En el sur de Bolívar, las comunidades agromineras de la Serranía de San Lucas denuncian que el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia adelantan la creación de un “Distrito Nacional de Manejo Integrado” unilateralmente, sin consulta previa ni participación vinculante. La figura cubriría 484.270 hectáreas y, según las organizaciones, amenaza la permanencia de las familias que han protegido el territorio por generaciones mediante prácticas agromineras.
Nelson Orrego, delegado de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), insiste en que :“ la declaratoria se está haciendo sin participación real y que no tiene legitimidad entre las comunidades.”
Ya que desde el 2017 las comunidades, a pesar de tener acuerdos, parecen no existir para la institucionalidad , Orrego relata que en la convocatoria del 20 de noviembre en Tiquisio no asistieron funcionarios de alto nivel, solo 2 de los 12 alcaldes invitados se presentaron, y la autoridad ambiental regional brilló por su ausencia. Para Orrego, esto evidencia que el proceso avanza sin voluntad real de diálogo.
Además, lanzó una alerta:
“Existe a la posibilidad de que un gobierno entrante use la fuerza pública para hacer cumplir la norma.»
Es evidente que las comunidades rechazaran una figura que no construyeron y que amenaza su vida y la permanencia en el territorio. Para la gestión de la tierra y su preservación, es primordial ejecutar figuras construidas desde los territorios, que reconozcan las prácticas productivas y de cuidado que realizan sus pobladores.
Señor presidente @petrogustavo, el @MinAmbienteCo y @ParquesColombia pretenden desconocer a las comunidades de la serranía de San Lucas, al pretender declarar un Distrito de Manejo Integrado sin socializarlo ni consultarlo. No permita esta arbitrariedad pic.twitter.com/mMJsgXkxqg
— Federación Agrominera del Sur de Bolívar (@Fedeagromisbol) November 19, 2025
Contexto: un proceso largo y lleno de incumplimientos
El intento de imponer una figura de protección en la Serranía de San Lucas no es reciente. El trámite inició en 2010, se intentó reactivar en 2015, fue suspendido en 2020 durante la pandemia, y retomado en 2023 sin cumplir los compromisos previos con las comunidades.
Las organizaciones recuerdan que presentaron seis condiciones para avanzar con legitimidad:
No a la declaratoria unilateral.
Definición de la figura mediante consenso.
Estudios técnicos comparados de todas las propuestas.
Socialización real y participativa.
Gobernanza compartida.
Garantías de vida e integridad para quienes habitan la serranía.
Ante los incumplimientos consecutivos, las comunidades se retiraron del proceso este año.
▶️▶️▶️COMUNICADO ANTE LA AMENAZA CONTRA LA SERRANÍA DE SAN LUCAS
«Las organizaciones y procesos que suscribimos este comunicado, estamos aquí para decirles que la palabra empeñada tiene un alto valor para nosotros, cuando hacemos compromisos los cumplimos. Al parecer, no es así… pic.twitter.com/9B2s3jKkj8
— Coordinador Nacional Agrario | CNA-Colombia (@CNA_Colombia) November 20, 2025
Un precedente que preocupa: el caso Utría
José Daniel Herrera, ingeniero agroindustrial y vocero de la Asociación de Mineros y Agricultores de Montes de María, habla del caso del Parque Nacional Natural Utría, en el Pacífico sur. Allí, la comunidad afrodescendiente del archipiélago alcanzó un acuerdo con Parques Nacionales para que sus islas no fueran incluidas dentro del área protegida.
Sin embargo, según denunciaron, “de forma arbitraria, la institución las incluyó de todas maneras y ahora se exige que abandonen sus casas”.
Para las organizaciones del Sur de Bolívar, ese precedente demuestra lo que podría repetirse en San Lucas: decisiones tomadas sin consulta que terminan en desalojos, pérdida del territorio y ruptura del tejido comunitario.
Para desmontar los señalamientos oficiales que tildan al agrominero de “depredador”. Herrera explicó que el modelo agrominero ancestral combina agricultura de abonera, cría de peces y extracción artesanal de oro sin mercurio, utilizando plantas nativas como el balso en los procesos de beneficio.
“El Estado criminaliza a quienes conservan los ecosistemas y favorece a los que usan químicos tóxicos.”, afirmó Herrera.
Riesgos ante una declaratoria impuesta
Las comunidades advierten impactos graves sobre:
La agricultura campesina, que depende de la gestión y el manejo integral del territorio.
La pesca, la agro minería y los sistemas agroalimentarios, que podrían ser restringidos.
La permanencia en el territorio, con riesgo real de desalojo, como ya ocurrió en Utría.
También alertan que una figura impuesta podría abrir paso a intereses de gran minería, incluyendo empresas con títulos vigentes en el Bajo Cauca antioqueño.
