En un hecho que desnuda los límites de la democracia representativa, el Senado de la República hundió la propuesta de Consulta Popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Con 49 votos en contra y 47 a favor, el Congreso selló una de las más significativas derrotas legislativas del Ejecutivo, dejando al descubierto las maniobras del régimen político y económico que gobierna Colombia.
Este episodio no es un accidente parlamentario. Es la confirmación de que el sistema está diseñado para proteger a las élites. Como denunció el Movimiento Popular del Centro Oriente, lo ocurrido en el Senado fue “un descarado fraude para cercenar el llamado a la Consulta”, orquestado por los gremios del capital —ANDI, Fenalco, Acopi—, los partidos tradicionales y los grandes medios de comunicación. La fachada democrática vuelve a caer, y en su lugar aparece el verdadero rostro del poder: uno que prefiere incendiar las instituciones antes que permitir reformas mínimas a favor del pueblo trabajador.
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La doble jugada del Congreso no se detuvo ahí. Mientras sepultaba la Consulta, revivía la reforma laboral, una iniciativa que promete nuevas concesiones al empresariado y una profundización de la precarización laboral. Lejos de ser una contradicción, esta simultaneidad refleja la coherencia del régimen: impedir cualquier transformación desde abajo y avanzar en sus reformas regresivas desde arriba.
Desde múltiples sectores populares se alzan voces que rechazan no solo estas decisiones, sino la ruta conciliadora del gobierno. Para el Congreso de los Pueblos, el fracaso de la Consulta no sorprende: «No son los mecanismos de la falsa democracia de los ricos los que nos van a permitir impulsar las transformaciones que el pueblo reclama». Denuncian que el presidente Petro ha ignorado las propuestas concretas del movimiento sindical, como los decretos formulados en la Conferencia Nacional del Trabajo de 2022, los cuales aún podrían emitirse si existiera voluntad política.
Tanto el MPMSPCO como el Congreso de los Pueblos coinciden: los cambios no vendrán desde las instituciones cooptadas, sino desde la organización y la lucha popular. Por eso, el llamado es a fortalecer las Asambleas Populares, preparar la huelga General y avanzar hacia un Proceso Constituyente Popular que supere el actual régimen y construya una verdadera democracia proletaria y popular.
Las calles, como lo demostraron las movilizaciones de 2019 y 2021, volverán a ser el escenario de disputa. Esta vez, no bajo las banderas del progresismo institucional, sino bajo los estandartes del pueblo que exige vida digna, justicia social y soberanía popular.
¡Frente a la crisis del capital: democracia proletaria y popular!
¡De la Asamblea Popular a la Huelga General!
