miércoles, septiembre 28, 2022

¿En Boyacá quién paga la crisis?

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¿Quién paga la crisis?

Trochando Sin Fronteras – Mayo 12 de 2020

Por: Alexandra Amado[1]Luis Albarracín[2] – Colaboradores TSF

¿Quién paga la crisis? Es evidente que son las comunidades, trabajadores y jóvenes los que la pagan, y por eso en medio de la pandemia  impulsan ejercicios de protesta en municipios como Paipa y Duitama. Movilizaciones y cacerolazos en contra de los altos costos de los servicios públicos domiciliarios, la falta de ayuda y la corrupción entes gubernamentales.

Las problemáticas evidenciadas en medio de las pandemia no son coyunturales, por eso importante la reflexión sobre la explotación minera, la venta de empresas nacionales y la contradicción en el modelo económico planteado para la región con el ambiente; problemáticas que influyen en el acceso a los bienes de uso colectivo que hacen posible los servicios públicos; luchas históricas planteados por las organizaciones sociales del departamento.

¿Qué agua estamos bebiendo?

La provincia Tundama, se ubica dentro de las subcuencas hidrográficas de los páramos de La Rusia y de Pan de Azúcar; los cuales conforman ecosistemas privilegiados para la vida en comunidad, la producción, el autoabastecimiento de alimentos. Sin embargo, en los últimos años son usuales las medidas de racionamiento de agua potable en Duitama y Paipa; Ello, revela que el potencial hidrográfico de la provincia probablemente, no se está aprovechando adecuadamente; ni se usa para soportar los impactos del cambio climático en la región.

Según el informe de mayo del año 2019 realizado por el Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano -SIVICAP-, son 47 los municipios de Boyacá que tienen un nivel de riesgo alto de no contar con un agua lo suficientemente potable para el consumo humano, esto sin mencionar que en el caso del municipio de Somondoco se encuentra en una situación de inviabilidad sanitaria.

En todo el departamento, tan solo 10 municipios del ámbito rural boyacense cuentan con servicio de agua potable; lo cual evidencia, el inadecuado manejo que se le están dando a los recursos destinados para dicho servicio. Esto acompañado de barreras estatales para la tecnificación de los acueductos, sin garantía de inversiones efectivas; barreras que conducen a la privatización, hecho que favorece  a las grandes empresas. Empresas que terminan apropiándose de los recursos de los municipios sin resolver las necesidades de las comunidades.

Agua para la minería

Desde 2007 Cementos Argos Opera la mina de caliza a cielo abierto; la mina, se encuentra ubicada en la subcuenca hidrográfica del páramo de Pan de Azúcar, entre Duitama y Santa Rosa de Viterbo. La mina aumentó su área de explotación; pasando de  51,6 hectáreas a 83,73 , es decir en un 62.3%.

Acerías Paz Del Rio, hace haciendo uso del agua y la descarga de sus residuos industriales  a la Laguna de Tota, a pesar de que la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que le permitía a la siderúrgica  utilizar el agua de la laguna.

La decisión el alto tribunal tumbó el decreto 1111 de 1952 que le permitía a dicha empresa expropiar dicha fuente hídrica. El vertimiento se convierte en una de las principales causas de la deficiencia en la calidad y cantidad del recurso hídrico.

El gran negocio del a energía

Desde 2007, el gobierno de Álvaro Uribe ya pretendía vender la Empresa de Energía de Boyacá; El gobierno la valorizó cerca de 300.000 millones de pesos, pero, gracias a la resistencia de la población boyacense la venta no se concretó.  Más tarde, en 2012 la empresa fue vendida; Con la venta Juan Manuel Santos, incumplió sus promesas de campaña.

La empresa fue adquirida por la multinacional canadiense Brookfield Colombia por 807.677 millones de pesos, pese a que la utilidad anual de la firma de servicios era 200.000 millones. De la venta, solo el 10% de fue recibido por los boyacenses.

En el 2019 la empresa nuevamente fue vendida a otra multinacional canadiense Northland Power por 2.6 billones de pesos, es decir, Brookfield en menos de 10 años recibió más de 1 billón de pesos en la venta, lo cual es claramente superior a la utilidad recibida por los Boyacenses.

La empresa Colombiana de servicios públicos -GENSA- S.A, dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, comunicó que para el año 2021 entrará en operación su nueva planta -Paipa V- para lo cual se tiene destinada una inversión de 280 millones de dólares sin tener aún datos de cómo se financiará la construcción de la misma.

GENSA S.A  empresa de Caldas recibió a Termo Paipa; por lo tanto, la energía que se genere se compra en Manizales al mayor precio de oferta. El costo de la energía continua al alza; convirtiendo a Boyacá en uno de los departamentos con el servicio más elevado. Según las comunidades las propuestas de auxilio para solventar el pago de los mismos son ineficientes; por el contrario, siguen en la mesa proyectos de expansión de las plantas de GENSA.

Con la soga al cuello

El uso del agua para la minería y la generación de energía, contribuye a la contaminación del agua y los racionamientos. En los últimos meses las tarifas de los servicios públicos domiciliarios en el departamento tuvieron alzas hasta un 60% del valor de factura anterior.

En medio de la cuarentena se siguen evidenciando los aumentos;  pese a que la población denuncia que no cuenta con capacidades económicas para cancelar las facturas.  La respuesta de administraciones municipales como la de Duitama, en cabeza de Constanza Ramírez Acevedo, es diferir el pago a hasta 36 meses.

Los subsidios solo se aplican al pago del acueducto y alcantarillado sin tener en cuenta que el cobro por el aseo y la energía – los dos más costosos-, estas medidas solo evidencian el desconocimiento de las necesidades de la población, a costa de mantener las utilidades de las empresas de servicios, en manos de los grandes empresas multinacionales.

Movilización: única salida

Los reclamos de los habitantes de Duitama y Paipa por los altos costos de los servicios públicos en la región son válidos; sumado a la condonación del pago para la comunidades y familias vulnerables. Es responsabilidad de las empresas mencionadas subsidiar y devolver el mínimo vital, y con esto pagar parte de la deuda historia por los recursos utilizados y expropiados a las comunidades.

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La pandemia visibilizó el daño realizado con la privatización  de los bienes comunes, convertidos en servicios públicos; ello ratifica que el modelo económico actual  -Capitalismo- solo deja miseria, mientras unos pocos se lucran con  el agua o las fuentes de energía. Un negocio para el beneficio de los empresarios, mientras que la comunidad debe asumir la pandemia sin garantía.

Es deber de los sectores populares aprender de lo vivido en época de pandemia; comprender que solo la lucha puede permitirnos mejores condiciones para afrontar la pospandemia. Es el momento tejer y construir redes comunitarias de apoyo, fondos solidarios, procesos de gestión popular, comités de emergencia que posibiliten acciones de presión política, ejercicios de denuncia y construcciones propias para desarrollar eso que llamamos poder popular.

[1]Alexandra Amado, estudiante de Administración Industrial en la UPTC-seccional Duitama, integrante de Colectivos Praxis Insumisa- ANJECO Boyacá

[2]Luis David Albarracín, Abogado especialista en derecho constitucional, UN, integrante del equipo de investigación popular Cusmuy

 


** Las opiniones, análisis y/o similitudes expresadas por los autores son su responsabilidad,  por tanto Trochando Sin Fronteras no se hace responsable

 

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