tres (3) capturados, entre ellos dos dirigentes indígenas, una mujer y tres jóvenes campesinos, todos miembros de la población civil. Estos casos ocurrieron en los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en los que tuvo responsabilidad el Ejército Nacional y en un caso la Policía Nacional.

Estos hechos, llamaron a la comunidad regional a desarrollar movilizaciones sociales a fin de visibilizar los casos y exigir a los entes de justicia y control del Estado investigaciones oportunas y responsables que permitiera su esclarecimiento y el goce de los derechos de las víctimas.

No obstante, lo anterior el Estado colombiano insiste en plantear que las ejecuciones extrajudiciales son un capítulo de la historia superado, por ello es nuestra obligación visibilizar esta criminal práctica y reforzar cada día la lucha contra su impunidad.

 

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