Crisis humanitaria y defensa del territorio
Las políticas de seguridad y defensa así como las políticas de paz ejecutadas por los distintos gobiernos en Colombia para enfrentar el conflicto social y armado que vive el país han fracasado, y han sumergido a la mayorías de la población en la pobreza, la cual es el principal motor de la delincuencia y la guerra. Por otro lado, la salida militar al conflicto ha promovido el genocidio político de cualquier propuesta alternativa, dejando en la historia del país una larga lista de masacres, desplazamientos, el exterminio de movimientos políticos, magnicidios, torturas, asesinatos selectivos de líderes sindicales y sociales, falsos positivos judiciales, la promoción y financiamiento de grupos paramilitares, de esta manera como la alianza con empresas criminales.
Tras la desmovilización de las AUC y posteriormente con los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, el escenario de guerra se ha venido reconfigurando, con distintos grupos que se mantuvieron en armas e iniciaron una disputa por el control territorial, situación que ha aprovechado el estado colombiano quienes por medio de las zonas estratégicas de intervención integral o Zonas Futuro ha conformado un laboratorio de guerra en el Cauca, Nariño, Chocó, el Catatumbo y Arauca, en donde han realizado alianzas con la delincuencia y algunos grupos armados, quienes sirven de mercenarios del ejército, la policía y la fiscalía. Este panorama podría resumirse en las palabras del general Diego Villegas: “El Ejército dejó de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los ‘Pelusos’, nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos (…) Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”[1].
¿Abandono de estado?, o ¿estado guerrerista?
Desde hace varias décadas el estado colombiano hace una fuerte presencia en el departamento de Arauca con un enfoque militarista, abandonando cualquier función social. Con el inicio de la explotación petrolera desde los años 80 ́s la presencia del estado se ha fortalecido para prestar servicio de seguridad privada a las multinacionales petroleras al punto de crear batallones energéticos y viales, además de una fiscalía para delitos energéticos, ello mientras deja al pueblo araucano a la deriva. Una fuerte presencia del estado desde su carácter guerrerista ha dejado serios problemas, como el deterioro del sistema de salud, un bajo desarrollo económico e infraestructural, una tasa de desempleo del 27 % en jóvenes y apenas el 9 % de cobertura en educación superior. Esta realidad deja a los jóvenes del departamento sin oportunidades y los convierte en el motor de una guerra latente.
A pesar de las condiciones de mal vivir a las que el Estado Colombiano ha querido condenar a las comunidades de Arauca, estas por medio de la organización y movilización social han impulsado soluciones a sus necesidades y principales problemas sin ayuda de ningún gobierno, construyendo escuelas, centros de salud, empresas de servicios públicos, empresas cooperativas y comunitarias, infraestructura vial, entre otros.
La guerra contra las comunidades en Arauca
Al parecer el plan desde el gobierno nacional para el departamento es una suerte de dictadura militar en donde las fuerzas armadas asuman todas las tareas del estado, ejecutando también recursos destinados para la inversión social y la promoción de la cultura, el deporte, la educación, el desarrollo económico, entre otros, con los que pretenden reclutar e involucrar a la población civil y en especial a los jóvenes en tareas de guerra, por lo que se han puesto en marcha programas como mi vereda modelo y jóvenes a lo bien en apoyo de instituciones como el SENA y el ICBF, estos programas tiene la intención de romper el tejido social y ganar redes de apoyo para desarrollar acciones militares en contra de la población civil y las organizaciones sociales y comunitarias, con el propósito de despojar a las comunidades de su tierra y entregarlas a las empresas extranjeras.
Para realizar esta tarea nombraron como gobernador encargado a Alejandro Navas Ramos, quien pertenecía a la Brigada XVll, brigada que convive y operaba conjuntamente con los paras de castaño en Urabá al mando del paramilitar Rito Alejo del Río, además de ser investigado por prestar logística a un comando de las AUC quienes realizaron la masacre de la Horqueta en Cundinamarca.
Los primeros resultados de esta política de guerra son hechos como la confrontación entre sectores de las antiguas FARC-EP, el mismo nombramiento como gobernador de Arauca de Alejandro Navas Ramos investigado por paramilitarismo, la masacre de una familia en el municipio de Sácama aparentemente por paramilitares el 27 de diciembre del 2021 como lo denunció la asociación nacional campesina José Antonio Galán Zorro-ASONALCA, la actual confrontación entre el ELN y el frente décimo de las disidencias de las FARC-ep que deja 27 homicidios, el atentado a la empresa comunitaria de acueducto, alcantarillado y aseo de Saravena ECAAAS, la amenazas a la integridad y la vida de líderes comunales de Asojuntas, además de la aparición de mercenarios en la región en buscan de las recompensas ofrecidas por el gobierno nacional. Estos son algunos resultados de la política de seguridad del gobierno que ha degradado el conflicto armado y llevado al departamento de Arauca a la actual crisis humanitaria.
¿Quién defiende el territorio?
Distintas voces desde sectores de izquierda y la derecha han hecho llamados al gobierno para fortalecer la presencia del estado en la región, llamado que ha sido atendido por el gobierno con el envío de dos batallones quienes desfilan por las calles para los noticieros y medios de comunicación mientras observa pasivamente como aumenta el desplazamiento, los homicidios y los enfrentamientos con los grupos armados.
Se ha demostrado entonces que una mayor presencia de un estado militarista no es la solución, sin embargo, no es la primera vez que se recrudece el conflicto en el departamento, han ocurrido hechos de agresiones del ejército a la comunidad en masacres como la de Santo Domingo y Caño Seco, así como la incursión paramilitar en el departamento y el enfrentamiento entre las FARC – EP y el ELN en el 2006 al 2010.
Ante esta situación es importante que la comunidad internacional, las organizaciones sociales y de derechos humanos rodeen la labor política de las comunidades organizadas que junto con organizaciones de derechos humanos enfrentan la actual crisis humanitaria que vive el departamento, exigimos al estado colombiano que cese la guerra contra el pueblo araucano y atienda las demandas históricas de las comunidades las cuales permitan la construcción de una vida digna y la permanencia en el territorio, también exigimos a los grupos armados que no involucren a la población civil en sus enfrentamientos y cumplan con el derecho internacional humanitario permitiendo garantizar la vida y la integridad de las comunidades.
Por último, hacemos un llamado a las comunidades y en especial a los jóvenes del departamento, a fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias y por medio de estas continuar construyendo el tejido social, las estrategias defensa de la vida de las comunidades y el territorio, así como impulsar transformación que nos permitan alcanzar condiciones de una vida digna para las mayorías en nuestro departamento y el país.
[1] Vélez Cabrera Luis, La preocupante división del ejército, 28 de 08 2019, https://www.larepublica.co/analisis/luis-guillermo-velez-cabrera-402232/la-preocupante-division-del-ejercit o-2901490
