Trochando Sin Fronteras 06 de enero de 2016
Edición 30 Periódico Trochando Sin Fronteras
[dropcap color=»#ddb033″ type=»square»]U[/dropcap]n fuerte temblor sacudió el tranquilo resguardo, a las 2:45 de la madrugada. Niños, adultos y ancianos se despertaron entre el miedo y la zozobra, buscando refugio. Luego escucharon disparos de armas de fuego, helicópteros sobrevolando, todo en cuestión de segundos. El ritual ancestral de ayunar y el descanso de la comunidad fueron interrumpidos por bombardeos y ráfagas de fusil hechos por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
La comunidad de Cerro Alto, perteneciente al resguardo U’wa Sivarisa, fue víctima de esta agresión estatal el pasado 3 de septiembre. Ese día no hubo tranquilidad para los indígenas habitantes de ese pequeño resguardo ubicado en el municipio de Fortul (Arauca). No se explicaban por qué la Fuerza Aérea atacó su territorio.
Sin embargo, la FAC negó su responsabilidad en esa agresión. Hasta la fecha esa institución no ha explicado las causas del bombardeo en el territorio ancestral indígena. Entre tanto, los U’wa deben cargar con las consecuencias del atraque: la contaminación de fuentes hídricas en la zona afectó el suministro de agua a los indígenas y campesinos que viven dentro o cerca del resguardo; la destrucción de árboles, y las afectaciones de salud (dolor de cabeza y oídos), por el trauma auditivo que generaron las explosiones y tiroteos.
Tan solo a 50 metros del sitio bombardeado se encontraba un grupo de indígenas realizando el ritual del ayuno, quienes fueron afectados por la onda explosiva y por rocas que cayeron cerca. En el marco de la visita de verificación de los hechos efectuada por autoridades civiles y organismos de derechos humanos, las víctimas aseguraron que la espesa vegetación y la montañosa geografía sirvieron para amortiguar las explosiones.
Tres meses después del bombardeo, el 11 de noviembre de 2016, llegó al resguardo una comisión interinstitucional conformada por la oficina de Derechos humanos del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Alcaldía de Fortul y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Por parte de la comunidad estuvieron la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca -ASCATIDAR- y las autoridades de la comunidad Cerro Alto. La comisión escuchó las exigencias de la comunidad, en el sentido de establecer la verdad de los hechos ocurridos en la madrugada del 3 de septiembre y la responsabilidad de la fuerza pública en los mismos, así como la reparación integral a quienes resultaron afectados.
En tal sentido, el Ministerio del Interior se comprometió a buscar que el Ministerio de Defensa aclare por qué bombardeó ese territorio; la fiscalía solicitará el cambio de asignación de la denuncia efectuada por los indígenas, para que la investigación se adelanta con carácter de infracción al Derecho Internacional Humanitario; la Defensoría del pueblo adelantará las acciones de su competencia a fin de que se esclarezcan los hechos; la ONIC acompañará a la comunidad U’wa, el las acciones jurídicas y políticas en defensa del territorio.
A pesar de la importancia de esta visita institucional, la comunidad dejó constancia en el sentido de señalar que la funcionaria enviada por el Ministerio del Interior no tenía facultades suficientes para tomar decisiones frente al caso, queja que los delegados de la ONIC se comprometieron a socializar cuando la Cumbre Agraria se reúna nuevamente con el presidente Santos y se aborde el tema de derechos humanos.
El ambiente que acompañó la visita de la delegación interinstitucional estuvo compuesto por un cielo nublado, lluvia y brisa fría. El decir de los indígenas es que este tipo de clima surge cuando hay malas energías en las personas que llegan al territorio. Por eso reiteraron la necesidad de que, además de aclarar los hechos, el Estado colombiano respete el territorio y no lo convierta en escenario de guerra y agresión.
