Alias Richard Suárez, comandante del Frente 33 de las FARC, lanzó acusaciones infundadas contra el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y contra presidentes de Juntas de Acción Comunal de Tibú y El Tarra. Estas declaraciones, realizadas en un video difundido públicamente, constituyen un grave hecho de estigmatización y ponen en riesgo la vida de líderes, lideresas y de la comunidad misma.
Las organizaciones sociales del territorio exigen al Gobierno del presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida e integridad de quienes hoy están en riesgo. Asimismo, piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares urgentes para salvaguardar a los dirigentes comunales y a los integrantes del CISCA.
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El Catatumbo en emergencia humanitaria: en los últimos meses la región ha vivido hostigamientos permanentes, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos. Estas amenazas no pueden interpretarse como simples declaraciones: en el contexto histórico del territorio son verdaderas sentencias de muerte.
No olvidemos que, durante más de dos décadas, el CISCA ha sido víctima de persecución y de crímenes impunes a manos de actores armados. Varias de sus y sus líderes han sido asesinados sin que los responsables hayan sido investigados ni sancionados por las autoridades competentes. Hoy, mientras el Gobierno sostiene mesas de diálogo con esos mismos grupos, se permite que continúe la campaña de estigmatización contra quienes defienden la vida, la paz y construyen el territorio.
Desde el Catatumbo se alza la voz: ¡basta de estigmatización, basta de amenazas! La paz no puede construirse con el silencio cómplice ni con la indiferencia frente al riesgo inminente que enfrentan las comunidades.
Las organizaciones sociales reiteran que no son parte del conflicto armado: son víctimas históricas de la guerra. Por eso llaman a los organismos internacionales, a las plataformas de derechos humanos y a la sociedad en su conjunto a no guardar silencio y a exigir garantías plenas para la labor social y comunitaria en el Catatumbo.
